Como era de esperarse, ha causado un gran revuelo en el país la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de abrir una investigación y formular pliego de cargos contra la campaña que llevó a la Presidencia de la República en 2022 a Gustavo Petro Urrego por presuntamente violar los topes de financiación permitidos por la ley.
Según el CNE, la campaña omitió, para la primera vuelta de las elecciones: aportes realizados por Fecode, por 500 millones de pesos; aportes realizados por la Unión Sindical Obrera, Uso, por 379 millones de pesos; un préstamo realizado por el partido Polo Democrático Alternativo, por 500 millones de pesos; reportar los pagos a testigos electorales, por la suma de 921 millones de pesos; los gastos por propaganda electoral, por la suma de 356 millones de pesos; los pagos al movimiento Colombia Humana, por 500 millones de pesos. La decisión del CNE advierte que era prohibido que personas jurídicas, como Fecode y la USO, aportaran a las campañas.
Y para la segunda vuelta de las elecciones, de acuerdo con el CNE, la campaña de Petro habría omitido el pago por 100 millones de pesos el 19 de junio para celebrar la victoria en el Movistar Arena de Bogotá; los pagos a testigos electorales, gastos de transporte aéreo por 926 millones, entre otras presuntas irregularidades.
Frente a esta decisión, el presidente Petro ha respondido que “Nos han puesto en un momento difícil, grave, porque a lo que van es al golpe de Estado, no somos bobos para no saberlo”. Y de paso ha advertido que “Va a haber movilización del pueblo, y grande, inmensa porque este pueblo se cansó de la injusticia”.
Hay que dejar algo claro: El Consejo Nacional Electoral no tiene facultad para destituir al Presidente, y el máximo castigo que podría imponer es una multa. Por eso, es desproporcionado que el mandatario asuma una investigación como un “golpe de Estado” e incite a la gente a salir a las calles en momentos en que hay problemas apremiantes de resolver como la inseguridad urbana y rural, el desempleo, la carestía, entre otros.
Como cualquier ciudadano o servidor público, el presidente Petro y los señalados por el CNE tienen la oportunidad en esta investigación de rendir cuentas y despejar dudas sobre sus actuaciones.
