La violación y posterior homicidio de la niña Sofía Delgado en el Valle del Cauca ha dejado en evidencia la ineficacia de la justicia penal colombiana, al conocerse que el confeso violador y homicida tiene otro proceso penal por un presunto caso de abuso sexual de otra menor de edad en 2018 y que bajo la figura del vencimiento de términos le fue otorgada la libertad.
Esta situación genera muchos interrogantes que la Comisión de Disciplina Judicial deberá responder, cuando evalúe si el juzgado actuó correctamente al aplicar dicho recurso legal, que permitió la libertad de este violador y que de haber existido pronta y eficaz justicia, muy probablemente no habría cometido tan abominable crimen.
Aunque la aplicación de tal mecanismo genera escozor entre la ciudadanía, no se debe perder de vista que se trata de un dispositivo que busca proteger el derecho fundamental de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable, con el objetivo de evitar la prolongación indefinida de los procesos penales, protegiendo así al acusado de la incertidumbre y de una posible privación injustificada de la libertad.
Este principio busca que el sistema de justicia penal sea eficiente, oportuno y respetuoso de los derechos fundamentales. Sin embargo, cuando es aplicado en casos aberrantes como el de violaciones u homicidios de menores de edad, se produce una generalizada indignación por la posible falta de diligencia que a su vez genera desconfianza y escepticismo en el aparato judicial.
Si bien hay que guardar prudencia antes de hacer acusaciones por tales actuaciones que evidenciarían graves deficiencias que se explicarían posiblemente en la congestión y la falta de más juzgados, este tipo de episodios desmejoran la percepción de la ciudadanía sobre el sistema y la normatividad, pues pareciera que tienden a proteger más al victimario que a la propia víctima.
Es indispensable que el Gobierno nacional, el Congreso de la República y el Consejo Superior de la Judicatura revisen integralmente la política criminal, la congestión judicial y la forma de mejorar los altísimos indicadores de impunidad existentes.