El año 2025 arrancó con el homicidio a un excombatiente de las Farc-EP en el municipio de Garzón. El caso se suma a los 18 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados durante los años anteriores en este departamento. La seguridad continúa siendo el principal reto, alerta la ONU.
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William Alvarado Guzmán tenía 63 años y era uno de los miles de hombres y mujeres que se acogieron al Acuerdo Final para la Paz entre las otrora guerrilla de las Farc – EP y el Gobierno Nacional; y se convirtió en la primera víctima fatal del 2025 en Huila, el pasado primero de enero.
“William era firmante del acuerdo, quien actualmente estaba cumpliendo con su proceso de reincorporación, residente del centro poblado de Silvania, del municipio de Gigante”, reseñó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz. “Fue asesinado por la espalda con arma blanca en la vereda Bellavista de Garzón”, agregó la organización.
Según pudo establecer LA NACIÓN, el excombatiente se encontraba departiendo e ingiriendo bebidas embriagantes con algunos seres queridos que visitaba en aquel sector de la ‘capital diocesana’. Y según cuentan los pobladores, la víctima, de un momento para otro, se vio involucrado en una riña, al parecer, motivada por la intolerancia social y por el exceso de consumo de alcohol.
Fue así como, en medio del altercado, otro hombre desenfundó un arma blanca y lo hirió por la espalda en diferentes oportunidades. Tras el ataque, el afectado se debilitó y cayó al piso, donde comenzó a desangrarse. Y aunque los presentes trataron de auxiliarlo, no logró sobrevivir. Tras lo ocurrido, el caso fue reportado a la Policía, que rápidamente alertó a sus unidades para que dieran captura al responsable, y así fue.
Por el delito de homicidio, un hombre de 48 años de edad fue capturado en zona rural del municipio de Garzón y de acuerdo con información oficial, este sujeto sería quien le habría causado la muerte a William Alvarado Guzmán el pasado primero de enero.
Para el Observatorio de Paz, la “estigmatización e intolerancia” es lo que está detrás de este hecho. “Evidencia una vez más la urgente necesidad de transformar la cultura de estigmatización en contra de las personas firmantes de paz, la cual se vive silenciosamente en las comunidades, pero que puede manifestarse en situaciones cotidianas incluyendo celebraciones sociales con licor”, subrayó.
Los datos
Como William, 440 excombatientes han sido asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo Final aunque en diversos escenarios, como riñas, fleteos, grupos al margen de la ley, entre otros, están detrás y explican estas muertes. De ese total, 19 ocurrieron en Huila, de acuerdo con datos de Indepaz.
Solamente durante el año pasado 2024, 31 personas firmantes fueron asesinadas en el país, según reafirmó la Unidad Nacional de Protección que además resalta una disminución, porque la cifra es menor en comparación con el año 2023 cuando se registraron 50 muertos.
No obstante, ante ese panorama Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’ le ha reiterado al presidente Gustavo Petro: “Necesitamos garantías para los firmantes de paz”.
El 2024
Durante el año pasado 2024, otros dos firmantes del Acuerdo Final fueron ultimados en el departamento del Huila, José Enrique Roa Cruz, en Pitalito; y Mauricio Barragán Quintero, en Neiva, ambos casos para el mes de enero.
El caso de José Enrique Roa Cruz, se dio luego de que grupos armados al margen de la ley secuestraran, torturaran y ultimaran a sus dos escoltas. Luego el cuerpo del protegido fue hallado en una fosa, torturado y baleado, en el municipio de La Argentina. José Enrique Roa Cruz era integrante de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz, y además el enlace territorial en el departamento del Huila.
Para Indepaz, al parecer, los responsables eran del frente Ismael Ruiz del autodenominado Estado Mayor Central. Aunque esa estructura negó los hechos, además, estaba en mesa de negociación con el Gobierno Nacional de Gustavo Petro. Sin embargo, para la Policía Nacional, en realidad sí trataría del frente Ismael Ruiz del autodenominado Estado Mayor Central, a razón de una retaliación entre estructuras criminales de las disidencias de las Farc, en este caso, con la Segunda Marquetalia, explicó.
“Las informaciones que tenemos, es que este acto fue generado por la estructura conocida como Ismael Ruiz y el origen o la motivación de este hecho criminal, se da también a raíz de una posible confrontación porque, supuestamente, esta persona (el excombatiente) se estaba haciendo pasar también como integrante de una estructura criminal de la Segunda Marquetalia”, dijo para esa ocasión el coronel Edwin Urrego, director de la Dirección de Investigación Criminal, Dijin, ante los medios de comunicación.
Entre tanto, el excombatiente Mauricio Barragán Quintero falleció en Neiva, tras protagonizar una riña por un tema pasional y luego de acabar con la vida de Valeriano Devia Ramírez, en la comuna Nueve de la ciudad. El firmante del Acuerdo de Paz trabajaba como escolta en la Unidad Nacional de Protección (UNP). Murió tras ser atacado a machete por parte de la comunidad, que indignada apreció cómo, en medio de los celos, el excombatiente hirió a otras personas y mató Valeriano Devia Ramírez.
Excombatientes Farc-EP asesinados en Huila después del Acuerdo
Las causas
Varios expertos han concordado en que una de las principales causas de este panorama tiene su raíz en la baja implementación de lo pactado en el Acuerdo Final del 2016, cuya responsabilidad recae en gran medida sobre los hombros del expresidente Iván Duque, quien tenía diferencias con el Acuerdo.
Otros también critican la política de Paz Total del actual gobierno de Gustavo Petro, periodo en el que los grupos armados al margen de la ley se han robustecido. Además, aquellos insurgentes que están negociando continúan incumpliendo los ceses al fuego y demás compromisos de las mesas.
“Es necesario que desde el gobierno se fije una posición mucho más firme, de exigencia a los grupos con los que está sentado en la mesa en este momento y que siguen disparando contra los líderes sociales, contra los firmantes de paz y contra los líderes ambientales”, ha reiterado en diversos espacios Julián Gallo, senador Partido Comunes (antes Farc-EP).
Los retos
De acuerdo con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, aunque tras ocho años de haberse firmado el Acuerdo “hay ejemplos positivos, tanto dentro como fuera de los ETCR, sin duda, la nueva realidad de la reincorporación en el país no está libre de retos”.
Y es que de acuerdo con las Naciones Unidas en Colombia, “los mayores desafíos se encuentran en las áreas de seguridad, tierras y vivienda”, señala. Pues si bien el número de asesinatos de excombatientes se redujo, “persisten otras formas de violencia, como amenazas e intentos de homicidio”, resalta el informe, admitiendo que la seguridad continúa siendo la mayor amenaza al proceso de reincorporación.
En materia de vivienda el mayor desafío es la dificultad para acceder a subsidios. En lo concerniente a la cuestión de la tierra, desde 2023 los excombatientes han presentado aproximadamente 486 solicitudes a la Agencia Nacional de Tierras por conducto de la ARN. De ellas se han priorizado solo 36.
De acuerdo con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la expectativa es que el nuevo Programa de Reincorporación Integral, aprobado recientemente por decreto, pueda afianzar la sostenibilidad de los procesos individuales y colectivos, para que cada firmante comprometido con la paz se transforme en sujeto de derecho. Este Programa incluye las cuatro dimensiones de una reincorporación integral: la reincorporación económica, social, política y comunitaria.
Finalmente, para el Consejo Nacional de Reincorporación, cada vida arrebatada a las y los firmantes de paz “es un golpe a la confianza en el proceso y una amenaza directa al compromiso colectivo de construir un futuro sin violencia. Este continuo exterminio de quienes dejamos las armas para abrazar la democracia y la convivencia es intolerable, estos hechos no pueden seguir siendo invisibilizados, exigimos respuestas por parte de Gobierno Nacional”.
Excombatientes Farc-EP asesinados en Colombia después del Acuerdo
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Cuatro líderes sociales ultimados en Huila
Indepaz también llevó el recuento de cuatro líderes sociales asesinados en Huila durante el 2024. De acuerdo con la organización, la definición de líder social comprende a los defensores de derechos humanos y es más amplia en tanto reconoce como líderes o lideresas a los activistas vinculados a la defensa de derechos de la comunidad y organización en una coyuntura específica, aunque no sea su dedicación permanente. En sentido amplio todo líder social es un defensor de derechos humanos.
Las víctimas en Huila fueron:
-Sandra Lorena Anacona, líder indígena de La Plata.
-Edgar Eduardo Victoria Segura, líder cultural de La Plata.
-Carlos Eduardo Cerquera, líder político de La Plata.
-E Isidoro Bautista Ortíz, líder campesino de La Plata.
Según la Defensoría del Pueblo, 160 líderes sociales fueron asesinados durante el año pasado en Colombia; menor a los 191 ocurridos en el año 2023.
