La denuncia del organismo internacional (comisión de personas dadas por desaparecidas de la ONU) sobre la existencia de 20.000 cadáveres en un hangar en uno de los aeropuertos de Bogotá, así sea como lugar de almacenamiento de Medicina Legal, nos hace pensar que debe ser una afirmación absolutamente irresponsable o una revelación de la poca información que tiene la Fiscalía, la JEP, y los organismos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Es que, si queremos la verdad completa, no podemos permitir que se pierda el rastro de los cuerpos de tal número de personas; debemos unirnos todos para procurar la verdad desde la memoria histórica. Este sorprendente dato, en caso de ser cierto, nos revelaría lo poco que hemos hecho para establecer la verdad de lo que ocurrió realmente durante el conflicto armado.
De ser verdad tal versión de la ONU y su dependencia de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en medio de los conflictos, revelaría el poco compromiso institucional para atender de fondo el compromiso de verdad, no repetición, justicia y reparación. ¿Se ha impuesto el negacionismo teórico y práctico de quienes no quieren que sepamos la verdad? ¿Es que La Fiscalía, Medicina legal, la misma JEP no quieren aceptar que el Estado no cuenta aún con la capacidad humana y de recursos para investigar todo indicio y toda denuncia de desaparición que reclama la verdad histórica que debemos conocer para continuar con los propósitos de la paz y la justicia transicional?
En los territorios nos quedan muchas dudas. Por ejemplo, en Neiva, cuando la Fiscalía y la JEP sólo realizan sus audiencias en pro de encontrar cadáveres de personas desaparecidas con exclusividad en el cementerio central; hay que dejar claro que desde un comienzo se les anunció que entre cementerios privados y rurales existen por lo menos 12 cementerios más. No tengo noticia de que se hayan intervenido. Neiva fue el primer municipio en ofrecer la colaboración a las entidades que tienen dentro de sus propósitos el dar con el paradero de las personas dadas por desaparecidas y por ello quiso jugar un papel que no puede quedarse en la simple logística.
Ojalá todos los municipios colombianos y todos los colombianos pudieran contar la verdad y colaborar en los propósitos de encontrar a los desaparecidos. No hemos alcanzado a condolernos con la incertidumbre y la muerte en vida de tantos familiares que aún esperan saber el paradero último de siquiera los cadáveres de sus seres amados.
Por lo demás, los cadáveres de personas que se vieron involucradas en el conflicto o que fueron asesinados en manos de la delincuencia común o en las redes de desaparición no son basura que se pueda meter debajo del tapete; no se trata solamente del dolor de sus familiares víctimas sino del último resguardo de dignidad para con ellos y de respeto para sus muertos. Así pues, de ser verdad y de llegar a comprobarse tan nefasta realidad, estaríamos ratificando nuestra pobreza moral y nuestra actitud discriminatoria endémica. Estos veinte mil cadáveres serían de los que nadie ni se interesa ni reclama, el gran subregistro de muertos de nuestra indiferencia.
El negacionismo se le ha pegado incluso a los organismos que deben dar cuenta del paradero de todas las personas desaparecidas y que se les presume estar muertas. Son muchísimos los colombianos que no quieren confrontar la verdad, muchos los que no quieren aceptar que fueron muchísimas más que 6.402 las ejecuciones extrajudiciales, muchos más muertos que los que siguen aceptando los obstinados en mantener que las masacres son leyendas, muchos más de los que acepta la estupidez negacionistas; a los que no les conmueve ni el llanto ni el clamor de tantas madres y familiares de los desaparecidos.
Quedan aún muchos Polo Polo; muchos Zapateiros y negacionistas de profesión; muchos calificadores de los muertos entre buenos y malos de acuerdo a su parecer ideológico y discriminatorio. Preguntaría un español: ¿somos un país en el que nos cagamos en nuestros propios muertos?
