Este titular no dice nada nuevo. Lo entrecomillo porque era el estribillo escrito y gritado en plazas y esquinas de Gigante, Garzón, Agrado, Tesalia, Paicol y Altamira, municipios tocados por el proyecto contrariando la voluntad generalizada de sus habitantes pero, sospecho, con la aceitada decisión de algunos mandatarios.
El negociazo comenzó operaciones finalizando 2015, construido por Emgesa, hija del conglomerado internacional Enel. Y mientras las comunidades padecían las consecuencias ambientales, sociales, económicas y otras, Enel se frotaba las manos comenzando por José Antonio Vargas Lleras, hermano del astuto Germán, hoy patrón político del clan González Villa muy conocido por sus andanzas.
Inundadas 8.250 hectáreas se afectó el ecosistema del diamante hidrológico del Huila en su velocidad, temperatura, nutrientes y recursos naturales del río Magdalena, con más de 5.000 hectáreas deforestadas, desplazamiento de fauna nativa y familias enteras que producían arroz, cacao, maíz, frutas, etc. Todo para favorecer insaciables privados que año tras años incumplen sistemáticamente los compromisos acordados entre comilonas y otros “arreglos” con la alpargatocracia calentana y los muy dudosos intereses de Uribe Vélez con el arrumaco de la “confianza inversionista”.
Tras la notificación de utilidad pública del gobierno, el territorio de más de 100 dueños pasó a propiedad de la multinacional con una licencia basada en estudios maquillados a las volandas en solo dos meses. Destruyeron vestigios históricos, petroglifos, cementerios, la iglesia doctrinera de San José de Belén edificada en 1.600, alteraron el recurso hidrobiológico, rompieron la migración piscícola, inundaron la zona atascada de material vegetal que, al descomponerse, los niveles de oxígeno cayeron dramáticamente sacrificando la biodiversidad.
El Tribunal Administrativo del Huila dictó medidas cautelares para evitar el llenado del embalse ordenó suspender la generación de energía hasta cuando los 44.500 metros cúbicos de desechos forestales inundados abandonados fueran retirados y no hubiera peligro de contaminación del agua pero Emgesa ejecutó el llenado entre reparos y advertencias ciudadanas y de desdentadas autoridades departamentales y regionales.
Y siguen los compromisos incumplidos. En un debate en el Congreso la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, balbuceó que Enel debe cumplir los requisitos ambientales, generar riego por gravedad para 2.700 hectáreas y que la Agencia Nacional de Tierras debe comprar las tierras para cumplir esta obligación.
El entonces gobernador opita, Luis Enrique Dussán, solicitó que la ANLA cumpla la licencia ambiental, “pues hasta ahora ha sido cómplice de los incumplimientos” y le pidió a Enel que “cumpla las compensaciones con todo el territorio, porque la afectación ha sido grande productiva, ambiental y económicamente”.
Este proyecto, el más grande de Enel en Latinoamérica, arrasó la agricultura donde se generaban más de $32.000 millones año, modificó climas, desplazó 4.678 familias, amén de otras tragedias.
Verdad… negocio chimbo.
