Es profundamente inadmisible que se esté hablando de nuevo de que las EPS han utilizado los recursos de la salud como plata de bolsillo. Esta es la impresión que deja el informe presentado esta semana por la Contraloría General de la República sobre hallazgos fiscales por $6 billones de pesos en 24 EPS, por indebida destinación de los recursos de la UPC durante el año 2020, y $5.3 billones cuya incidencia fiscal será dilucidada en una indagación preliminar.
El organismo de control fiscal está hablando, entre otras cosas, de mayores valores pagados a terceros, por $5.3 billones de pesos, que resultan de la diferencia entre lo facturado frente a lo pagado; como es el caso de Nueva Eps, en la que se evidenció giros sin soportes por valor de $2.1 billones de pesos, y en la Eps Famisanar, por $643 mil millones de pesos.
También está hablando de pagos que no guardan relación de causalidad con servicios de salud. Según la Contraloría, la Nueva Eps destinó $40 mil millones de pesos de créditos bancarios para honorarios de miembros de junta directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina Planes Complementarios de Salud (PAC), entre otros, y sus intereses fueron pagados con recursos de la UPC.
Dada la gravedad de los hallazgos, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra anunció que estos hechos pasan a conocimiento de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Urge que a estas investigaciones se le dé la mayor celeridad posible y si es del caso se establezcan las responsabilidades de índole penal. Los recursos de la salud son públicos y su manejo no debe tener ninguna tacha. Y si alguien se apropió de ellos, es deber de las autoridades conseguir que sean devueltos.
