Tribunal supremo de Venezuela ratificó victoria de Maduro

En un clima de tensión y desconfianza, el Tribunal Supremo de Venezuela ha ratificado la victoria de Nicolás Maduro tras las controvertidas elecciones del 28 de julio, desestimando las numerosas críticas sobre la falta de independencia del órgano judicial, que está bajo el control del chavismo. La presidenta de la sala electoral, Caryslia Rodríguez, declaró que la sentencia “cierra el caso”, ignorando los llamados de la comunidad internacional a una verificación imparcial de los resultados.

 

Sin sorpresas. El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) convalidó ayer la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio entre críticas ante la falta de independencia del órgano judicial, controlado por el chavismo y haciendo oídos sordos a todos los llamamientos de la comunidad internacional de que hubiese una verificación imparcial. La presidenta de la sala electoral, Caryslia Rodríguez, exconcejal del PSUV, el partido gobernante, aseguró ante los representantes de los poderes públicos y del cuerpo diplomático que la sentencia “cierra el caso”. La incertidumbre, sin embargo, no hace más que crecer en Venezuela ante el temor de que crezca la represión.

La sentencia consolida la narrativa que ha desarrollado el oficialismo desde la madrugada del 29 de julio, cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, proclamó a Maduro, del que es amigo personal, ganador de las elecciones sin aportar pruebas. Mientras, la oposición recabó más del 80% de las actas que confrontaban la tesis oficial al mostrar un triunfo de Edmundo González con el 67% de los votos, por el 30% de Maduro. Pocos días después, el presidente venezolano acudió al TSJ para que fuese este órgano quien dirimiera la controversia, pese a la insistencia de la oposición de que fuese el CNE. La comunidad internacional pedía una verificación imparcial de los resultados.

La magistrada Rodríguez, en un acto en el que estaba presente Amoroso, admitió la tesis del “ataque cibernético al CNE” que, según la versión oficialista, ocurrió la noche electoral y que retrasó la transmisión de los resultados. Esta circunstancia, según explicó, hace posible “una solicitud de tutela judicial para certificar la voluntad popular”. Rodríguez argumentó que este tipo de diferendos pueden dirimirse con la decisión del máximo tribunal del país, y citó los casos recientes de Brasil, en 2014, y Estados Unidos, en 2000, para ejemplificarlo. Además, felicitó a los técnicos que comprobaron las actas entregadas por Maduro por su “profesionalismo y entrega” y anunció que el material electoral consignado “queda a resguardo de este tribunal”.

Más allá de convalidar el resultado del CNE y consolidar la narrativa oficialista, la sentencia ahonda en una serie de puntos que auguran que la crisis política, social e institucional de Venezuela se profundizará en los próximos días. El texto leído por la magistrada señala que Edmundo González “desacató irrespetuosamente el llamado de este tribunal” y agregó que enviará a la Fiscalía “pruebas de carácter penal sobre el proceso de fraude, promoción de la zozobra, forjamiento de documentos y usurpación de funciones”.

Soberanía popular

Ayer, antes de que el Supremo diera su veredicto, Edmundo González advirtió en un mensaje de sus redes sociales: “Señores del TSJ: ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis. Los venezolanos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad ni a nuestro derecho a cambiar en paz para vivir mejor”.

También antes del pronunciamiento del TSJ, la líder de la oposición, María Corina Machado, fue más directa y retó a los magistrados a atreverse a dictar una sentencia que convalide el fraude, sin mostrar las actas que ella afirma tener en sus manos: “TSJ: Échenle bola”, escribió en sus redes sociales, una expresión venezolana equivalente a “póngale huevos”.

Desconfianza

El procedimiento ante el Supremo ha generado desconfianza tanto en Venezuela como en la comunidad internacional, en vista del comprobado control que tiene Maduro sobre todo el aparato institucional y su falta de independencia. Naciones Unidas recordó el informe del panel de expertos que acudió a Venezuela durante la jornada electoral y que ha supuesto uno de los golpes más contundentes a la credibilidad de Maduro.

También se ha criticado la usurpación de funciones que ejerce el tribunal sobre las responsabilidades del Poder Electoral, instancia que, cerca de cumplirse un mes de los comicios, no ha presentado todavía resultados desagregados mesa por mesa ni ha dado información sobre las auditorías posteriores que correspondía hacer. El Poder Judicial revisó documentos entregados por el CNE y algunos partidos políticos. Por los medios oficiales se difundieron imágenes del proceso en las que un grupo de personas con guantes, tapabocas y gorras abrían las cajas de documentos electorales y transcribían la información contenida en ellos.

Santos tilda de “patraña” el fallo del Tribunal Supremo

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos ha tildado de “patraña” el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. “Colombia no puede, ni debe avalarlo, como se lo dijimos ayer al Canciller [Luis Gilberto] Murillo en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores”, ha reaccionado en un mensaje en X –antes Twitter– el también Nobel de Paz en referencia a la reunión que sostuvieron la víspera.

Junto a Brasil y México, Colombia ha puesto en marcha un intento de mediación en la crisis de Venezuela, ha evitado reconocer un ganador en las elecciones del 28 de julio y ha pedido al Gobierno de Nicolás Maduro entregar las actas electorales, además de desmarcarse de la idea de Maduro de llevar la disputa al TSJ en el último comunicado conjunto, hace exactamente dos semanas. Después, el presidente Gustavo Petro planteó una serie de pasos para una salida negociada que incluían “nuevas elecciones libres”, una idea que ha sido descartada tanto por la oposición venezolana como por el oficialismo, y además ampliamente criticada en Colombia.

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