La Jurisdicción Especial para la Paz-JEP ha imputado a Rodrigo Londoño Echeverry (Timochenko), a Jaime Alberto Parra Rodríguez (‘El Médico’), a Milton de Jesús Toncel Redondo (‘El Negro Joaquín Gómez’), a Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y a Julián Gallo Cubillos (‘Antonio Lozada’).
Según la JEP “entre 1971 y 2016 -con mayor frecuencia entre 1996 y 2016-, 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado, así como de otros crímenes de guerra incluidos malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio”.
En otro país la noticia hubiera causado una oleada de indignación y de total repudio; sin embargo, la reacción en Colombia fue pasiva, silenciosa y hasta cómplice.
Gracias a Juan Manuel Santos Calderón, las FARC vienen posando como “gestores y ciudadanos de paz”, “políticos e intelectuales progresistas” y “hasta defensores de Derechos Humanos”, aunque parezca un chiste de muy mal gusto.
Pero, por más propaganda política que hagan para subvertir la realidad y estrangular la verdad, este hecho jamás se podrá olvidar aun cuando el desenlace jurídico no termine siendo la mejor expresión de una idónea administración de justicia.
Tampoco olvidamos que millones de colombianos, por ignorancia política o por filiación ideológica, han sostenido la grotesca y siniestra operación política que ha llevado a que los guerrilleros limpien su pasado criminal y se conviertan en falsos próceres y “mesías” de la República.
Así las cosas, resaltamos la hipocresía de ciertos sectores que han sido tan activos para denunciar y señalar otros casos, incluso de menor envergadura y con información poco clara, como el de los 6.402 falsos positivos por los que el mismo Santos Calderón debería estar respondiendo.
Dicha actitud nos lleva a preguntarnos: ¿por qué las feministas y los feministos no han ido al Congreso para protestar tan agresivamente, como lo hacen de costumbre, frente a los Senadores de las FARC y de todos los que han apoyado esa guerrilla?, ¿por qué los indigenistas no han hecho lo mismo cuando la JEP ha expresado claramente que la mayoría de las víctimas han sido indígenas?, ¿qué explica el silencio de los tales defensores de Derechos Humanos?, y, finalmente, ¿qué hay de los defensores de la niñez?
¿Será que el silencio cómplice de estos sectores, que se autoproclaman como progresistas, sólo se explica porque para para ellos los crímenes de las guerrillas son “moralmente” superiores, dignos de ser justificados y/o borrados de la memoria y de la historia?
