Es doloroso registrar que el Huila esté siendo protagonista de hechos tan ominosos como el secuestro de personas. El secuestro no es solamente un delito sino una infracción al Derecho Internacional Humanitario que atenta contra la libertad, la dignidad y la integridad del secuestrado, sus seres queridos y la sociedad en su conjunto.
Basta echar un vistazo a algunos relatos de exsecuestrados: “Yo seguí encadenado a los árboles sometido a una tortura física, moral, sicológica. Sin saber cuál sería el final de esa situación. Cuando se pierde la libertad es difícil resignarse a no recuperarla. Un secuestrado siempre está pensando en su libertad, en cómo escapar, en cómo resistir”; “El ser, la persona que sale, es otra persona y la que se quedó o la que entró, esa persona que fue ya no es más”; “Lo que sucedió es que todo ese empleo se perdió. Y el efecto sicológico que el secuestro del edificio Miraflores generó en la sociedad neivana fue de un pánico generalizado en el empresariado”; “Era una muerte suspendida por que no solamente era la libertad individual del familiar que estaba secuestrado, sino que era la pérdida de la libertad colectiva de la familia y de la sociedad. Esa fue la degradación a la que llegó Colombia”.
El Huila, por cuenta de la violencia de las Farc, vivió a finales de los 90 y comienzos de los 2000 una época aciaga marcada por la abominable práctica del secuestro. Época a la cual la región no puede regresar. Por eso, los recientes secuestros del caficultor Álvaro Losada Vega en El Pital y de Ángela Valentina Gómez Campos en La Plata, por parte de las disidencias de las Farc, deben generar no sólo un gran repudio en la sociedad del departamento sino la movilización de las autoridades para regresar a las víctimas sanas y salvas y evitar nuevos secuestros.
El Huila no puede ser indiferente ante los secuestros de Álvaro y Ángela. “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos”.