Tras el hundimiento del proyecto de “Ley de Financiamiento” propuesto por el Gobierno Nacional en el Senado de la República, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1523, que establece el Presupuesto General de la Nación. Este presupuesto contempla un recorte de $12 billones. En este contexto, el senador Carlos Julio González instó al Congreso a actuar con vigilancia para asegurar que dichos recortes no afecten las inversiones destinadas al desarrollo regional.
María Alejandra Ruiz Mallungo
@amperiodista
“Con la caída de la Ley de Financiamiento, no solo se perdió la inversión del Gobierno Nacional Central, sino que también los departamentos verán mermados sus ingresos destinados a inversión social para 2025”, expresó Alexander López Maya, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de su cuenta de X. Esta declaración se produjo tras el anuncio del decreto número 1523, emitido el jueves anterior, que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, el cual contempla recursos por $523 billones. Sin embargo, se deberá recortar $12 billones que no se lograron obtener debido a que el congreso no aprobó la ley de financiamiento propuesta por el presidente Gustavo Petro.
En la misma publicación, el director del DNP mostró el posible recorte en los presupuestos regionalizados que se invertirán en los 32 departamentos de Colombia en 2025, afirmando que las cifras presentadas reflejan “lo que se perdió en todos los territorios en áreas como educación, salud, agua, saneamiento básico, cultura, deporte, medio ambiente, vivienda, agricultura, infraestructura y vías”.
En el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, se tenía previsto destinar $1.5 billones para el Huila, pero ahora recibirá $1.3 billones, según el director, se realizaría una disminución de $195.071 millones. Algunas de las razones del recorte, son el archivo de la ley de financiamiento.
Sobre el decreto
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encabezado por Diego Guevara, argumentó que la decisión de emitir el presupuesto a través de un decreto se tomó después de que el Senado hundiera el proyecto de PGN 2025, que establecía un monto total de $523 billones, de los cuales $12 billones eran contingentes, es decir, se tramitarían mediante la ley de financiamiento. “La expedición del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025 a través de un decreto con fuerza de ley no solo obedece a la obligación del Gobierno Nacional por la omisión del Congreso, sino que, según el artículo 113 de la Constitución Política, es un deber del Gobierno colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado Social de Derecho, garantizando la ejecución de políticas públicas que aseguren el correcto funcionamiento del Estado y la protección de los sectores más vulnerables”, explicó el Ministerio de Hacienda en su exposición de motivos.
Respecto a esta decisión, el presidente Petro expresó en su cuenta de X que: “He firmado el presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos tal como se presentó al Congreso de la República y tal como ordena la Constitución nacional. En el decreto de liquidación se especificarán cuáles partidas de funcionamiento e inversión se aplazarán en 2025, mientras se encuentra la financiación necesaria que no fue posible debido a la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso”.
Reacciones en el Huila
La representante a la Cámara por el Huila, Leyla Marleny Rincón Trujillo, se pronunció sobre el presupuesto del Gobierno Nacional, afirmando: “Como lo indicamos en su momento, el Gobierno Nacional se vio en la obligación de emitir el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2025 mediante un decreto, una situación sin precedentes en la historia reciente republicana. El Legislativo, a través de las cuatro Comisiones Económicas del Senado y la Cámara, se negó a tramitar la ley de presupuesto y, la semana anterior, decidió hundir el proyecto de ley de financiamiento, que buscaba cubrir los 12 billones de pesos faltantes en el PGN 2025. Estas son decisiones irresponsables del Legislativo, que afectan la economía y a los sectores más vulnerables del país”.
La representante lamentó que, debido a la decisión irresponsable de los integrantes de las Comisiones Económicas del Congreso, el Gobierno Nacional probablemente tendrá que realizar recortes presupuestales o implementar una nueva reforma tributaria el próximo año. Con relación a la posible afectación que tendrá este recorte en el presupuesto destinado para el Huila, Rincón manifestó: “El Huila y el resto de las regiones se verán seriamente afectadas por estas decisiones irresponsables del Legislativo. Según cifras del DNP, el presupuesto regionalizado de inversión para todo el país pasará de 82,4 a 70,4 billones de pesos, lo que representa una reducción del 15% y casi 12 billones de pesos que dejarán de recibir las regiones en áreas como seguridad, vivienda, cultura, deporte, medio ambiente, minas, energía, transporte y turismo. En síntesis, no menos de 26 de los 31 sectores sufrirán una importante reducción en su inversión. El Huila pasará de una inversión de 1,5 a 1,3 billones de pesos, lo que significa una disminución de más de $195.000 millones, es decir, una reducción de casi el 13%”.
En medio de la confusión e incertidumbre causada por el decreto en el ámbito económico y presupuestal del país, la representante hizo un llamado al “pueblo opita” para que los congresistas responsables del hundimiento de la ley de financiamiento y de la falta de trámite de la ley del PGN 2025 asuman su responsabilidad frente al Huila y la ciudadanía ejerza su voz.
“Sincerar el debate”
Por su parte, Carlos Julio Gonzales Villa, senador del Huila, por el partido Cambio Radical, expresó que: “El Presupuesto General de la Nación para 2025 refleja una situación fiscal que, como anunciamos desde la Comisión Tercera del Senado, está claramente desfinanciada. El gobierno presenta un presupuesto con un déficit de cerca de 12 billones de pesos, que, en teoría, debería ser cubierto por la Ley de Financiamiento. Sin embargo, los ingresos proyectados de 511 billones de pesos, frente a unos gastos de 523 billones, evidencian una falta de coherencia entre ingresos y egresos, lo que obliga a recortes significativos. He insistido en la necesidad de sincerar el debate y ser claros con la ciudadanía y los actores involucrados, ya que esta discrepancia fiscal pone en riesgo la economía del país”.
En cuanto a los recursos destinados al Huila, el senador González Villa expresó que están a la espera del Decreto de Liquidación que proporcionará claridad sobre las partidas de funcionamiento e inversión para la región. Sin embargo, a partir de las cifras iniciales, se estima que el Huila recibirá entre 1.3 y 1.8 billones de pesos, cifra que, en su opinión, es insuficiente para cubrir todas las necesidades sociales y de infraestructura del departamento. “Desde 2023, he advertido sobre la baja ejecución presupuestal, que en ese año alcanzó apenas el 71%, la cifra más baja en los últimos 16 años. Aunque estamos a la espera de cómo cierre este año, ya se evidencian problemas de ejecución en varias carteras y ministerios, lo que compromete el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. Además, he señalado en diversas ocasiones la necesidad urgente de mejorar la articulación con los entes territoriales, optimizando los procesos de cofinanciación y acelerando la ejecución de proyectos, para asegurar que los recursos lleguen de manera eficiente y oportuna a quienes más lo necesitan”, añadió el senador González.
Finalmente, instó a que desde el Congreso se actúe con vigilancia para asegurar que los recortes, especialmente en el gasto de funcionamiento, no afecten las inversiones esenciales para el desarrollo regional en cada territorio del país.
Focalizar
Con la sanción del Presupuesto General de la Nación, el Estado colombiano busca hacer sacrificios en varios sectores, ya que su principal foco de inversión será el pago de la deuda externa y los gastos de funcionamiento. Sin embargo, expertos han señalado que existen maneras de reducir el gasto público sin afectar otros proyectos vitales para el territorio.
De acuerdo con un estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es clave que el Estado revise el gasto de funcionamiento, ya que los incrementos realizados en el PGN en los últimos dos años corresponden a recursos destinados a los ministerios. El instituto destacó que, en los últimos cinco años, este tipo de gasto aumentó cerca de $87,5 billones, lo que representa un incremento del 40% a nivel general y un 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2024. Asimismo, explicó que el flujo de caja se centró en transferencias corrientes (82%), seguido de gastos de personal (14%) y en menor medida el resto de las cuentas (4%).
“Las transferencias corrientes son recursos destinados a otras entidades del sector público o privado que se entregan de manera regular en cumplimiento de la Constitución y la ley, y no implican una contraprestación directa de bienes y servicios a favor del Estado. Por su parte, los gastos de personal se destinan al pago de salarios y remuneraciones de empleados públicos, así como a prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, indemnizaciones y otros beneficios”, se indica en el informe.
En este sentido, el Observatorio Fiscal propuso que las regiones cuenten con mayor autonomía para evitar la duplicidad de acciones entre el Estado y los territorios. Asimismo, enfatizó la necesidad de revisar la atención en salud y los subsidios a pensiones para determinar su viabilidad.
