Para comenzar con esta columna debemos recordar que las altas cortes han establecido que el Consejo Nacional Electoral puede investigar la campaña presidencial y al entonces candidato. Y que cualquiera que sea la conclusión de dicha investigación, no va a terminar con la destitución del actual Presidente.
De conformidad con lo anterior, es fácil concluir que no existe un golpe de Estado. Esa es la entidad que institucionalmente tiene como función investigar las eventuales irregularidades en la campaña presidencial de quien hoy nos gobierna, tal como lo hicieron con las anteriores, por lo que hoy existen condenados y acusados ante los jueces.
No se discute que la conformación del Consejo Nacional Electoral deja mucho que desear, pero así se encuentra establecido en las normas que estaban vigentes en el 2022 cuando resultó elegido Petro, entonces que no vengan con el cuento de que no es el adecuado o no tiene facultades para investigar las irregularidades en la campaña.
Lo grave del asunto y lo que, al parecer, quieren ocultar desde el Gobierno, su partido y sus defensores a ultranza es que, según las pruebas conocidas, los topes de los gastos de campaña fueron sobrepasados en primera y segunda vuelta, es decir, que presuntamente se incurrió en una falta administrativa y un eventual delito que debe ser investigado y sancionado.
Lo contradictorio y aún más lamentable son las excusas infantiles de los involucrados y de los obsecuentes seguidores del gobierno, entre otras, asegurar que la campaña terminó el día anterior a las elecciones y, por tanto, cualquier gasto posterior no debe ser incluido en los mencionados límites.
Lo incuestionable es que Petro habría llegado a la presidencia como lo hicieron sus antecesores, quebrantando las normas, y una vez posesionado, también ha hecho lo mismo que quienes los antecedieron, usar todas las herramientas que tiene a la mano para evitar que lo investiguen y sancionen como se encuentra establecido en nuestro ordenamiento jurídico.
En resumidas cuentas, según las pruebas pudo haberse cometido un delito y una falta administrativa, por lo que se debe proceder como ordenan las leyes. Es esa la esencia de la discusión, aquí no cabe cuestionar al juez natural o defenderse con excusas pueriles; quien haya infringido las normas tiene que responder y asumir las consecuencias de sus actos.
Es paradójico, el actual gobierno fue promocionado como el del cambio, el primero de izquierda en la historia del país, pero nos ha demostrado que se comporta como los anteriores, o sea que seguimos en las mismas. Preguntémonos: ¿qué habría dicho de esto el entonces implacable senador Gustavo Petro?