Según el Ministerio de Educación, el Programa de Alimentación Escolar, PAE, brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, registrados en el Sistema de Matrícula -SIMAT- como estudiantes oficiales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. Y, de acuerdo con el mismo ministerio, su objetivo fundamental es contribuir con la permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio).
En varios escenarios, el Ministerio de Educación ha dicho que “Se ha comprobado que la alimentación escolar es uno de los aspectos que contribuye, no sólo a la permanencia de los niños en el sistema educativo, sino también a mejorar sus desempeños escolares, ya que mejora la capacidad de atención de los estudiantes y por ende sus procesos de aprendizaje”.
Por eso mismo, resulta impensable que una comunidad educativa tenga que acudir a los estrados judiciales para que el Estado le garantice la alimentación escolar. Y es lo que ha pasado con los estudiantes de la institución educativa Sósimo Suárez del municipio de Gigante, Huila, quienes a través de una acción de tutela, se quejaron por la no prestación del servicio del PAE.
Con toda razón, el juez Diego Calle Cadavid falló a favor de los accionantes y ordenó al Ministerio de Educación, a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, UAPA, la Gobernación del Huila y a la Alcaldía de Gigante, en un término de 30 días, adoptar las medidas presupuestales y financieras pertinentes que se requieren para garantizar el cubrimiento del PAE en lo que resta del año en dicho plantel educativo. También los emplazó a que, en la planeación de los presupuestos venideros, “actúen conforme al principio de no regresividad”.
El PAE no es una obra de caridad de nuestros gobernantes. El PAE se financia con los impuestos que pagan todos los colombianos, por lo que los mandatarios deben garantizar oportunidad y calidad en la prestación de este servicio.
