Congresistas huilenses apoyaron una proposición que busca la eliminación del artículo 7 de la reforma a la justicia, en el que se proponen preacuerdos para la reducción de penas a quienes cometan delitos graves contra menores de edad.
Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co
Unidos por una misma causa, más de 120 congresistas se ‘despojaron’ de las diferencias ideológicas y divisiones políticas, para al unísono ‘hundir’ el artículo 7 que pretende reducir penas a quienes cometan delitos graves contra menores de edad, que se encuentra dentro del Proyecto de Ley 281 del 2024, con el cual se busca reformar la justicia.
Todo esto se gestó tras algunos casos puntuales que han conmocionado al país y que, además, ha revivido la discusión frente a la pena de muerte, cadena perpetua y la castración química. Y es que para algunos resulta paradójico que, mientras las cifras por abusos, maltratos y violencia ejercidos contra niños, niñas y adolescentes, crece en el país, desde el Gobierno Nacional se esté tramitando un proyecto de acuerdo que busca disminuir el endurecimiento de las penas.
La unión
Los integrantes de la Comisión Primera del Senado sostuvieron el martes pasado una reunión para dialogar precisamente sobre la reforma a la justicia. Allí la mayoría de los integrantes de esa célula legislativa se dieron cuenta que están en la misma línea, al considerar que sí se necesita una reforma al sector de la justicia, pero no están de acuerdo con dar esas gabelas a quienes atentan en contra de los menores de edad.
En la reunión, en la que estuvieron los congresistas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se intentó llegar a un acuerdo sobre este asunto, pero no fue posible. Esto a pesar de que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha explicado que se trata de un mecanismo para que haya una pena efectiva y acabar con la impunidad.
“No tenemos ninguna postura radical, ni en el artículo 7 ni en ningún otro artículo. Estamos escuchando razones, que pueden ser válidas de lado y lado. Hay opiniones divididas entre los mismos ponentes y quedamos en una hoja de ruta muy sensata: con base en lo que hemos escuchado, vamos a realizar unas observaciones para el examen de los ponentes”, mencionó la fiscal, quien agregó que, “a juicio llega si acaso el 5 % de la delincuencia real que tenemos en el país, y ese 5 % tiene colapsados a los jueces”.
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“Este tema no debe tener color partidista”
El senador huilense Carlos Julio González Villa es uno de los que firmó esa proposición, habida cuenta de la necesidad de endurecer el castigo por la gravedad de ese delito; “son los niños de nuestro país, espero sea disuasivo”.
Mencionó, entonces, que se tendrá que trabajar también en la conciencia social, el tejido familiar, la educación, la prevención, la detección temprana de trastornos relacionados y la salud mental en general. “Este tema no debe tener color partidista ni rentabilidad electoral”, advirtió.
Un temible error
Flora Perdomo, representante a la Cámara por el Huila, también firmó la proposición en mención, según explicó porque, aunque es consciente de la necesidad que existe en el país de reformar el sistema judicial, “no respaldaré una iniciativa que brinde beneficios para delincuentes, violadores y homicidas” y mucho menos tratándose de menores de edad, el futuro del país.
“Las cifras son claras, solo este año se han registrado alrededor de 375 homicidios a niños, niñas y adolescentes; una rebaja de pena para estos delincuentes sería un temible error, un error que este país no puede cometer. La proposición evidencia el sentir de diferentes corrientes políticas, quienes defenderemos radicalmente que esta reforma a la justicia no transgreda los derechos, ni la seguridad de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, cómo lo son los niños y las mujeres”, indicó la congresista, mientras dijo esperar que la Comisión Primera del Senado tenga en cuenta el sentir de las mayorías y respalde la iniciativa.
¿El país está en alerta?
“Sí, yo firmé esa proposición”, comentó el también representante a la Cámara por el Huila, Julio César Triana, quien sustentó su decisión, bajo el entendido de que no es posible en este momento, crear beneficios o subrogados penales a delitos tan complejos como los que se cometen contra los menores.
Aseguró que el país está en alerta. “Las cifras son calamitosas, se habla de que cada día se comete un crimen contra un menor. Uno por día, eso debe avergonzar a los colombianos. Solo este año se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes en un 32,49 % en comparación con el 2023 según los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal. Por eso, necesitamos una reforma a la justicia que endurezca las penas y haga ágil la administración de justicia contra estos criminales”, precisó.
Lo que viene
Se espera que en los próximos días se adelanten nuevas audiencias públicas y así comenzar a construir la ponencia, que será el primer paso para saber si el artículo se mantiene o no. Si este continúa en el texto, los opositores intentarían eliminarlo durante el debate. Tienen fe en que el Gobierno Nacional tome la decisión en cabeza del Ministerio de Justicia de retirar el artículo.