A pesar de que el pensamiento del ser humano es más proclive a los relatos, antes que aceptar la verdad irrefutable de los datos, quiero presentar en esta columna algunos aspectos clave de la estructura de las finanzas públicas del país, de acuerdo con los datos que el Departamento Nacional de Planeación ofrece. En ese sentido, la información está disponible, principalmente, desde 1994 hasta 2022. En las líneas siguientes se hará uso de las ‘comillas simples’ para referir específicamente algún rubro del presupuesto.
Entonces, empecemos por indicar que, entre 1999 y 2022, el ‘Sector público consolidado’ tuvo déficit en 23 años de los 24 analizados (2012 fue la excepción). Teniendo presente que el ‘Sector público consolidado’ es conformado por ‘Gobierno nacional central’ y ‘Sector público no descentralizado’, debe advertirse que el rubro de gobierno nacional presentó déficit en el 100% del periodo observado. Contrariamente, el ‘Sector público no descentralizado’ presentó déficit, exclusivamente, en 2015. Así, puede deducirse que el déficit del ‘Sector público consolidado’ entre 1999 y 2022 es explicado, en gran medida, por el desbalance del ‘Gobierno nacional central’ (Cabe aclarar que el ‘Costo de la reestructuración financiera’ también presiona el déficit, pero, en menor medida).
Ahora bien, el déficit del ‘Gobierno nacional central’, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido de -3.9%, en promedio, entre 1999 y 2022, mientras que el déficit del ‘Sector público consolidado’ fue de -2.4%.
Resulta paradójico que, al revisar en detalle los rubros que componen el ‘Sector público no descentralizado’, el ‘Fondo de ahorro y estabilización petrolera’ presentase un déficit, en promedio, de 0.04% respecto del PIB. Además de que, en 14 años de los 29 observados, tuviese déficit. Obviamente, estos datos contradicen el relato con el que se intenta defender el alza de precios a los combustibles que tanto afectan el costo de vida de los colombianos. Pues, si de reducir el déficit se tratase, realmente, debería reducirse el desbalance del ‘Gobierno nacional central’, lo que implica disminuir el tamaño del Estado. Es decir, la creación del Ministerio de la Igualdad es un absurdo presupuestal.
En lo que a financiamiento del presupuesto se refiere, tenemos que los recursos obtenidos por operaciones de deuda interna representaron, en promedio, el 60.4% del total del fondeo. El crédito externo representó, en media, el 25.8% del total de los recursos de deuda en el periodo señalado.
Es importante destacar que de los ingresos tributarios que el país reportó en el Presupuesto General de la Nación (PGN) entre 2000 y 2022, en promedio, el 80%, obedeció a la actividad económica local (Las actividades externas generaron el 20% restante. Las fuentes; aranceles e IVA). Debe destacarse que, del total de los ingresos tributarios del país, el 50% corresponde al impuesto a la renta, y 30%, al IVA (Entonces, ¿otra reforma tributaria para 2025?).
Finalmente, la ejecución del PGN está marcada por el ‘gasto social total’ (funcionamiento e inversión) ya que ha sido el rubro de mayor relevancia porcentual respecto del PIB entre 2002 y 2022 (11.09%, en promedio). Le siguen ‘Empleo y seguridad social’ (2.82%) y ‘Defensa y seguridad’ (2.55%). Cabe aclarar que el presupuesto de ‘funcionamiento’ tiene, mayoritariamente, más peso porcentual que ‘inversión’, en contraste con el PIB (62% en promedio, con excepción de los rubros de ‘Infraestructura’, ‘Gasto social rural’, ‘Agricultura’ y ‘Cultura recreación y deporte’).
Así las cosas, conviene que usted, amigo lector, saque sus propias conclusiones, pues, el país está a la espera de la sanción por decreto del PGN para 2025, adornado con una reforma tributaria adicional cuyo epitafio tendrá relación con la justicia social, o algo así.