Sí constituye una vergüenza que el Gobierno de Gustavo Petro no haya podido garantizar la protección de los firmantes de paz asentados en el espacio territorial de Miravalle, departamento del Caquetá, un espacio de reincorporación que nació a partir de la firma de los acuerdos de paz entre el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y las antiguas Farc-EP en el año 2016.
Se trata de cerca de 70 familias que durante los últimos años lograron desarrollar en Miravalle el proyecto “Remando por la Paz”, que promovía el rafting, un deporte extremo con el que desafiaban las aguas del río Pato. Esta iniciativa tuvo un alto reconocimiento a nivel nacional e internacional. De hecho, los exguerrilleros participaron en un campeonato panamericano, cinco campeonatos nacionales y tres encuentros regionales de la cuarta edición del Festival del Rafting en San Vicente del Caguán.
Lamentablemente, con la consolidación de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ en el último año y medio, las amenazas contra los residentes de Miravalle crecieron. Ante la inminencia de un ataque que pudiera derivar en una masacre de incalculables proporciones, la recomendación del Gobierno Petro fue trasladarlos de Miravalle a San José, en jurisdicción del municipio de El Doncello, en el mismo departamento del Caquetá.
Ha sido la propia Organización de las Naciones Unidas, ONU, la que de manera contundente ha hecho un llamado al Estado: “Reiteramos el llamado al Gobierno Nacional para proveer medidas de protección para los firmantes de paz, así como acciones que aseguren la sostenibilidad de su proceso de reincorporación”.
Es el presidente Petro el que debe liderar las medidas para proteger a los firmantes de paz y garantizar el proceso de reincorporación a la vida civil de cada uno de ellos. No hacerlo es darles la razón a sus críticos quienes permanentemente le cuestionan que el hombre que más reclamó por la protección de los exguerrilleros, se haya quedado solo en la retórica una vez llegó al poder.
