Los recientes ataques criminales de las Farc en los municipios de Nátaga y Tesalia son ejemplos que evidencian la delicada situación de orden público que atraviesa el país, y en este caso particular, el Huila. Lamentablemente, esto ratifica lo que hemos denunciado durante los últimos dos años: es la consecuencia del debilitamiento de la Fuerza Pública y el empoderamiento de los grupos criminales, facilitado por el gobierno nacional.
No nos cansaremos de repetirlo: militares y policías están solos, desprotegidos y expuestos ante los delincuentes, irónicamente, debido a la permisividad deliberada de quien funge como comandante en jefe de la Fuerza Pública, y a la ineficacia de su ministro de Defensa. “De tal palo, tal astilla”.
No se puede aceptar que, mientras los bandidos atacan y asesinan a miembros de la Fuerza Pública, afectando de paso a la población en el Cauca, Huila, Caquetá y otras regiones del país, Gustavo Petro prorrogue el mal llamado cese al fuego “bilateral”, que solo cumple la Fuerza Pública; los bandidos, nunca. Además, Petro crea mesas de “diálogo” con todas y cada una de esas organizaciones criminales, sin resultados. El país está en manos de los criminales, y duele la indolencia del gobierno.
Recientemente, ministros y otros funcionarios celebraron, con un show mediático y utilizando prendas militares, la retoma de un corregimiento del Cauca, mientras el resto de ese departamento y gran parte del territorio nacional siguen completamente desamparados. Los violentos avanzan porque la orden que reciben los uniformados del Estado es de inacción, de no atacar ni perseguir a los delincuentes, bajo la excusa de unos diálogos interminables que no han servido de nada.
Además, la cúpula de la Policía ha desmantelado sistemáticamente las unidades de esa institución en los municipios. Y, por supuesto, con menos policías hay menos capacidad de acción y más libertad para los delincuentes. En cada consejo de seguridad convocado por el gobierno nacional, los mandatarios regionales y locales piden, con razón, más refuerzos, más pie de fuerza y mayor presencia de uniformados. La respuesta es afirmativa, pero los refuerzos nunca llegan. Y si alguna vez llegaren, de nada servirán, porque sus superiores no les permiten actuar, con el pretexto de la “paz total”, que ha sido un fracaso.
La verdad, por dolorosa que sea, es que los comandantes de Policía y Ejército en las regiones trabajan con las uñas, sin herramientas ni unidades suficientes. Apenas les alcanza para proteger los cuarteles, mientras los bandidos siguen libres y a sus anchas en calles y campos, asesinando, secuestrando, extorsionando y cometiendo todo tipo de delitos, sin que nadie los detenga, mucho menos que los enfrenten con las armas del Estado. Los alcaldes, impotentes ante esta realidad, se ven obligados a decretar toques de queda, ley seca e incluso la suspensión de clases para proteger a la población.
Por lo tanto, además de los refuerzos que las autoridades locales imploran y que son necesarios, se requiere una decisión férrea del gobierno para recuperar la seguridad perdida, lo cual solo se logrará con una Fuerza Pública actuando y combatiendo, no maniatada por “órdenes superiores”.