Momentos difíciles está enfrentando el departamento del Huila por cuenta del asedio permanente de las disidencias de las Farc. Las recientes alteraciones del orden público ocurridas en los municipios de Nátaga y Tesalia, que dejaron como saldo dos policías asesinados, así como un uniformado y un civil heridos, ponen de presente que la amenaza está latente.
Como todo los huilenses lo saben perfectamente, estos episodios no son aislados; se suman a una cadena de graves hechos, con especial recurrencia durante los últimos dos años. La masacre de los 7 policías en el corregimiento de San Luis, zona rural de Neiva, marcó en 2022 el inicio de un capítulo de violencia en esta región del país. Desde entonces, se han intensificado los homicidios selectivos, los atentados terroristas, los secuestros, las extorsiones, los desplazamientos forzados, el reclutamiento ilegal de menores de edad, entre otros hechos delictivos.
Para nadie es un secreto que zonas rurales huilenses están hoy bajo el dominio del dividido Estado Mayor Central, como se autodenominan las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’. Por ejemplo, la ‘carnetización’ de la que tanto se ha hablado y la cual estos grupos han utilizado para mantener el control sobre los habitantes y visitantes a los territorios, está vigente.
Semejante panorama requiere autoridades erguidas, sólidas, en alerta, dispuestas todo el tiempo a enfrentar cualquier amenaza que se cierna sobre el pueblo del Huila. Hoy más que nunca, el departamento necesita que las autoridades no se distraigan y redoblen todos sus esfuerzos a garantizar la tranquilidad de los huilenses.
La ciudadanía, por su parte, debe rodear a las instituciones legalmente constituidas y desarrollar una cruzada de apoyo hacia ellas. Esta es la única manera que tiene la sociedad huilense para enfrentar la amenaza de los grupos ilegalmente armados.
Cuando de seguridad se trata, se debe dejar de lado cualquier sesgo ideológico y político. La seguridad es un asunto de todos.
