Opiniones diversas ha generado la decisión del Consejo Nacional Electoral, quien decidió abrir una investigación y formular cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego. LA NACIÓN escuchó la postura de congresistas y diputados huilenses, además de concejales de Neiva, tanto de gobierno como de oposición.
Johan Eduardo Rojas López
Johan.rojas@lanacion.com.co
Múltiples reacciones se generaron, luego de que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera el martes abrir una investigación y formular cargos a la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro Urrego a la Casa de Nariño en 2022 por presuntamente violar los topes de financiación permitidos por la ley. La ponencia fue impulsada por el magistrado huilense Álvaro Hernán Prada.
Según el CNE, la campaña omitió, para la primera vuelta electoral en las presidenciales: aportes realizados por el sindicato de profesores, conocido como FECODE, por 500 millones de pesos; aportes realizados por el sindicato obrero, conocido como USO, por 379 millones de pesos; un préstamo realizado por el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, por 500 millones de pesos; reportar los pagos a testigos electorales, por la suma de 921 millones de pesos; los gastos por propaganda electoral, por la suma de 356 millones de pesos; los pagos al movimiento Colombia Humana, por 500 millones de pesos. La decisión del CNE también aclara que era prohibido que personas jurídicas, como Fecode y la USO, aportaran a las campañas.
Luego estarían las irregularidades para la segunda vuelta presidencial, de acuerdo al CNE. Entre estas: omitir el pago que hizo la campaña el 19 de junio para celebrar la victoria en el Movistar Arena de Bogotá (que costó 100 millones de pesos); no reportar pagos a testigos electorales (177 millones de pesos); no reportar gastos de transporte aéreo (926 millones de pesos); no reportar gastos a Colombia Humana (530 millones de pesos); no reportar aportes realizados por la USO (379 millones de pesos).
En total, las irregularidades de las dos vueltas presidenciales sumarían 5.355 millones de pesos.
¿Inició el golpe de Estado?
Tras conocerse la decisión, inmediatamente, a través de sus redes sociales el Presidente indicó que “ha comenzado el golpe de Estado”, debido a que están “interesados en destituirlo”.
“Nos han puesto en un momento difícil, grave, porque a lo que van es al golpe de Estado; no somos bobos para no saberlo. Va a haber movilización del pueblo, y grande, inmensa, porque este pueblo se cansó de la injusticia”, indicó Petro Urrego.
El CNE no tiene la facultad de destituirlo, como lo ha aclarado el Consejo de Estado, y la máxima sanción que podría imponer es una multa. Solo el Congreso podría destituir al Presidente, si es que hay una acusación formal ante la Comisión de Acusaciones, y una aprobación luego en la Cámara de Representantes para que el presidente sea juzgado en el Senado.
El Presidente considera que esa sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aún no es respetada, al permitirle al CNE investigarlo a pesar de su fuero presidencial. “Le pido al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo por qué lo que ha hecho por mayoría el CNE es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley”, expuso.
Reacciones
“No considero que sea un golpe de Estado”
Para Luz Pastrana, representante a la Cámara por el Huila, la decisión del CNE es parte del proceso natural de las investigaciones que se realizan para garantizar la transparencia de las campañas políticas, tal como se ha hecho con otras. Sin embargo, le preocupa “profundamente la desinformación que el presidente Gustavo Petro está generando en torno a este proceso”, lo que puede generar confusión en la opinión pública. Ese manejo, según ella, puede ser perjudicial para el país, ya que genera incertidumbre y división.
“Soy respetuosa de los organismos competentes y de su labor. Las instituciones están actuando dentro de sus competencias y, al igual que en cualquier democracia, el proceso debe seguir su curso con respeto y sin tergiversar los hechos. No considero que la decisión del CNE sea un golpe de Estado”, señaló la congresista de Cambio Radical.
Agregó que, “la convocatoria a movilizaciones y la solicitud de apoyo internacional pueden ser vistas como una estrategia de distracción o una forma de desviar la atención del proceso en curso. Es fundamental que como país nos enfoquemos en fortalecer nuestras instituciones y confiar en los canales legales establecidos para resolver este tipo de situaciones. No es momento de aumentar la tensión, sino de promover la unidad y la confianza en la democracia”.
¿Una decisión con intenciones políticas parcializadas?
La también representante a la Cámara por el Huila, Leyla Marleny Rincón Trujillo, por el contrario, manifestó que claramente se trata de una decisión con intenciones políticas parcializadas, con el agravante de que viola la Constitución, debido a que es claro que una autoridad administrativa, como el CNE, no puede investigar, procesar o condenar al Presidente de la República, quien por su cargo cuenta con fuero constitucional. Únicamente la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede iniciar una investigación en contra del Presidente.
“Es una decisión inconstitucional, ilegal e irresponsable que pone en riesgo la estabilidad de nuestra democracia. Esto sienta un grave precedente que podría llevar a nuestro país a revivir épocas oscuras, de profunda confrontación y división política, con consecuencias impredecibles que reviven la violencia política y los autoritarismos. La clase política de este país, representada por algunos magistrados del CNE, tiene la intención de llevar a un juicio político al Presidente Petro con el fin de destituirlo. En mi opinión, los magistrados presuntamente prevaricaron, ante lo cual deben responder ante la justicia, como funcionarios públicos estamos sujetos a la Constitución, a las leyes y al régimen del servidor público”, insistió la congresista del Pacto Histórico.
Comentó adicionalmente que el Presidente de la República “es un demócrata y un hombre de paz”, por ello ha llamado a la movilización del pueblo en forma pacífica con el fin de defender la voluntad democrática y popular, que no puede ser desconocida por una autoridad administrativa conformada por políticos de partidos tradicionales, que no fueron elegidos por voto popular.
“Una decisión en derecho”
El diputado conservador Omar Alexis Díaz Cuéllar también se refirió a la situación, que considera “una decisión en derecho”, debido a que se dieron las garantías y se ha respetado el debido proceso. Explicó que la ley le atribuye al CNE el poder de supervisar las campañas electorales, y a Petro como candidato, pero la sanción, así sea solo administrativa, únicamente podría recaer en la campaña y no en el Presidente de la República.
“De hecho, el presidente nunca se ha referido ni puesto en entredicho esto, ya que es consciente de que el CNE ha brindado total garantías; el CNE ha iniciado un proceso como tantos más, inclusive no debemos pasar por alto que también lo ha hecho con otros presidentes. Ahora bien, la función del CNE es probar si hubo o no vulneraciones durante la campaña y, en caso de ser así, enviar las pruebas a la Comisión de Acusaciones, que es el único órgano que puede acusar al jefe del Estado; esta actuación, en concordancia con la constitución, garantiza que no se le está vulnerando su fuero”, sostuvo.
Según Díaz Cuéllar, el “cuento” de un golpe de Estado en contra de Petro Urrego para sacarlo del poder es una narrativa vieja que el mismo Presidente ha agudizado esta semana. “Convocar a sus seguidores a marchar es polarizar el país y envía un mensaje equivocado en contra de esa institucionalidad que él debe garantizar como jefe máximo”, concluyó.
La verdad prevalecerá
Por su parte, Frank Fierro Mayorga, diputado militante del Pacto Histórico, aseguró que respeta la institucionalidad del CNE, sin embargo, ve con preocupación que esta investigación “parece parte de una estrategia para frenar el proyecto de cambio que promovemos. Nuestra campaña se ha conducido con total apego a la legalidad y creemos que la verdad prevalecerá.”
“El presidente Petro ha señalado una realidad: ciertos sectores intentan deslegitimar su mandato y frenar las reformas. Este tipo de estrategias de desestabilización no son nuevas en América Latina y representan una amenaza para la democracia”, detalló Fierro Mayorga.
Recalcó además que “las movilizaciones son una expresión legítima del pueblo colombiano, pilar del Pacto Histórico. El llamado a la comunidad internacional busca proteger nuestra democracia frente a los intentos de desestabilización y defensa de los derechos humanos”.
¿En busca de desviar la atención?
El concejal de Neiva, Johan Steed Ortiz Fernández, militante del Centro Democrático, considera que el Presidente le está dando un ‘tinte’ político a un proceso que, según él, no lo tiene. También cree que la primera autoridad del país está montando “una cortina de humo con este tema, para hacer creer que se trata de un golpe de Estado”, cuando aquí lo peor que puede pasar es que le pongan una multa económica.
“Creo que todos los que nos inscribimos en cualquier proceso electoral conocemos las reglas del juego y sabemos que podemos ser investigados si violamos los topes de campaña, o incluso si no reportamos los gastos e ingresos totales. Así que creo que es una decisión normal, que se ha dado contra el candidato Gustavo Petro. Considero que quiere desviar la atención del tema de seguridad, que cada día está peor en nuestro país. Lo que pasa es que la gente no le cree ya a sus shows”, precisó.
“Se pone en riesgo la democracia del país”
Lourdes Paola Mateus Serrano, también concejal de Neiva del Pacto Histórico, afirmó que se trata de una decisión sin precedentes en el país que reaviva una puja existente entre la Cámara de Representantes y el CNE por la competencia para juzgar al Presidente de la República. Para la cabildante, lo que está claro es la instrumentalización política de un órgano como el CNE, que bajo la ponencia de Álvaro Hernán Prada, un opositor férreo al Presidente y hoy juzgado incluso por la Corte Suprema de Justicia, usa su poder para atacar a un oponente político, desconociendo incluso posiciones de reserva de estas facultades que ya se habían tenido.
“Creo que la aseveración del golpe de Estado tiene todo el sentido. Si el CNE pasa su competencia constitucional e invade la de otra instancia que juzga al Presidente, que es la Cámara de Representantes, se rompe un fuero constitucional que pone en riesgo la democracia del país. No es la primera vez que suceden circunstancias que pretenden sacar al hoy Presidente del poder”, reiteró Mateus Serrano.