La Contraloría General de la República reveló las deficiencias encontradas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 35 de los 37 municipios del Huila. La administración prefirió tener los recursos en las cuentas bancarias antes que ejecutarlos.
RICARDO AREIZA
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A pesar de contar con la disponibilidad presupuestal, la Gobernación del Huila no ejecutó a tiempo ni alcanzó las coberturas fijadas para la atención del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los 35 municipios no certificados.
Además, sobreestimó los costos indirectos, dejó de usar cuantiosos recursos públicos con destinación específica y prefirió mantenerlos congelados en una cuenta de ahorros del banco Colpatria, sin ser utilizados.
La administración departamental incumplió con el porcentaje de compras locales contemplado en la Ley 2046 de 2020, creada para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y fortalecer la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas.
Según la Contraloría General de la República, la administración seccional usó innecesariamente las vigencias futuras para asegurar la financiación del programa para estudiantes de escasos recursos de las instituciones públicas.
Y para rematar, los contratos suscritos para la ejecución del programa de alimentación escolar durante la vigencia 2021, no contaron con interventoría, solo supervisión al contrato por parte de la Gobernación del Huila.
La auditoría concluyó con 21 hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen alcance fiscal por $ 473.351.713, y once tienen posible incidencia disciplinaria.
Presupuesto
El Programa de Alimentación Escolar contó un presupuesto definitivo para la vigencia 2021 de $80.057 millones de pesos (incluye recursos propios), de los cuales se ejecutó el 24%.
De este presupuesto comprometió 18.636 millones, pagó 13.544 millones, asimismo constituyó reservas por valor de 5.091millones, cuentas por pagar en la vigencia por 6.049 millones presentando un saldo por comprometer por valor de $61.421 millones lo que demuestra que solo ejecutó el 23.28% del valor de los recursos asignados del PAE a al Gobierno Departamental.
Vigencias futuras
No obstante, mediante ordenanza 0034 del 6 de octubre de 2021, la Asamblea Departamental del Huila, autorizó al gobernador Luis Enrique Dussán para comprometer vigencias futuras ordinarias para la prestación del servicio de alimentación escolar por $62.730.870.911, provenientes de ingresos de cofinanciación del MEN y cofinanciación de los municipios en la vigencia 2022.
“Si bien es cierto la figura de vigencias futuras ordinarias es una herramienta legal y disponible, el Departamento del Huila contaba con recursos suficientes para cubrir la prestación del servicio de alimentación escolar, tanto en bancos como recursos de vigencias anteriores, lo cual denota la deficiencia y falta de planeación en la debida incorporación de los recursos al presupuesto”, precisó la Contralora Delegada.
Congelados
El colmo. La contralora Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Rubiela Mercedes Benavides, reveló que los recursos girados por el Ministerio de Educación a la Gobernación del Huila para la atención del Programa de Alimentación Escolar en la pasada vigencia, se encontraban a 31 de diciembre 2021 congelados en el sistema bancario, generando bajos rendimientos financieros.
De acuerdo con los extractos y conciliaciones bancarias la Gobernación mantuvo en Colpatria un saldo de 80.872 millones de pesos en las cuentas bancarias demostrando una baja ejecución de estos recursos por parte de la entidad territorial.
“Esto demuestra que el departamento del Huila no ejecutó los recursos que le gira la nación durante la vigencia para los fines que fueron creados, a pesar de contar con los recursos disponibles en las cuentas destinadas para el manejo del programa de alimentación escolar”, concluyó la contralora Delegada.
Menor cobertura
Según el examen fiscal el Departamento del Huila no garantizo la cobertura total del calendario escolar de la vigencia 2021, ya que los contratos suscritos solo cubrió en su mayoría 150 días en las zonas 1, 2, 3 y 5, mientras que en la zona 4 solo garantizo la atención del programa en 120 días del calendario escolar, a pesar de que se contaba con los recursos suficientes para el desarrollo óptimo del programa y la cobertura total de las 40 semanas establecidas.
Saldos pendientes
Igualmente develó un manejo ineficiente de los recursos para alimentación escolar. El estudio demostró la existencia de saldos pendientes de cobro desde la vigencia 2016 por deficiencias de control y seguimiento financiero y presupuestal.
La Gobernación del Huila suscribió un acta de compromiso con los 35 municipios no certificados, el 4 de agosto del 2021, para destinar el 80% de los recursos del Sistema General de Participaciones vigencia 2021 para cofinanciar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por 4.259 millones de pesos. El equipo auditor evidenció que los 35 municipios a 31 de diciembre de 2021 adeudaban giros correspondientes a las vigencias 2016 al 2021 por 1.112 millones de pesos.
Cuentas por pagar
A pesar de contar con los recursos al término de la vigencia aparecían cuentas por pagar de los operadores con más de dos meses después de vencidas, a pesar de que se cuenta con los recursos disponibles para su pago. Estas cuentas ascendían a 6.027 millones de pesos.
La administración seccional insistió en que los recursos destinados para la prestación del servicio para la vigencia 2020 y 2021, fueron ejecutados según la necesidad sin desconocer la cobertura ni el calendario escolar programado. En su criterio, la culpa fue de la pandemia, el cambio de modalidad y el paro nacional.
“Los recursos que transfiere la Nación a las entidades territoriales tienen por objeto atender compromisos y obligaciones asumidos con dichos recursos frente a su personal y a terceros, y no a proveer de fondos a las entidades financieras”, le recordó la Contraloría.
Sobreestimación
En el año 2021, la Gobernación del Huila ejecutó recursos para el desarrollo del programa de alimentación escolar, en las cinco zonas en las que se distribuyó estratégicamente para la atención del programa por 35.890 millones de pesos en los 35 municipios no certificados.
Una vez se verificó las raciones entregadas en las cinco zonas, se determinó que la Secretaría de Educación sobreestimó los costos indirectos de las entregas, respecto al valor final establecido del mercado entregado a los beneficiarios del programa de alimentación escolar.
“Los costos indirectos oscilan entre el 21% y 29% en las respectivas zonas. Esta situación genera un desequilibrio económico en los contratos de suministros suscritos, aumentando el costo de la modalidad transitoria de alimentación escolar de una zona a otra, sin garantizar la cobertura promedio del calendario escolar de 180 días”, estimó el organismo fiscalizador.
Lo curioso según la Contraloría: era más económico realizar entregas de las raciones para preparar en casa en el sur del Huila, donde la distancia es 200 kilómetros aproximadamente que hacerlo en la zona norte.
Además, se calculó cada uno de los valores totales pagados en las zonas en los ítems que comprenden los costos indirectos, evidenciando que el departamento pagó, por los costos totales indirectos en las cinco zonas a los operadores en el 2021, la suma de 11.194 millones de pesos, es decir el 31% con respecto al total de las compras totales del mercado.
Detrimento
La Contraloría estimó que la Secretaría de Educación incurrió en una presunta sobreestimación de los costos indirectos de los contratos, causando un detrimento al patrimonio público de los recursos de Sistema General de Participaciones del programa de alimentación escolar en cuantía de $471.133.414.
Esta suma resulta de sumar los costos totales indirectos definidos por la Gobernación para cada una de las zonas, con base en los costos del 25% definidos en la zona 4, tomada como referencia para ser aplicados a todas las zonas.
La Contralora Delegada concluyó que la Gobernación del Huila, no está utilizando los recursos que transfiere el Ministerio de Educación Nacional del Sistema General de Participaciones (SGP) para compra de alimentos, transporte, dotación de menaje, equipos y utensilios necesarios para la prestación del servicio de alimentación escolar.
“Al contrario estos recursos se encuentran congelados en los bancos al cierre de cada vigencia, generando superávit en los recursos del programa, incumpliendo los fines para los que fueron destinados”, precisó la funcionaria.
En su criterio, estas situaciones son generadas por deficiencias de planeación al estructurar los estudios previos que dio lugar al reconocimiento y pago contrarios a la normatividad.
En ningún caso, según la norma, podrá haber aumento del costo de la modalidad transitoria de alimentación escolar mientras no se garantice la cobertura determinada por la entidad territorial, teniendo en cuenta los criterios de priorización previa a la declaratoria de la Emergencia Social y la prestación del servicio durante 180 días promedio de calendario escolar.
Compras locales
Según el reporte fiscal durante la ejecución de los contratos en las cinco zonas, tampoco se respetaron los porcentajes asignados para comprar locales, estipuladas para incentivar la economía campesina y a pequeños y mediados productores.
En la certificación emitida por la Gobernación del Huila el 14 de marzo de 2022, reportó compras locales en el 2021 por 16.607 millones de pesos. Pero carreta.
Una vez revisadas las facturas allegadas en cada uno de los contratos se logró identificar que estos porcentajes y valores de compras no se habían realizado por parte de los operadores del programa de alimentación escolar. Tampoco se evidenciaban los respectivos soportes de las supuestas compras locales.
“Es decir, había una diferencia entre las facturas presentadas en los contratos, por un valor final de compras locales realizadas por 9.549 millones de pesos con respecto a lo reportado por la Gobernación de 7.058 millones de pesos en las compras finales hechas en la región. Este hecho constituye un hallazgo con posible incidencia disciplinaria.
Según la Contraloría por deficiencias en la supervisión de los contratos del programa de alimentación escolar suscritos por la Gobernación del Huila, se permitió que muchos de los productos que se requerían en los mercados que se entregaron a los beneficiarios finales, no fueran adquiridos en la región, incumpliendo la normatividad. Esta obligación fue establecida para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y la agricultura campesina, en los mercados de compras públicas, lo que puede constituir una falta disciplinaria para los responsables del control y vigilancia.
No obstante, la administración seccional insistió en que “todos los operadores cumplieron con el porcentaje mínimo exigido en lo referente a compras locales. Las compras locales no hacen referencia exclusiva a aquellas que se realicen a proveedores registrados dentro del departamento. Algunos productos que integran la canasta no se producen en la región o en las cantidades que de requieren y en este caso operarían los acuerdo de cooperación”.
“El porcentaje determinado por la entidad territorial no corresponde a la realidad del porcentaje de compras estipuladas en la normatividad”, recalcó el equipo auditor.
“Los acuerdos de cooperación, entre regiones, que deben someterse también a la normatividad establecida para las compras locales”, acotó el equipo fiscalizador.
