El secretario de Gobierno de Neiva, Ferney Ducuara, anunció el fin del uso de la Unidad de Policía Judicial (UPJ) como centro transitorio para personas privadas de la libertad, revelando preocupaciones sobre su infraestructura y seguridad tras la fuga de 4 internos. Aunque la construcción, que ha alcanzado más del 87% de avance, estaba destinada a albergar a reclusos de alta peligrosidad, se plantean nuevos usos para el edificio.
María Alejandra Ruiz Mallungo
@amperiodista
“En cuanto a la Unidad de Policía Judicial, (UPJ), ya anunciamos que como centro transitorio para las personas privadas de la libertad: se acabó”, expresó José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva, frente a las numerosas dudas y preocupaciones en torno a esta obra, que fue concebida para albergar a cerca de 150 personas en situación de reclusión de “alta peligrosidad”. La obra se encuentra ubicada en el barrio Bogotá, en el sur de la ciudad.
“La UPJ es un proyecto que data de 2016. En esa fecha se hicieron los estudios y diseños; posteriormente, comenzó el proceso de construcción durante el gobierno anterior (Gorky Muñoz, 2020-2023), y a nosotros nos ha correspondido verificar la culminación de esta obra. Actualmente, se encuentra un poco más del 87% de la construcción”, añadió el secretario.
Esta estructura, que buscaba ayudar a descongestionar los centros de reclusión transitorios de la ciudad de Neiva—las antiguas bodegas de Alpina, el CAI del barrio Bogotá y la estación de Policía de El Caguán, donde están privadas de la libertad más de 315 personas—fue de más a menos en su propósito inicial. En primer lugar, el contratista informó que no contaba con “los recursos suficientes” para completar el proyecto, cuya inversión supera los 4.600 millones de pesos.
A pesar de que la entrega de este centro debió ser total y estar dotado, en junio del presente año se trasladó a cerca de 150 personas a la UPJ para aliviar el hacinamiento en los tres centros transitorios. Sin embargo, de estos, cuatro se escaparon del lugar, lo que evidenció “una construcción un poco endeble, un poco débil”, según manifestó el secretario. En agosto, 116 de estos internos fueron devueltos a las antiguas bodegas de Alpina y otros trasladados al centro carcelario de Rivera.
“Creo que cuando se diseñó la obra, nunca se consideró el grado de destrucción que podrían generar los detenidos de alta peligrosidad por hurto, extorsión, terrorismo o homicidio. Estos tienen una gran capacidad de causar daño, al punto de reventar barrotes y perforar paredes. De hecho, hace un mes se presentó una fuga de cuatro de estos individuos, de los cuales uno fue recapturado. Esto demuestra la debilidad del diseño para funcionar como un centro de atención transitorio”, explicó Ducuara.
¿Qué pasará?
Lo anterior llevó a la administración de German Casagua a replantear el uso que se dará a las instalaciones una vez que la empresa contratista entregue la obra. Es decir, aunque la construcción se utilizará, o eso aseguran desde la Alcaldía de Neiva, no será para el propósito original.
“Estamos analizando, junto con la Policía, convertir la UPJ en un centro de traslado por protección. Esto sería para jóvenes desadaptados que agreden a funcionarios de gobierno, o aquellos que, en estado de excitación por consumo de drogas, generan problemas de convivencia y deben ser trasladados para proteger la vida de sus familiares”, manifestó Ducuara. También se está considerando mover oficinas que actualmente están en el edificio de la Alcaldía de Neiva.
“No solo habrá celdas, también se destinarán espacios para oficinas administrativas, inspectores de policía, Comisarías de Familia y salas de audiencias”, añadió el funcionario. Sin embargo, este plan no se llevará a cabo mientras la obra no esté completamente terminada. Después de su entrega, se deberá verificar la infraestructura y realizar los reforzamientos necesarios, tarea que, según Ducuara, estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura de la ciudad.
Evaluación y revisión
“Si ya no es un centro de detención transitorio y se desea convertir en un centro de traslado por protección, habrá que revisarlo desde el punto de vista legal. Es una obra que no ha sido entregada ni dotada, pero si legalmente es posible, yo siempre he dicho que debemos ser prácticos y utilizar las instalaciones públicas de la manera que más lo requiera la sociedad, el municipio y todas las instituciones responsables de velar por la seguridad de los neivanos”, expresó Juan Diego Amaya, presidente del Concejo de Neiva.
Amaya agregó: “La UPJ fue uno de los proyectos estratégicos que debían ser financiados por el primer crédito de la administración de Gorky Muñoz. De acuerdo con lo establecido en el acuerdo de otorgación de crédito de 2020, debía ser terminada y financiada en su totalidad con esos recursos. Eso no sucedió”.
Por su parte, Héctor Javier Osorio, concejal de Neiva, mencionó: “La obra no solo debe terminarse, sino que también debe evaluarse para su continuación. Para eso, el gobierno municipal debe resolver dos puntos: primero, asegurar los mecanismos jurídicos para que el contratista cumpla y entregue la obra; y segundo, diseñar y llevar a cabo una segunda fase que garantice la seguridad efectiva en la UPJ, dadas las evaluaciones previas de inseguridad.” Para el cabildante, es esencial buscar una solución definitiva que incluya cofinanciación del Ministerio de Justicia, del municipio y un mayor recaudo para la construcción del centro de traslado por protección, previsto en la Ley 1801 de 2016.
Bajo vigilancia
Desde la Defensoría del Pueblo, a cargo de Johana Rojas, explicó que este ente, encargado de velar y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, “vigila la UPJ, que desde julio se convirtió en un lugar de estancia para personas indiciadas, llevadas a la justicia sin haber obtenido condena o absolución. A través de nuestra delegada de política penitenciaria, junto a la personería de Neiva y la Procuraduría General de la Nación, realizamos verificaciones sobre los mínimos constitucionales que deben garantizar esta población privada de la libertad, para definir el futuro inmediato de esta edificación y, por supuesto, determinar el lugar donde deben permanecer estas personas, cuyo mandato recae en la Alcaldía de Neiva”.