La nueva defensora nacional del Pueblo, Iris Marín Ortíz, habla con LA NACIÓN y expresa su gran preocupación por el panorama de violencia que enfrenta el Huila. “A la institucionalidad le corresponde desplegar el máximo de sus capacidades y competencias para gestionar los escenarios de riesgo”, advierte. Hace un llamado a las disidencias de las Farc para que no afecten personas y bienes civiles.
Jesús Antonio Rojas Serrano
Aquí está la primera entrevista en la que la nueva defensora nacional del Pueblo, Iris Marín Ortíz, se refiere puntualmente al panorama de violencia que viven los huilenses. Ella es la primera mujer en la historia en dirigir la Defensoría del Pueblo, entidad garante de los derechos humanos en el país.
¿Qué significa para el país que una mujer esté al frente de la Defensoría del Pueblo?
El hecho de que por primera vez en 33 años una mujer esté al frente de la Defensoría del Pueblo tiene un significado profundo para el país en varios sentidos. Primero, es un reflejo del compromiso del Congreso por adoptar una medida efectiva de inclusión de la mujer en el poder público. Además, es un avance que las mujeres hemos logrado en términos de equidad de género en una sociedad que ha estado históricamente marcada por desigualdades de género. En segundo lugar, estar al frente de la Defensoría del Pueblo, cuya misión es la defensa de los derechos humanos de todas y todos los habitantes del territorio, también me permite enfrentar mi compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la inclusión de una perspectiva de género en nuestras acciones. Es una oportunidad para continuar enfrentando y visibilizando una de la crisis de derechos humanos más grandes del país y es la violencia contra las mujeres e impulsar la participación de las mujeres y la prevención de la violencia en contra de las mujeres. Además, el liderazgo femenino en esta entidad envía un mensaje a la sociedad y es que las mujeres podemos ser protagonistas en la transformación social del país.
El Huila, como varias regiones del país, están siendo afectadas por la presencia de grupos ilegalmente armados y la ocurrencia de secuestros, extorsiones, masacres, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, ¿qué hacer?
La situación, en efecto, es preocupante y por ello en las nueve Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para el Huila y que cubren 11 de sus municipios (Íquira, La Plata, Nátaga, Paicol, Neiva, Tello, Baraya, Colombia, Algeciras, Garzón y Gigante), hemos advertido al Estado colombiano, a todos sus niveles, la necesidad de trabajar conjuntamente en una efectiva y adecuada respuesta de prevención a los riesgos de vulneraciones de los derechos humanos que se pueden materializar en reclutamiento y uso ilícito de niños, niñas y adolescentes, desplazamientos forzados, atentados contra los derechos a la vida, libertad e integridad personal, pero también que impida la extensión de los escenarios de violencia a otros municipios del Huila y la consolidación de una gobernanza armada ilegal por parte de los grupos al margen de la ley que tienen presencia e influencia en este departamento. Creemos que la respuesta estatal podría ser más contundente y efectiva si se encamina a la superación de los factores de vulnerabilidad social, económica e institucional, realizando esfuerzos conjuntos y sostenidos para la prevención temprana de algunos municipios donde el impacto de la violencia armada aun no es tan grande.
¿Cuál es el llamado concreto que hace la Defensoría del Pueblo tanto a la institucionalidad?
A la institucionalidad le corresponde desplegar el máximo sus capacidades y competencias, para gestionar de manera adecuada y eficaz los escenarios de riesgo que hemos advertido para el Huila. Esto implica necesariamente el cumplimiento integral de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas. Estas recomendaciones que, por el principio de buena fe, esperamos sean acogidas y acatadas por las instituciones en el nivel nacional y territorial, son una importante hoja de ruta para implementar las medidas de garantía de atención humanitaria, acceso a la justicia, superación de vulnerabilidades socioeconómicas, y de manera particular, y esto debe resaltarse, para el fortalecimiento de los capacidades sociales y comunitarias de la población civil y de colectivos y organizaciones. Sin perjuicio de lo anterior, está el deber funcional de todas las entidades concernidas, en el marco de las obligaciones de garantía que asisten al Estado colombiano, para hacer todo lo posible en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos, y esto pasa por gestionar recursos cuando no los hay, buscar el apoyo del nivel nacional siempre que se requiera, hacer mayor presencia y llevar la oferta institucional a zonas de alta conflictividad y recobrar la confianza de las comunidades fracturada por el miedo y la zozobra, siempre bajo una perspectiva de acción sin daño.
¿Y qué mensaje le envía a las disidencias de las Farc en el Huila?
El llamado principal es el cumplimiento irrestricto del Derecho Internacional Humanitario, evitando afectaciones a personas y bienes civiles. En igual sentido, reiterar que es imperativo abstenerse de afectar los derechos a la vida, integridad y libertad de las comunidades en general y de grupos de especial protección constitucional. Pediría de manera muy concreta respecto del Huila, respetar la labor que cumplen las personas líderes y defensoras de derechos humanos, evitando la instrumentalización de estos para mandar mensajes a las comunidades o para imponer contribuciones forzadas bajo amenazas.
Hace poco se registró el caso en La Plata, Huila, de dos niñas de 12 y 13 años de edad reclutadas por las disidencias de las Farc, ¿cómo recuperarlas y detener nuevos casos?
El riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por actores armados, se ha advertido en La Plata mediante la Alerta Temprana 025 del año 2022 y lastimosamente viene consumándose no solo en La Plata sino en diferentes zonas del departamento. En principio, debe activarse el Equipo de Acción Inmediata del municipio, el cual tiene la responsabilidad de gestionar acciones para verificar los hechos y en caso de tener la posibilidad de gestionar el rescate de las menores de edad, es necesario interponer las denuncias respectivas. Desde la Defensoría del Pueblo, se ha logrado impulsar espacios de diálogo humanitario para interceder ante los grupos, en el marco de nuestras funciones constitucionales y legales, con el propósito de lograr el rescate y recuperación de menores de edad que han sido reclutados, sin embargo, este sigue siendo un gran reto para la institucionalidad, pues actualmente por el aumento del control territorial y social que ejercen los actores armados en todo el territorio, la mediación e interlocución con ellos es cada vez más difícil. Con respecto a las acciones de prevención, es necesario resaltar la necesidad de implementar a nivel departamental y municipal la política pública de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual. Así mismo, la labor de prevención resulta de vital importancia en especial desde las instituciones educativas.
Respecto a los secuestros, ¿no teme que el país esté regresando a esa época aciaga de finales de los 90 y comienzos del 2000 cuando se ‘dispararon’ los secuestros tanto políticos como extorsivos?
Nos preocupa enormemente el tema de la ocurrencia de secuestros, su crecimiento en los últimos cuatro años (2020 con 80, 2021 con 99, 2022 con 141, 2023 con 221) y los 106 casos que han sido registrados por la Policía Nacional en lo corrido del 2024, a nivel nacional. Más allá de las cifras, es la violación del derecho a la libertad como uno de los derechos más esenciales de una persona y con ello, la afectación a otros derechos igualmente fundamentales para la víctima y su familia. Para ilustrar las nuevas dinámicas de violencia, debe decirse, por ejemplo, que estamos ante un auge del crimen organizado, que en ocasiones se intersecciona o no con las dinámicas de conflicto armado en que viven en diversas regiones del país, y que a los que en diversos casos se les atribuye la realización de esta conducta. En nuestra Alerta Temprana para Neiva, por ejemplo, estudiábamos en algunas comunas la dinámica de la delincuencia común con la detonación de explosivos en establecimientos comerciales que no han pagado extorsiones, por ejemplo, en un escenario de control del Estado Mayor con el Frente Darío Gutiérrez. El fraccionamiento o división de facciones disidentes de las antiguas Farc, antes agrupadas en el Estado Mayor Central, también es una manifestación de los escenarios de riesgo emergentes, donde no hay duda que esta fractura en el actor armado ilegal tendrá consecuencias en términos humanitarios para muchas comunidades.
¿Qué tanto sirven las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo?
Uno de los principales logros de las alertas tempranas en el Huila ha sido visibilizar los múltiples escenarios de riesgo que sufre su población, que en el nivel nacional se ignoran o se minimizan de cara a la intensidad de la violencia en los vecinos departamentos de Cauca o Caquetá. Como Defensoría hemos apostado además a identificar riesgos para puntuales segmentos poblacionales que sufren un impacto diferencial en medio de las dinámicas del conflicto, entre ellas las personas signatarias del Acuerdo de Paz, sus familias y las formas organizativas de la reincorporación en el municipio de Algeciras, o para los pueblos indígenas, autoridades propias y representativas de Íquira y de la Plata, el gravísimo riesgo de reclutamiento forzado también para el municipio de Íquira, entre otros.
¿Qué le está haciendo falta a la ‘Paz total’ para que logre pacificar al país?
La ‘Paz Total’ es un esfuerzo ambicioso que busca no solo la desmovilización de actores armados, sino también la construcción de un país más justo y equitativo. Sin embargo, para que esta política realmente logre pacificar a Colombia, es fundamental abordar varios desafíos pendientes: el fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios: Muchos de los territorios más afectados por la violencia siguen padeciendo una ausencia del Estado en términos de seguridad, educación, salud y justicia. No basta con desarmar a los grupos ilegales; es crucial garantizar que el Estado llegue de manera efectiva y sostenida a estas zonas. Hay que darle garantías de seguridad a los excombatientes y líderes sociales: A pesar de los esfuerzos por implementar acuerdos de paz, los asesinatos de líderes sociales y excombatientes continúan. Es imperativo reforzar las medidas de protección para quienes defienden derechos humanos y construyen paz en los territorios. También es necesario darle participación activa a las comunidades en la construcción de la paz: La paz no puede ser impuesta desde arriba. Es necesario que las comunidades sean protagonistas de los procesos de paz, no solo como receptoras, sino como agentes de cambio. Esto implica una mayor participación en las decisiones locales y en la implementación de proyectos productivos y de desarrollo. Es fundamental, así mismo, darle atención a los factores estructurales de la violencia: La inequidad, la pobreza y la falta de acceso a oportunidades continúan siendo causas profundas del conflicto. La paz total solo será sostenible si se logra una verdadera transformación social que garantice condiciones dignas para todos los colombianos.
En regiones como el Huila, la queja permanente es la falta de defensores públicos, ¿cómo piensa abordar esa problemática?
El compromiso de la Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría pública, no es solamente con el Huila sino con todo el país, para que, en cada rincón del territorio nacional, la población más vulnerable tenga garantizado el acceso a la administración de justicia por medio de la representación judicial y extrajudicial que realizan nuestros defensores públicos, sobre la base del mandato constitucional y legal. De manera que, actuaremos en consecuencia y continuaremos ejecutando los estudios de necesidad en cada regional conforme con la demanda del servicio, para atender tanto la realidad social como las necesidades que asisten al país; necesidades que, por supuesto, lejos de ser estáticas, atienden el dinamismo propio de nuestra sociedad. En todo caso, debe reconocerse que la Defensoría del Pueblo está en mora de adelantar un estudio técnico adecuado de la carga profesional de los defensores públicos, con miras a determinar, con exactitud, si es que, como parece ser, existe un déficit o deben reformarse los modelos de gestión y control del recurso humano existente.
