Navegando en redes sociales me encontré con un meme que retrataba de forma sencilla y macabra, la gran resistencia que las bacterias han ganado frente a lo antibióticos. Lejos de ser un chiste, este fenómeno amenaza con matar más de 200 millones de personas en los próximos 25 años, de acuerdo con una investigación publicada en la revista médica The Lancet, citada por El País. Lo triste del asunto, es que la principal causa detrás del surgimiento y evolución de las “Superbacterias” es la falta de seriedad y responsabilidad en el uso de los antibióticos.
En el caso de Colombia, convergen muchos factores que hacen mucho más complejo construir regulación que sea realmente efectiva. Por un lado, tenemos un grueso de la población que no tiene acceso efectivo y oportuno a servicios médicos, dejándolos a la deriva y a merced de recomendaciones de amigos o familiares a los que cierto “medicamento” les funcionó. Por otro lado, tenemos una sobrepoblación de farmacias, en las que podemos encontrarnos con las estrictas y con las de moral distraída. En el caso de las segundas, estas inyectan, “formulan”, conectan con redes clandestinas de médicos para la emisión de incapacidades falsas y venden todo tipo de medicamentos sin dificultad alguna, incluidos los antibióticos.
Al respecto, han existido iniciativas legislativas tendientes a la creación de fuertes sanciones y controles, sin embargo, se han hundido en su trámite legislativo. En este sentido, puede citarse el proyecto de ley No. 90 de 2014 – Senado, el cual establecía la obligación de presentar y validar las fórmulas médicas de forma previa a la venta. De igual forma, limitaba la venta a farmacias debidamente autorizadas. En cuanto a sanciones, se establecía la posibilidad de imponer multas sucesivas hasta los 50 salarios mínimos, así como la suspensión de la licencia de funcionamiento, el cierre temporal del establecimiento e incluso, el cierre definitivo del mismo.
En mi criterio, más allá de adoptar el típico enfoque represivo, las autoridades sanitarias deberían optar por un enfoque que ofrezca incentivos a las farmacias más estrictas y cumplidoras, tal como lo sería la creación de un sistema categorizado de farmacias. En este sistema, las farmacias podrían clasificarse en tres grupos: (i). Las de mayor cumplimiento regulatorio; (ii). Las de medio cumplimiento; y (iii). Las de bajo cumplimiento. El incentivo consistiría en implementar criterios de dificultad y temporalidad en las licencias de funcionamiento que sean proporcionales a la categoría. A mayor índice de cumplimiento, mayor facilidad en la renovación y viceversa.