¿Por qué el temor a incrementar inversiones forzosas que propone Petro?

Combinar inversiones forzosas al sistema financiero con una nueva reforma tributaria a la cual el gobierno le ha denominado ‘ley de financiamiento’, es la receta del presidente Gustavo Petro para reanimar la economía del país, tras los desequilibrios macroeconómicos que surgieron durante la fuerte recuperación económica postpandemia del covid-19 (2020).

CATERIN MANCHOLA

@cate_manchola

Si bien las inversiones forzosas no son nuevas en el país y de hecho actualmente algunas permanecen vigentes, la propuesta puntual del presidente Gustavo Petro sobre este tema ya cuenta con varios detractores, no solamente en el espectro político como era de esperarse, sino económico desde la mirada de varios expertos.

Durante el Foro de Reactivación Económica ‘Confianza para crecer’, el Jefe de Estado reiteró que “Si logramos combinar inversiones forzosas con una ley de financiamiento –reforma tributaria-, que el Congreso tendría que aprobar, organizadas alrededor de la transición a una economía descarbonizada y a una economía productiva, tendríamos una posibilidad de reactivación económica”.

Días antes el presidente ya había lanzado la propuesta de inversiones forzosas a la banca para su análisis y discusión, como una posible alternativa para hacerle frente a la situación compleja por la que atraviesa la economía del país.

¿Qué son?

El Centro de Estudios Económicos – Afnif define que las inversiones forzosas obligan a las entidades financieras a invertir un porcentaje de sus depósitos en determinados títulos con bajos rendimientos, usualmente emitidos por una entidad pública, o a otorgar créditos a bajo costo a sectores específicos considerados por el Gobierno como prioritarios.

Y Petro ya precisó que se requiere llevar inversiones a unos sectores productivos que son agricultura, agroindustria, industria, turismo y vivienda.

Tanto la Anif, como el Jefe de Estado, Corficolombiana, el exministro José Antonio Ocampo, entre otros, coinciden en que las inversiones forzosas no son nuevas en el país. “Ya existen, hace tiempo, esto no es un invento nuestro”, dijo el presidente.

Y agregó que “el ahorro del público que está quieto en los bancos o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos llevar, una parte de ese ahorro público, a Bancóldex, al Banco Agrario o al Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción: industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda e incluso, yo diría, de turismo, porque es lo que nos puede reactivar económicamente”.

Los efectos

Pero a diferencia del gobierno, los expertos alertan que se han implementado, sin embargo, también se han “desmontado debido a sus efectos distorsionadores en el mercado financiero”.

“Actualmente, la única inversión forzosa para los Establecimientos de Crédito (EC) en Colombia son los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDAs). Los TDAs, creados por la Ley 16 de 1990 y emitidos por FINAGRO, están indexados a la DTF o la IBR menos un margen, con un plazo de un año. Los EC deben destinar el 1% de sus inversiones a TDAs”, enfatizó Corficolombiana en una de sus investigaciones económicas.

En su análisis sobre esta propuesta, la Anif ha establecido que “La evidencia es clara en mostrar que las inversiones forzosas no solo no lograron su cometido en términos de profundización crediticia, sino que contribuyeron al encarecimiento de los préstamos y a una ampliación del margen de intermediación”.

Recalcó que la experiencia revela cómo las inversiones forzosas afectan negativamente el costo del financiamiento, ya que funcionan como un impuesto implícito a la actividad de intermediación. “En una analogía quizás imperfecta pero simple, una inversión forzosa al sistema financiero es equivalente a que algún extraño obligue a un asalariado a gastarse parte de sus ingresos en un activo con baja rentabilidad, bajo el pretexto de que dicha inversión será conveniente para toda la economía”.

“Impacta a los ahorradores”

También subrayó que “Este impuesto impacta tanto a los ahorradores como a las empresas y hogares que demandan crédito, en la medida en que reduce los recursos disponibles para que los establecimientos financieros asignen sus préstamos”. Y esas fueron las razones que llevaron a su eliminación gradual, con la excepción ya descrita.

En suma, los expertos califican parte de la estrategia del presidente como “un retroceso”. Y aseguró que “pierden” tanto los ahorradores como los bancos.

Por su parte Corficolombiana señaló que entre las implicaciones específicas de las inversiones forzosas en los riesgos financieros y los márgenes de intermediación de los establecimientos de crédito están: riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y que puede afectar la composición del activo, entre otras.

“El incremento en las inversiones forzosas disminuye el margen de intermediación y por ende las utilidades y el espacio de crecimiento de los establecimientos de crédito”.

“Aumentan la carga de deuda pública para Sociedades Públicas Financieras (SPF) como FINAGRO. Aunque las calificadoras de riesgo supervisan el endeudamiento del Gobierno Nacional Central y General, las SPF gestionan su propia fiscalidad, no incluida en la evaluación de riesgo. Así, el aumento de la deuda en SPF como FINAGRO no afecta directamente la deuda del Gobierno Nacional Central evaluada por calificadoras. Sin embargo, el uso excesivo de inversiones forzosas podría deteriorar la calidad crediticia de estas entidades y elevar el costo de la deuda soberana, aumentando así el costo de la deuda y del capital propio para todas las entidades y ciudadanos del país. Además, estas medidas generan incertidumbre regulatoria y reducen la percepción de facilidad para invertir y hacer negocios en el país, potencialmente incrementando el costo del capital a largo plazo”.

Así las cosas, para los expertos el gobierno tiene mejores opciones para avanzar en materia de reactivación económica vía crédito.

Por ejemplo, podría concertar con el sistema financiero una metas concretas y urgentes de colocación a sectores específicos como el turismo y el agro, dentro del contexto del recientemente anunciado Pacto por el Crédito.

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