Cámaras de seguridad y luces apagadas y exigencias económicas, eran, al parecer, algunas de las prácticas de entonces funcionarios, guardas y contratistas del Instituto de Tránsito de Pitalito (Intrapitalito). De la red delincuencial hacia parte el exdirector del organismo William Iván Rojas Giraldo, “autorizaba salida de vehículos de patios sin requisitos”, dijo una fuente judicial.
Rafael Rodríguez C.
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Interceptaciones telefónicas y declaraciones de víctimas, dejaron al descubierto el entramado de corrupción que se movió durante meses en el Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito (Intrapitalito), y del que, al parecer, hacía parte su entonces director y hoy exgerente del Setp de Neiva, William Iván Rojas Giraldo.
Y es que la organización delictiva que se ‘movía’ libremente en el organismo de tránsito, contaba con funcionarios, agentes de tránsito, tramitadores y contratistas, que terminaron señalados y denunciados por víctimas de sus prácticas irregulares.
“El grupo delincuencial venía operando desde hace varios meses como una organización dedicada al constreñimiento ilegal con fines de extorsión…”, dijo a LA NACIÓN, una fuente judicial cercana a la investigación.
Sostuvo que las investigaciones, adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con el Gaula Militar de la Novena Brigada del Ejército, dejaron al descubierto que la agrupación delincuencial era liderada por Leonardo Vargas Torres, capturado el pasado miércoles.
Junto a él, fue capturado el exdirector de Intrapitalito y hoy exgerente del Sistema Integrado de Transporte Público de Neiva (Setp), William Iván Rojas Giraldo, además de José Jamer Morales Vargas, Luisa Fernanda Calderón Lozada, Carlos Alonso Rodríguez Berrío, Danitza Daniela Benavides Cano, Derly Maritza Laguna Narváez, Juan Nicolás Barrera, Luis Alfredo Samboní, Jhonatan Martínez Méndez, Guido Alexander Galíndez Sáenz, Jhon Weimar Varón López, Héctor Fernando Chavarro Motta y Manuel de Jesús Salamanca Imbachi.
“Se aprovecharon de sus cargos y conexiones ya que eran funcionarios públicos del instituto de Tránsito y Transporte para realizar fraude procesal y tráfico de influencias, entre otros delitos”, manifestó la fuente.
Jessica Porras Valderrama, directora de Intrapitalito, manifestó que la mayoría de las personas detenidas no tienen vinculación con la entidad. “Entre las personas capturadas solo una de ellas actualmente estaba al servicio de la institución, desconozco si las demás personas trabajaban aquí”.
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División de trabajo
La investigación contra la agrupación delincuencial inició con la información entregada a las autoridades por una fuente humana. “La información recolectada por la fuente permitió conocer la existencia de la organización liderada por alias ‘Leonardo’, que venía delinquiendo desde hace varios meses”, señaló la fuente.
Sostuvo que la organización estaría comprometida además de los delitos de constreñimiento ilegal con fines de extorsión, también en el hurto de motocicletas, falsedad en documento público y comercialización de partes de vehículos que estaban en los patios del organismo de tránsito. “Es una organización estructurada y organizada para coordinar actividades delictivas, utilizando como medios de comunicación sus teléfonos celulares”, reveló la fuente.
Las pesquisas, seguimientos e interceptaciones telefónicas fueron claves para establecer que los miembros de la banda que trabajaban en Intrapitalito fueron fundamentales para el robo de motocicletas y partes de vehículos que se encuentra bajo custodia del instituto de tránsito. “Mediante la modalidad de factor de oportunidad apagaban las cámaras de seguridad de las instalaciones de los patios de Intrapitalito, no haciendo registros en los libros de entrada y salida de vehículos”, indicó la fuente judicial.
Aseguró que en desarrollo del trabajo de recolección de pruebas técnicas, documentales y testimoniales, los investigadores de la Unidad Investigación Especial CTI-Gaula Militar, encontraron que la red delincuencial recibía dinero entre $400 mil pesos y $500 mil pesos por cada motocicleta que sacan de patios, por supresión de comparendos entre $600 mil pesos y 1.350.000 pesos, “según el código de la infracción o comparendo”.
En desarrollo de la investigación los efectivos establecieron que Vargas Torres, era el líder de la banda; Juan Nicolás Barrera, José Jamer Morales Vargas y Jhonatan Martínez Méndez, son señalados de entregar motocicletas y apagar cámaras luces de los patios.
Sobre Jhon Weimar Varón López, al parecer, era quien recibía dinero de los partes; Guido Alexander Galíndez Sáenz, supuestamente extraía partes de vehículos y apaga luces; Luis Alfredo Samboní y Manuel de Jesús Salamanca Imbachi, presuntamente eran las personas encargadas de transportar las motocicletas que sacaban del patio.
En las oficinas de Intrapitalito trabajaban Derly Maritza Laguna Narváez, quien, al parecer bajaba del sistema los partes y falsificaba recibos, al igual que Danitza Daniela Benavides Cano; Carlos Alonso Rodríguez Berrío, es señalado de guardar pases, duplicar recibos, reimprime tarjetas de propiedad y bajaba comparendos del sistema.
Luisa Fernanda Calderón Lozada, secretaria de Carlos Alonso, al parecer baja partes del sistema y duplicaba recibos falsos; Héctor Fernando Chavarro Motta, esposo de Daniela y conductor del camión, supuestamente sacaba partes de vehículos de Intrapitalito, y el exdirector de Intrapitalito, William Iván Rojas Giraldo, al parecer autorizaba la salida de vehículos de los patios sin requisitos de ley.
USB y computadores
La operación simultánea en diferentes sectores del municipio de Pitalito, coordinada por el fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), que permitió la captura de los integrantes de la supuesta red delictiva, se extendió también hasta las oficinas de Intrapitalito donde los investigadores registraron computadores y discos duros.
“Requirieron información y documentación relacionada con los diferentes trámites y procedimientos que se vienen adelantando desde la vigencia anterior”, dijo Jessica Porras Valderrama, directora del Intrapitalito.
En los registros a la sede del organismo de tránsito y viviendas de los funcionarios, guardas y contratistas, los investigadores incautaron placas de vehículos, computadores, una máquina cortadora, memorias USB, discos duros, y licencias de conducción.
Prontuario
El fiscal del caso llevó a las personas capturadas a las audiencias preliminares ante el juez Tercero Penal Municipal con Funciones de Garantías de Pitalito, Gabriel Arcos, quien legalizó las capturas y allanamientos.
Entre tanto el delegado de la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, peculado, concusión, hurto y falsedad material en documento público. “Serían las responsables de exigir dinero a los infractores para retornarles los vehículos inmovilizados y evitar que les cargaran las multas”, explicó el fiscal en la audiencia ante el togado.
Ayer continuaron las diligencias judiciales con la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Al cierre de esta edición no se conocía la decisión del operador judicial.
La fuente judicial señaló que en el sistema Spoa de la Fiscalía se encuentran con anotaciones judiciales como indiciados, José Jamer Morales Vargas, por el delito de falsedad en documentos; Guido Alexander Galíndez Sáenz, investigado por lesiones personales con incapacidad menor 60 días; Jhon Weymar Barón López, dos anotaciones judiciales, una por inasistencia alimentaria y otra por abuso de confianza calificado y Manuel De Jesús Salamanca Imbachi, cuatro anotaciones una por inasistencia alimentaria, otra por estafa, una más por receptación y otra por falsedad ideológica en documento público.
