Desfavorable, según la Contraloría Departamental, fue la utilización de la figura excepcional de calamidad pública que motivó el acto administrativo del cual se desglosó la urgencia manifiesta y derivó en dos contratos celebrados el pasado 26 de agosto por un monto total de $770.193.194 en la Alcaldía de Gigante, Huila. Desde la administración municipal responden que se trató de un error técnico al no notificar y subir a la página web la prórroga de la declaratoria por tres meses más. Controversia.
Johan Eduardo Rojas López
Johan.rojas@lanacion.com.co
Un concepto de la Contraloría Departamental del Huila evidenció que, aunque los decretos 046 del 30 de mayo de 2024, por el cual se declaró calamidad pública por la temporada de lluvias en Gigante, Huila, y el 061 del 28 de junio, con el que se declaró la urgencia manifiesta, expedidos por el alcalde Josué Manrique Murcia, son “favorables”, la utilización de esa figura es “desfavorable”, toda vez que “no cumplió con los presupuestos que hacen procedente la contratación directa y el deber de inmediatez y urgencia” que exige la ley.
El ente de control indicó que la actuación tendiente a satisfacer las necesidades que generaron los daños acontecidos, es decir, los dos contratos, no cumplen con los parámetros de inmediatez establecidos en el ordenamiento jurídico, dado que se concretaron a finales de agosto, cuando las afectaciones se presentaron durante el mes de mayo, mismo tiempo en el que se declaró la calamidad pública que solo tenía un término de 3 meses.
Contexto
La temporada de lluvias presentada durante el quinto mes del año en Gigante, Huila, causó daños y necesidades por inundaciones, deslizamientos y avalanchas, de acuerdo con lo reportado ante la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila. Dejó, incluso, una víctima mortal, identificada como Efraín Galindo Ramírez; 120 familias afectadas y 337 personas perjudicadas; 29 viviendas averiadas y 14 destruidas; la pérdida de 100 hectáreas en 45 predios y veredas incomunicadas.
“El 29 de mayo del presente año se presentó, en horas de la tarde, una emergencia desencadenada por las lluvias, localizándose en los corregimientos de Silvania y la Gran Vía. En ese evento, un adulto mayor perdió la vida por asfixia mecánica debido a un alud de tierra que se desprendió sobre la vivienda en la que se encontraba. Además, vías, cultivos y viviendas resultaron afectadas en La Chiquita, Alto Silvania, La Pradera, Alto Corozal, Cachaya, Santa Lucía, El Cogollo, El Salado y La Palma”, reportó la administración municipal en ese momento.
En el documento también se estableció la avería, destrucción y no servicio de acueductos, estableciendo la necesidad del restablecimiento en la vereda La Chiquita, por lo que “se hacían necesarios equipos o elementos como mangueras, cemento, ladrillos, alambres, puntillas, varillas, tablas, canecas y tubos”, asignando un costo estimado inicialmente de $5 millones.
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Los decretos
Derivado de ese reporte, el alcalde de esa municipalidad, Josué Manrique Murcia, mediante el decreto 046 del 30 de mayo, declaró la calamidad pública por un término de 3 meses, para atender la situación de desastres provocados el día anterior, a través de la implementación de las acciones contenidas en el Plan de Acción Específico (PAE), que fue elaborado por el Consejo Municipal para la Gestión de Desastres en Gigante.
Días después, el Municipio procedió a declarar la urgencia manifiesta, también por un término de tres meses, mediante el decreto 061 del 28 de junio de 2024.
Esto surgió, entre otras cosas, tras una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres realizada el 24 de junio, en la que se presentó y aprobó el PAE que incluyó en la fase de respuesta el sector de agua potable y saneamiento básico; mientras que, en la fase de recuperación temprana, se incluyó el sector de servicios públicos con la rehabilitación provisional de acueductos veredales y reconstrucción de viviendas.
El 16 de julio del mismo año, en una nueva sesión, se actualizó el PAE para la atención de la primera temporada de lluvias, en la que se incluyó la fase de recuperación, acciones tendientes a rehabilitar los acueductos veredales afectados, entre ellas, de la vereda La Palma a El Recreo.
Contratos celebrados
Como consecuencia de los decretos mencionados, se adjudicaron dos contratos ‘a dedo’: el 002 y el 003 del 26 de agosto de la misma vigencia. El primero se celebró con Héctor Pabón Gutiérrez, bajo el objeto de “construcción, adecuación y mejoramiento en la obra civil del acueducto regional La Palma y vereda La Chiquita, sector Palomino”, el cual se estableció por un valor de $700.136.994, para ejecutarse en 3 meses. El segundo se adjudicó a Eduar Mauricio Gordo Barreiro para la “interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato 002”, por un valor de $70.056.200, e igualmente, a ejecutarse por un término de 3 meses y/o hasta la liquidación del contrato principal.
Por estar respaldados por la declaratoria de calamidad pública y la posterior urgencia manifiesta, las contrataciones no estuvieron sujetas a convocatorias públicas, toda vez que se requiere actuar con premura e inmediatez, por tanto, se adjudican de manera directa, es decir, a ‘dedo’, cumpliendo con los principios de contratación estatal y sin estudios previos.
Los ‘traspiés’
Para la Contraloría Departamental, se evidencian de manera “coherente y secuencial” una serie de hechos y actuaciones por las cuales se realizó la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta, habida cuenta que esa municipalidad se encontraba ante una situación “que ameritaba actuaciones inmediatas y urgentes”.
Sin embargo, desglosaron las contrataciones que “en criterio de este organismo de control fiscal, exceden las fases de respuesta y rehabilitación previstas en los documentos que dan fe de la situación presentada” y los daños generados.
Además, aunque el documento de los daños y necesidades podía ser actualizado por el ente local, no “obra en el expediente documento que acredite tal situación”; por el contrario, en el acta 014 que respalda la sesión del 24 de junio, se estableció que la fase de respuesta para el sector, en cuanto a agua potable y saneamiento básico, consolidaría un costo estimado de $10 millones, mientras que la fase de recuperación temprana de servicios públicos a través de la rehabilitación provisional de acueductos y reconstrucción de viviendas afectadas tendría un costo de $69 millones.
Pero, en el acta 016 del 19 de julio, en donde se actualizó el plan de acción específico, integrando la acción de recuperación de los acueductos de las veredas afectadas, se aumentó significativamente el costo previsto, totalizando en $760.501.695.
Sumado a eso, el Alcalde de Gigante aplicó un procedimiento contractual que no guarda relación de identidad con la contratación directa, sino que realizó “una especie de invitación cerrada, acudiendo a un procedimiento no previsto en la normatividad vigente, y que en todo caso no es el autorizado en el caso de aplicar la urgencia manifiesta como causal de contratación”.
Fuera de tiempo
El ente de control mencionó que le “sorprende” que la declaratoria tuviera un término de 3 meses prorrogables en caso de ser necesario, los cuales finalizarían el 30 de agosto, y que después de esa fecha, la municipalidad no expidió ni publicó en su página web institucional un acto que alargara el tiempo de la calamidad pública, por lo que se sobreentiende que ya se había superado dicha dificultad.
No obstante, los contratos se celebraron el 26 de agosto, tan solo 4 días antes de que feneciera el plazo del decreto del 30 de mayo. Mientras que la orden de servicio del 002 inició el 2 de septiembre, lo que significa que estaba fuera de tiempo, y del 003 no se remitió acta de inicio. Bajo esa lógica, este último también debió desaparecer debido a que la causa en que se fundamenta se extinguió con el cumplimiento de la declaratoria.
Otros reparos
Lo anterior implica que el plazo de ejecución de los contratos derivados de la declaratoria de calamidad pública y la posterior urgencia manifiesta no pone en evidencia la premura de su ejecución, “pues superan en todo caso el plazo definido para las declaratorias”. De allí que se torne como una contratación no inmediata, dado que, a pesar de requerir inmediatez, el municipio se tardó aproximadamente 49 días en reportar los daños sufridos por los acueductos veredales atendidos y la proporción de los mismos.
De hecho, el burgomaestre solo hasta el 10 de septiembre de 2024 remitió los expedientes de los contratos celebrados, los cuales debían ser enviados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción de los contratos a la Contraloría Departamental del Huila, sin embargo, “desde el 26 de agosto de 2024 hasta el 10 de septiembre de la misma vigencia, transcurrieron aproximadamente 11 días hábiles”, siendo esta actuación del Municipio contraria a las reglas por él establecidas en las decisiones de orden general contenidas en sus decretos.
Se ordenó entonces correr traslado de la información reportada a la Contraloría Auxiliar de Control Fiscal, para que ejerza las acciones correspondientes en los procesos de auditoría fiscal.
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Alcaldía de Gigante responde
Para la primera autoridad de los giganteños, Josué Manrique Murcia, el concepto no es de valores ni de cantidad, sino que se trata de asuntos que son subsanables. Advirtió además que el equipo jurídico se encuentra revisando el concepto.
“La contratación depende de la situación. Al tratarse de un acueducto, las mayores dificultades se presentaron en los permisos porque se tuvo que llegar a un acuerdo con dos fincas, y todo eso demoró. No fue por capricho de nosotros”, indicó Manrique Murcia, quien agregó que están prestos a cualquier proceso de revisión porque han hecho las cosas bien.
El error
Por su parte, Luis Enrique Tierradentro, secretario de Planeación, manifestó que sí se realizó la prórroga de la calamidad pública por 3 meses más, la cual salió por decreto el 28 de agosto, pero no se hizo pública a través de la página web de la Alcaldía y, por tanto, la Contraloría lo desconoce.
“Hubo un error técnico, y efectivamente, al haberse prorrogado, nosotros debimos haber notificado a la Contraloría y haberlo subido a la página web, pero eso no se hizo. Entonces el concepto desfavorable se está haciendo por el desconocimiento de estos actos administrativos con los que nosotros contamos”, informó el jefe de la cartera, quien añadió que, ahora tendrán que responder y hacerle saber al contralor departamental, Andrés Felipe Vanegas, que efectivamente existe ese documento en debida forma.
Otro error, según él, fue haber decretado la calamidad pública por 3 meses y no por 6 como se hace normalmente para que los procesos contractuales se den dentro del tiempo establecido.
Dijo que los montos económicos se actualizaron precisamente en el PAE, porque se dieron cuenta de la magnitud del daño y que, posiblemente, lo que tenían planteado no era una solución idónea; de allí que se cuantificó el valor real de las afectaciones. “Las afectaciones se van incrementando a medida que se hace el registro, entonces allí cambia el panorama, más porque no queríamos una solución temporal, sino una definitiva y que perdure en el tiempo”, expresó Tierradentro.