Mandatarios del norte, occidente y sur del Huila estarían siendo amenazados y/o extorsionados por grupos armados de manera ilegal. A nivel nacional, más de 300 alcaldes municipales cuentan con medidas de seguridad. La cifra, sin embargo, podría ser mayor. A aquellos que no están siendo citados en zonas rurales para el pago de ‘vacunas’ les han exigido apaciguar sus discursos sobre seguridad. Algunos han tenido que gobernar desde la distancia.
Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co
La inseguridad en el país ha sobrepasado cualquier magnitud, llegando al punto de intimidar y “silenciar” a quienes velan por los ciudadanos: los alcaldes. En el Huila, 24 de los 37 burgomaestres están siendo amenazados y/o extorsionados por parte de las disidencias de las Farc, según Francisco Calderón Feriz, alcalde de Garzón y miembro de la junta directiva de la Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios.
El mandatario expuso la gran preocupación existente frente a la seguridad que no solo afecta de manera directa a los empresarios y a la ciudadanía en general, sino también a los líderes políticos que se atreven a rechazar con vehemencia la acción de los grupos armados ilegales que delinquen en la región. Pero, lo peor, según Calderón Feriz, es la falta de apoyo de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
De allí surge el llamado que al unísono hacen al Gobierno Nacional en aras de que brinde mayor acompañamiento y apoyo. “Hay varios alcaldes que muchas veces no cuentan con los recursos ni el acompañamiento necesario para estar ‘blindados’ y poder ejercer sus funciones a cabalidad. Esa solicitud de anillos de seguridad (personal y vehículo) ha sido reiterativa de parte de los alcaldes”, explicó el único mandatario con asiento en la junta directiva de Fedemunicipios.
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Alcaldes en riesgo
Agregó que la cifra de burgomaestres que han sido objeto de estas intimidaciones y hostigamientos podría incluso ser mayor, debido a que algunos aún no se han atrevido a manifestarlo. Esta angustiante realidad ya fue elevada al Ministerio del Interior, desde donde se trabaja sobre cada una de las solicitudes que se tienen reportadas para la protección de las primeras autoridades de cada municipio.
Calderón Feriz afirmó que, aunque la mayoría de las amenazas y/o extorsiones son provenientes, presuntamente, de las disidencias de las Farc fragmentadas en diversos frentes y bloques distribuidos por todo el territorio opita, la delincuencia común también se estaría aprovechando de la coyuntura y el miedo existente en aras de “pescar en río revuelto”. Por tanto, también hacen el respectivo llamado al Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y Policía Huila, para que estén atentos y puedan determinar con exactitud de dónde se originan estas alarmas.
Bajo esta lógica, precisó que sus colegas del occidente son en mayor medida los más amenazados y/o extorsionados, al igual que los del norte y sur de la región; los del centro, hasta el momento, no han expresado ningún tipo de riesgo.
¿Piensan en renunciar?
Según la primera autoridad de los garzoneños, hasta el momento, ninguno le ha comunicado la intención de renunciar a sus cargos ganados por elección popular. “Esta es una responsabilidad bien grande y entre todos nos apoyamos y nos acompañamos en el llamado al Gobierno Nacional”, concluyó.
A renglón seguido, Juan Carlos Casallas Rivas, secretario de Gobierno y Asuntos Comunitarios del Huila, en diálogo con LA NACIÓN, dijo que desde la Gobernación del Huila se tiene un consolidado de siete alcaldes amenazados y/o extorsionados, es decir, una cifra notoriamente inferior a la entregada por el mandatario con asiento en la Federación de Municipios.
“La información que hemos obtenido la hemos podido recaudar a través de mesas de trabajo que hemos adelantado con los alcaldes, consejos de seguridad específicos e información que han difundido los medios de comunicación sobre este tipo de hechos. Cada una de esas situaciones las hemos escalado ante la UNP para que se adelante el estudio del nivel de riesgo y se determinen las medidas de seguridad que se deben implementar en cada uno de los casos”, aclaró el jefe de la cartera.
Detalló que el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, ha dado una instrucción puntual a la Fuerza Pública para reformar las medidas de seguridad y de presencia en los territorios, con el fin de evitar que las amenazas se materialicen y, desde luego, garantizar el desarrollo de sus funciones en cada una de las municipalidades.
A denunciar
El secretario de Gobierno y Asuntos Comunitarios aprovechó el espacio para invitar a los mandatarios que están siendo víctimas de estas situaciones a denunciar y poner todo en conocimiento de las autoridades para que se refuercen las medidas de seguridad y se activen las correspondientes investigaciones. Mencionó que no puede negar que eventualmente podría existir un subregistro.
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Lo que también es una realidad es que, incluso en algunos municipios, no solo está amenazado el mandatario, sino todo su gabinete municipal.
Sí hay un subregistro
En la Defensoría del Pueblo en el Huila, por su parte, se tiene el registro de tres mandatarios amenazados y/o extorsionados: uno del occidente, otro del norte y otro del sur del Huila. Los demás, aunque lo han hecho público, no han activado la ruta con el Ministerio Público.
“Nosotros, en un consejo de seguridad, les hicimos la promoción de nuestros servicios para poder apoyarlos y ellos no han declarado. Por lo tanto, hay un subregistro”, comentó Johana Elena Rojas Herrera, defensora del Pueblo regional Huila, quien añadió que, con los tres casos que tienen, se activó la ruta protectiva a través de comunicados vinculantes con las entidades competentes. Además, les hacen seguimiento y monitoreo a los procesos.
Sostuvo que la Defensoría del Pueblo no puede hacer señalamientos sobre quiénes estarían detrás de las amenazas y/o extorsiones, pero reiteró que saben que hay varios grupos que operan en el departamento.
“En este momento sabemos que hay injerencia de los grupos y que existen economías ilegales que transitan por el departamento, pero es la Fiscalía General de la Nación y las autoridades quienes deben realizar la investigación y la judicialización de las estructuras al margen de la ley. Lo que puedo decir es que tenemos nueve alertas tempranas y esos alcaldes pueden tener un riesgo de esas conductas victimizantes que advertimos”, especificó.
A nivel nacional, 300 alcaldes en riesgo
En entrevista con LA NACIÓN, Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios, reveló el panorama de seguridad que, según sus palabras, se ha agravado porque los grupos violentos actúan con total impunidad.
Don Gilberto, ¿cuál es la realidad de los alcaldes de Colombia, en cuanto a seguridad?
Lamentablemente, como hemos estado advirtiendo, la situación de seguridad se ha agravado realmente en los últimos meses. La falta de una presencia efectiva de todas las fuerzas armadas en el territorio nacional ha permitido que los grupos violentos anden como Pedro por su casa. Y en ese sentido, las manifestaciones de este accionar se reflejan en extorsiones, amenazas, reclutamiento de menores, atentados terroristas y amenazas directas a los alcaldes del país.
¿Se tiene un consolidado de cuántos alcaldes están siendo amenazados y/o extorsionados en el país en este momento?
Gracias a una política muy efectiva de la Unidad Nacional de Protección, UNP, tenemos cerca de 300 alcaldes con medidas de seguridad importantes. Este número coincide con el de alcaldes amenazados en todo el territorio nacional.
Y, ¿esa cifra que entrega sólo es de los que ya recibieron protección o de todos los que han denunciado?
Cuando un alcalde recibe amenazas, lo que nosotros le hemos recomendado es denunciar y que nos informen a Fedemunicipios sobre la situación, porque nosotros tenemos presencia en el comité de evaluación de riesgos de la UNP y, por supuesto, actuamos inmediatamente. Entonces, básicamente, el reporte de alcaldes con problemas serios de seguridad normalmente coincide con el número de medidas de seguridad que se están implementando. Sin embargo, hay mandatarios que no lo han hecho y los invitamos a que lo hagan.
Pero, entonces, ¿usted cree que la cifra, en este momento, podría ser mayor, contando a quienes no han reportado?
Sí, indiscutiblemente la cifra podría ser mayor. Incluso, porque también tenemos alcaldes protegidos, pero con medidas de protección muy débiles que no son suficientes para la gravedad del riesgo que corren. Entonces, sí es una cifra superior; lo que pasa es que no tengo la manera exacta de definir cuántos más son, pero son muchos más, claro.
¿Se sienten protegidos o no encuentran garantías?
Indiscutiblemente, los alcaldes amenazados que lo denuncian y nos lo hacen saber a nosotros encuentran apoyo, pero como dije, muchos no lo reportan. Y la preocupación de los alcaldes no solo es por su propia seguridad y la de su familia, sino que la intranquilidad es por la seguridad en su municipio, porque hay zonas rurales donde ya muchos alcaldes no pueden ir. Ha habido municipios donde los mandatarios tienen que ir a ciertas zonas en secreto y estar un corto tiempo porque corre seriamente peligro sus vidas. Hay alcaldes que han tenido que convivir con esta gente y han tenido que sufrir las consecuencias de extorsiones, pero, básicamente, otros están amenazados porque los grupos violentos quieren demostrar que tienen el control total y pueden afectar la gobernabilidad.
¿Sabe si algunos mandatarios han decidido alejarse del cargo o incluso han salido del municipio por posibles represalias?
Sí, hay algunos alcaldes que, lamentablemente, no pueden estar mucho tiempo en sus municipios o han tenido que despachar a distancia. Sin embargo, no tengo cifras exactas sobre cuántos son. Hasta ahora, no hemos tenido noticias de alcaldes que hayan renunciado por temor a las amenazas y extorsiones.
