Dayana Méndez Aristizábal
Por estos días se reabre en Colombia el debate sobre el aborto por cuenta de dos demandas de constitucionalidad que la Corte Constitucional debe resolver para definir si penaliza el aborto en todos los casos, incluso en las tres causales que fueron aprobadas desde la sentencia C-355/2006 -malformación del feto que haga inviable su vida, riesgo físico o mental para la madre o violación-.
Es muy necesario entender que el aborto no es un “capricho de las mujeres”. Cuando hablamos de aborto, estamos en frente de un delicado tema de salud pública y de un auténtico derecho humano.
Cada año se realizan en el mundo 25 millones de abortos inseguros, según estudios de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher-especializado en derechos sexuales y reproductivos-. Es decir, abortos en condiciones de clandestinidad, realizados por personal no capacitado o inducido de cualquier manera por las mismas mujeres, porque en sus países existen prohibiciones legales. Se calcula que al menos 22.000 mujeres mueren a causa de estos abortos y la mayoría son mujeres africanas y latinoamericanas, es decir, mujeres pobres a quienes se les negó el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Por eso es un tema de salud pública, porque hay mujeres que están muriendo por falta de acceso a este procedimiento médico y mueren también en Colombia, sí, con absoluta impunidad y complicidad del Estado que ni siquiera tiene la certeza de todas las muertas que están dejando todos los días los abortos clandestinos y las barreras injustificadas que ponen las instituciones de salud, incluso ante las causales legales.
Cuando se aboga por el derecho al aborto, se habla de una política de salud integral seria que incorpore “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Está demostrado que en los países en donde esto es tomado en serio, los abortos disminuyen y también las cifras de mortalidad materna. Hay evidencia científica que demuestra que el aborto en condiciones adecuadas -de legalidad y salubridad- es mucho más seguro que el parto. Sí, hay más riesgo de que las mujeres mueran pariendo que abortando, pero de eso no se habla porque es mejor seguir alimentando la idea del monstruo que es el aborto. algunos estudios acreditan riesgos de muerte asociadas con el parto, incluso 14 veces mayor que el aborto.
Por otro lado, el aborto es un derecho sexual y reproductivo y como tal hace parte de la esfera de los derechos humanos. Así lo ha reconocido el Derecho Internacional, pero también el derecho interno, la última vez que la Corte Constitucional se manifestó al respecto, en la Sentencia SU 096/2018, dejó muy claro que “el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo pertenece a la categoría de derechos reproductivos y, por tanto, comparte su orientación, fundamento y contenido obligacional.” Es decir, el aborto es un auténtico derecho fundamental en Colombia.
Prohibirlo no resuelve el problema y eso debemos entenderlo, prohibir sólo consigue exponer la vida de las mujeres a la clandestinidad y exonerar al Estado de la responsabilidad que tiene de educar a hombres y mujeres para que esto no suceda y de asegurar la salud y vida de las mujeres. Son sumamente respetables las convicciones personales, religiosas o familiares de quienes se oponen al aborto, pero, por ningún motivo estas convicciones deben convertirse en políticas de Estado que vulneren los derechos de otras personas. Al final lo único que se pide es respeto por el derecho a decidir, tanto de quienes eligen ser madres como de quienes no lo desean o no pueden, y así incomode, volveremos sobre ello las veces que sea necesario. El aborto es un derecho humano y una ineludible responsabilidad en salud pública.