La gobernación del Huila prepara por estos días un proyecto de ordenanza que será presentado a la Asamblea en el último periodo de sesiones ordinarias, con el propósito de que se apruebe el nuevo Plan de Ordenamiento Departamental, a pesar de las múltiples inconsistencias y falencias que presenta el documento.
Luis Enrique Dussan, exgobernador, recordado por estos días por haber comprado camiones de bomberos inservibles, no solo se caracterizó por mantener el clientelismo Villalbista en la Gobernación, la CAM, la Usco, el Hospital, la Contraloría de Vanegas y otras entidades públicas, sino que también quedará ahora en los anaqueles de la historia como el gobernador que entregó un Plan de Ordenamiento Territorial que no se ajustó a las necesidades de la región.
El contrato fue adjudicado en el último año de gobierno de Carlos Julio González al Consorcio POT, a través del Contrato de Consultoría No. 1029 de 2019. (Curiosamente único proponente). Se conformó un equipo técnico integrado por ocho personas y lideradas por el ingeniero agrícola Rodrigo Pedroza Medina, la mayoría cercanos al clan González Villa. El equipo no incluyó a ningún economista, situación que también explica las falencias encontradas en el componente socioeconómico del proyecto.
Dentro de las principales fallas también se encuentra que el diagnóstico de este proyecto fue realizado en el año 2021 reflejando unas características, situaciones y realidades muy distintas a las que tiene actualmente la región y los 37 municipios del Huila. Presentar un Plan Territorial con datos y análisis desactualizados y descontextualizados no solo es irresponsable sino que raya con la ilegalidad del proyecto.
El documento tampoco cumple rigurosamente los enfoques y contenidos indicados en el manual de formulación, ni con lo regulado por la Comisión de Ordenamiento Territorial, del Departamento Nacional de Planeación (COT 10 de 2016).
Otro craso error es que hicieron un “copy – pegue” del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural, incluyéndolo como la propuesta de contenido de la estructura socioeconómica, cuando evidentemente ambos son planes de naturaleza diferentes.
Este POD tampoco reúne el requisito de armonización con los actuales planes de Desarrollo Departamental y Nacional, situación que lo deja fuera del contexto de proyectos y programas regionales y nacionales.
La supervisión del llamativo contrato estuvo a cargo del funcionario de la gobernación Cesar Alberto Rozo, quien deberá ahora responder frente a las múltiples inconsistencias del proyecto y del contrato, que cinco años después, aún se encuentra en etapa de liquidación y ante la pasividad del actual secretario de Planeación del Huila, Camilo Lozano. En las sesiones de la Duma conoceremos sí finalmente los diputados legalizan el entuerto, convirtiendo en Ordenanza un documento que definitivamente de nada le servirá a la región y que si les podría generar implicaciones de tipo disciplinario.