No sé en qué mundo viven los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila que de un plumazo sepultaron esta semana el turismo en el municipio de Rivera y dejaron a decenas de familias buscando qué hacer en adelante. Ordenaron cerrar las dos termales-uno de los principales encantos del pueblo- argumentando daño al medio ambiente, riesgos y prevención por posibles avalanchas.
Entiendo la preocupación de los togados opitas, pero si tienen tanta zozobra por las posibles avalanchas que se puedan registrar sobre los centros turísticos del municipio, ¿por qué no habían tomado la decisión antes, si el proceso se mueve en el Tribunal desde 2011? ¿O ya se les olvidó que la CAM hizo advertencias de posible remoción en masas en la zona desde 2008? ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar, en caso de que el invierno hubiera hecho estragos en los últimos 16 años? ¿Por qué se demoraron en tomar la decisión e, indirectamente, permitieron que se hicieran adecuaciones, remodelaciones y otras obras? ¿Quién responde por los daños y perjuicios?
Entiendo que a los magistrados les pagan- y muy bien- para aplicar el derecho y tomar decisiones, en muchos casos incómodas, pero debieron ponderar. Y quizás poner restricciones en los centros turísticos, pero no cerrarlos definitivamente. ¿Quién les pagará a los privados las inversiones millonarias que han hecho en estos atractivos? ¿Saldrá del bolsillo de los magistrados que profirieron y avalaron el fallo?
Lo fácil es pontificar desde un escritorio en el Palacio de Justicia en Neiva, pero lo complejo es mirar al otro lado de la verja y conocer cómo familias enteras saldrán damnificadas porque hasta el cura del pueblo se beneficiaba de los bañistas que llegaban a misa después del esparcimiento.
¿No era más fácil sancionar con multas, imponer medidas más flexibles y restringir las operaciones de los atractivos turísticos durante el invierno que, en el Huila, se registran entre marzo y abril y septiembre y octubre? ¿Querían propinar un golpe de opinión y justificar su labor?
Me uno al gobernador del Huila Rodrigo Villalba cuando dice que el fallo del Tribunal impactará a la joya de la corona del turismo en el departamento: el termalismo. Y lo impactará porque, en el caso del mandatario, tendrá que pensar, en época de vacas flacas porque no hay mayores recursos económicos, cómo salva a su pueblo que, después del cierre de las termales, será reconocido exclusivamente por vender postres.
Adiós a las termales, y de paso a todas las millonadas en publicidad para promocionar los destinos turísticos y toda la infraestructura. Bienvenida la desidia y más desempleo.
Nota uno: Es injusto culpar al alcalde de Neiva, German Casagua, porque su director del SETP, William Iván Rojas, resultó con orden de captura porque cometió hechos de corrupción cuando fue director de tránsito en Pitalito, en la administración del alcalde Edgar Muñoz. Pero tampoco se puede premiar la ingenuidad del mandatario al no revisar las hojas de vida. Una cosa es que no esté condenado o inhabilitado, pero otra sus investigaciones que debieron revisarse con lupa. Una llamada al Valle de Laboyos hubiera bastado. Al menos, el estallido de esa “mina” se hubiera podido evitar.
