Amylkar D. Acosta M[1]
ELECTRICARIBE le jugó sucio a sus 2.7 millones de sufridos usuarios y al Estado colombiano. Esta empresa, controlada por la española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy, durante 22 largos años fue el operador de red y prestador del servicio de energía eléctrica a 7 de los departamentos del Caribe colombiano durante. Como es bien sabido, durante este tiempo se dedicó a explotar inmisericordemente este mercado y se abstuvo de hacer las inversiones a las que estaba obligada, lo que derivó en un progresivo deterioro de la calidad del servicio que prestaba.
Nunca cumplió con la Ley eléctrica 143 de 1994, que cataloga la energía como servicio público esencial en su artículo 5º y establece los principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad en su artículo 6º. Pero, lo que precipitó la intervención de ELECTRICARIBE por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en noviembre de 2016 fue la insolvencia de la empresa, al punto que, además de la abultada deuda en mora con sus proveedores, ya no tenía ni con qué comprar la energía, lo cual ponía en riesgo no sólo la prestación del servicio a sus usuarios, los cuales se verían abocados a un virtual apagón, sino que su efecto dominó podía desencadenar una crisis sistémica.
Con la intervención se destapó la caja de pandora que guardaba celosamente ELECTRICARIBE y su controlante GNF. Al levantarse el velo que la cubría, la Contraloría General de la República dispuso adelantar una auditoría especial la facturación a través de la cual se pudo establecer que entre julio de 2011 hasta octubre de 2016, la empresa se había apropiado ilegalmente de $211.755 millones que se le habían girado por parte del Fondo de Energía Social (FOES) que administra el Ministerio de Minas y Energía para aplicarlos como subsidio al consumo básico o de subsistencia a los estratos 1 y 2 en las zonas caracterizadas como “especiales”. Echó manos de ellos y se los embolsilló para cuadrar caja, utilizando como truco su asignación al “consumo distribuido comunitario” en lugar de hacerlo al “consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado”, que debía ser el destinatario de dichos recursos y de esta forma aminorar sus pérdidas.
El hallazgo de esta tropelía por parte de la Contraloría le valió a ELECTRICARIBE, ahora en liquidación y a la multinacional Price Waterhouse que, como revisora fiscal fue permisiva y negligente, la apertura de un juicio de responsabilidad que concluyó compeliéndolos al reintegro de esta suma, la cual se le debe reconocer y resarcir a los usuarios que se vieron birlados y afectados al escamoteársele este alivio que debían haber recibido en sus facturas por ministerio de la Ley. Por fortuna, la agente liquidadora Ángela Patricia Rojas tuvo la previsión de constituir una garantía bancaria con BBVA a favor de la Contraloría General por valor de $187.227 millones, lo cual asegura el pronto reembolso del monto de la defraudación, defendiendo así el patrimonio público. Esta es la buena noticia.
La mala noticia es que ELECTRICARIBE ya no está bajo el control de GNF, está en proceso de liquidación y según quedó claramente establecido en la Ley 1955 de 2019 que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público”, que asumieron la operación a partir del 1º de octubre del año pasado (Air-e y Afinia), “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”.
De modo que este reintegro deberá hacerse con cargo a la Nación, la cual deberá asumir esta deuda, así como ha asumido los demás pasivos, entre ellos el pasivo pensional, por valor de $1.6 billones y los recursos transferidos a través del Fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios para su inversión y para garantizar la prestación del servicio, que superan los $4 billones, los cuales se van a fondo perdido. La verdad monda y lironda es que los platos rotos de ELECTRICARIBE lo terminaremos pagando todos los contribuyentes colombianos. La pesadilla de ELECTRICARIBE no termina.
Un comentario final: a propósito de los subsidios al consumo de susbsistencia de energía a los estratos 1, 2 y 3, es de advertir que, de manera recurrente, el monto asignado en el Presupuesto General de la Nación es insuficiente para cubrirlos, lo cual lleva a retrasos y moras en su cancelación a las empresas generadoras, poniéndolas en calzas prietas para operar. A agosto de este año el FOES acusaba un déficit para cubrir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de $739.000 millones para el servicio de electricidad y de $262.000 millones para el servicio de gas natural domiciliario.
Y en el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2022 sólo se propone apropiar $2.6 billones, incluyendo la suma correspondiente a las zonas no interconectadas, quedando desfinanciados los subsidios el año entrante, según los gremios de las empresas prestadoras de estos servicios, en $2 billones, aproximadamente. Esta, a mi juicio, es una manera de presionar el desmonte de los subsidios, como ya se intentó cuando se tramitó el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, pero que ante el rechazo ciudadano el propio Presidente Duque se vio precisado a dar instrucciones al Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para que retirara del texto del proyecto tan absurda como inconveniente propuesta.
[1] Miembro de Número de la ACCE
