Tras la convalidación de la victoria de Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia, ahora es la Fiscalía, también bajo control oficialista, la que ha citado a Edmundo González para que declare sobre su supuesta implicación en varios delitos relacionados con la publicación de actas de votación que, según la oposición, revelan un triunfo claro de González con un 67% de los votos. En un ambiente de creciente represión y amenazas, el opositor se ha visto obligado a permanecer en la clandestinidad.
El chavismo y las instituciones que controla estrechan cada vez más el cerco sobre el líder opositor Edmundo González Urrutia, el candidato que hizo frente a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Consumada la maniobra para validar ante el Tribunal Supremo de Justicia la cuestionada victoria que la autoridad electoral otorgó a Maduro, ahora la Fiscalía, otro órgano controlado por el chavismo, ha citado a declarar a González sobre su supuesta participación en varios delitos.
El fiscal general, Tarek William Saab, anunció ayer que citará al opositor, un diplomático de 74 años que accedió a ser candidato tras la inhabilitación de María Corina Machado, en el marco de la investigación penal que se les abrió a González y a Machado por la publicación en una página web de las actas de votación que la oposición recolectó durante la jornada electoral y que equivaldrían a más del 80% del escrutinio.
Según esos documentos, que recabaron a partir de una operación en la que participaron cientos de miles de personas, la mayoría testigos de la jornada electoral, González sería el ganador de las elecciones con el 67% de los votos, por el 30% de Maduro. “En las próximas horas Edmundo González será citado para que él rinda declaraciones sobre su autoría, donde él se declara responsable de la página que ha usurpado de la autoridad competente”, dijo Saab en una declaración a los medios.
La investigación, agregó el fiscal, es por los presuntos delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”. Y agregó: “Tiene que venir para que hable de su responsabilidad antes del 28 de julio, durante el 28 de julio y después del 28 de julio, por su contumacia y su desobediencia a las autoridades legítimamente constituidas”. En su sentencia, el Supremo declaró a González en desacato por no haber acudido a las comparecencias a las que fue citado en medio de amenazas del propio jefe de Estado de encarcelamiento que lo han obligado a resguardarse y a no volver a parecer en público.
Ataques contra Edmundo González
Los ataques contra González se han intensificado en las últimas semanas. Al diplomático no se le ha visto en público desde el 31 de julio, tres días después de las elecciones, cuando acudió a la primera gran concentración en protesta por la proclamación de Maduro. Desde entonces, todos sus pronunciamientos han sido a través de las redes sociales.
La investigación penal contra él se abrió después de que firmara un documento como “presidente electo” de Venezuela, algo que generó la ira del oficialismo. Desde entonces, Maduro no ha hecho más que atacarlo, llamándolo “cobarde” en repetidas ocasiones al tiempo que lo acusa de esconderse y preguntarse dónde se encuentra.
Al igual que González, la líder de la oposición María Corina Machado, inhabilitada para participar en las elecciones, se encuentra en semiclandestinidad, aunque ella sí ha participado en las dos últimas concentraciones de la oposición.
Tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo, González, a través de sus redes sociales, criticó la sentencia y aseguró: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo [en alusión al artículo 5 de la Constitución de Venezuela]. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad”.
La decisión de la Fiscalía es un paso más en el atrincheramiento total en el que se encuentra el régimen de Venezuela. Maduro ha echado mano de su control institucional y de la represión para sostenerse en esta nueva crisis de legitimidad. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia solo parece haber profundizado la crisis.
Exigiendo verificación
La comunidad internacional sigue exigiendo la verificación imparcial de los resultados. En un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay han rechazado categóricamente la sentencia. “Los países que suscriben, reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela”, han indicado.
El grupo de gobiernos recordó los vicios que han hecho que la comunidad ponga cautela sobre el triunfo de Maduro, como el que se impidiera el acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas. “La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto del CNE como el TSJ”, reiteraron. “Mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer”, ha recalcado, a su vez, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
*Fuente: El País de España.
