Con el telón de fondo de la pérdida de 101.000 empleos reanuda su trámite en la Cámara de Representantes el polémico proyecto de reforma laboral. Ya se evacuaron con celeridad más de 120 impedimentos, con lo cual el proyecto está listo para entrar a votarse a partir de este lunes. Sobra decir que este no surtió ningún intento de concertación, al igual que los proyectos de reforma de la salud y el tributario, que se presentaron de manera casi clandestina y desatendiendo todos los llamados de los sectores afectados. Por lo visto, este gobierno solo concierta con los grupos criminales y con quienes acuden a las vías de hecho.
Dicho lo anterior, quiero insistir en que la reforma laboral es desequilibrada, prejuiciosa y, lo peor, les da la espalda a los problemas estructurales en materia de empleo.
Veamos: es desequilibrada, pues crea más de 41 nuevas obligaciones a los empleadores y ni una sola a cargo de los trabajadores y los sindicatos; es prejuiciosa, pues en varios artículos parte del incumplimiento de las empresas para referirse a las multas que les impondrán por inobservar las múltiples responsabilidades que les imponen, y es inconveniente e inoportuna, pues les da la espalda a los informales y a los desempleados, es decir, a los más vulnerables del país. En últimas, el proyecto termina generando más prebendas y beneficios para los pocos que hoy en día gozan de un contrato de trabajo formal.
Esta reforma es abiertamente contraria a una política de generación de empleo que se necesita con urgencia. Además, encarecerá el empleo formal. Todo, como siempre, con una alta dosis de ideología. El primer efecto de la reforma será sobre la informalidad, que hoy se ubica en un 56 % y podría tener un incremento de entre 7 y 12 puntos y un aumento de los costos laborales de entre 3,9 y 7,8 puntos porcentuales, impactando la tasa de desempleo, que ya hoy está por encima del 10%. Esta reforma no tiene un solo artículo que apunte a resolver el problema de la informalidad y, menos aún, a generar un puesto de trabajo. Está hecha para complacer a los sindicatos y retribuir el apoyo a la campaña de Petro. Y claro que esconde un propósito eminentemente politiquero de cara a las elecciones de 2026.
La reforma eleva sustancialmente los costos laborales, comenzando con los recargos nocturnos y los dominicales. Estos incrementos incentivarán más informalidad y subirán los precios de los bienes que se producen en la industria del país.
Estos incrementos podrían llevar a una disminución del número de puestos de trabajo (34,3%), a la no contratación de nuevos empleados (29,8%) e, incluso, a algunos empresarios los obligaría a cerrar su empresa (5,2%). El 91,3% de los empresarios han señalado que no tiene la capacidad de asumir este incremento, y el 58,4% señaló que, si se implementara esta modificación de forma inmediata, reduciría el número de empleados.
Las indemnizaciones por despido pueden llegar a incrementarse hasta en un 165%. Tendremos, entonces, las tasas más elevadas de indemnización en comparación con las de toda América Latina (63,8%).
El proyecto abre la puerta para que el contrato de aprendizaje mute a un contrato de trabajo y tiene como fin buscar la sindicalización de los aprendices. Aquí hay un incentivo perverso, y es que las empresas se verán tentadas a pagar la monetización en lugar de contratar a los aprendices.
Como las anteriores, he detectado 14 problemas muy graves en el proyecto, relacionados con permisos, licencias y nuevas obligaciones al empresario, nueva reglamentación de los procesos disciplinarios y limitaciones al contrato a término fijo y otros relativos a tribunales de arbitramento y pactos colectivos. Sobre todos estos temas hay que poner la lupa, por su impacto en los costos laborales que hacen perder competitividad a nuestras empresas y desincentivan la creación de empleos formales como los del sector rural, en donde el 84% son ocupados informalmente.
Nuestros costos laborales ya son significativamente más altos en comparación con los de otros países. Representan el 45% de los ingresos brutos de las empresas, mientras que en el promedio de los demás miembros de la Ocde esta cifra es solo del 36%.
Difícil encontrar un peor momento para elevar en cerca del 30% los costos al aparato productivo, con una economía estancada y con la incertidumbre de una nueva reforma tributaria.