En el Congreso de la República hace tránsito, tal vez, la reforma más importante en los últimos 10 años. Más importante que la reforma tributaria, o la reforma a la salud, o la laboral, o todas ellas sumadas. Todos coinciden en que, más allá si alguien está de acuerdo o no, es claro, que está reforma si cambiaría la arquitectura del Estado. Se refiere al Sistema General de Participaciones o SGP, o al monto de los Ingresos Corrientes de la Nación que el Estado central transfiere a entes territoriales. La historia es la siguiente.
En la Constitución de 1991 se estableció que ese monto llegaría a un 46.5% de los ingresos corrientes de la nación, pero luego de dos reformas, una de ellas principalmente, esta fórmula cambió y los recursos públicos se re-centralizaron. En la actualidad se transfiere el 23,8% y se prevé que, si no hay reformas, esa cifra subirá los próximos años hasta colocarse entre un 28% y 31%. Colombia tiene más de 1100 municipios y la mayoría son de categoría sexta, es decir, pobres y sin recursos económicos. Una gran mayoría de estos municipios no tienen dinero para pagar las nóminas más allá del mes de octubre, los recursos de inversión son muy bajos y los alcaldes no tiene otra alternativa que viajar cada semana a Bogotá y hacer una peregrinación rutinaria por cada Ministerio para ver cuál le da algo de recursos para sus múltiples necesidades. La situación es tan dramática que la alimentación escolar o los PAE se están pagando con recursos de regalías.
En el Congreso se está tramitando una reforma al SGP la cual busca pasar de ese 24% a un 46.5%, aunque producto de una discusión el día de ayer se llegó al porcentaje de 39.5%. Además, se establece que ese aumento se condiciona a una ley de competencias, así como no se puede transferir funciones sin recursos, tampoco se transfieren recursos sin competencias. En todo caso el aumento de esos recursos estaba planeado para un periodo de 10 años, y según el acuerdo logrado aumentó a 12 años. Por último, se establece un marco de cierre de brechas para que departamentos como La Guajira y Chocó logren superar el circulo vicioso de pobreza, inequidad, violencia e incapacidad institucional.
Colombia sufre de un apartheid geográfico, en el caso del Chocó van los funcionarios peor calificados del país, es un departamento con una inequidad y pobreza inmensa y tiene presencia de grupos armados y economías ilegales. A ello se le suma la falta de recursos para inversión. Ese círculo solo se revierte con más autonomía y descentralización, no hay otra forma de hacerlo.
Los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 fueron profundamente regresivos y condenaron centenares de municipios a la mendicidad, ahora parece que el congreso intentará corregir eso, pero las reacciones centralistas no se han hecho esperar y están intentando perpetuar este apartheid geográfico que solo daña los territorios colombianos y los condena al círculo vicioso de la violencia y la pobreza.
