El análisis de causas y efectos de la criminalidad y toma de decisiones y acciones para erradicar el flagelo, son responsabilidades imperativas, éticas y legales, de los representantes de la autoridad, elegidos o designados.
Lo que acontece en Colombia, sobre inseguridad ciudadana, demuestra que las autoridades correspondientes, no son capaces de entender la gravedad del problema y desacatan el ordenamiento legal vigente, sobre protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Las medidas de prevención y control que ensayan las autoridades no producen resultados aceptables, porque son laxas y contradictorias frente a la gravedad del problema. La responsabilidad de la seguridad ciudadana recae en todas las instituciones públicas y la sociedad misma, pero particularmente en las instituidas, por mandato constitucional, para asegura y garantizar seguridad y el orden interno de la nación.
El Gobierno tiene la obligación de diseñar y estructurar los procedimientos legales que produzcan resultados concretos sobre la seguridad ciudadana. Han transcurrido más de dos años, de ejercicio del poder, del actual gobierno y no hay resultados positivos, en seguridad ciudadana y control de la delincuencia.
Es ridículo e irresponsable, de parte del gobierno, que delincuentes, desde centros de reclusión, dirijan y ordenen acciones criminales.
Delincuentes condenados, disponen de recursos tecnológicos para manejar las organizaciones criminales y es de conocimiento de las autoridades. El gobierno conoce y reconoce hechos. Pero no decide nada concreto, al respecto. Se comprometió a bloquear las comunicaciones, desde los centros carcelarios. No ha cumplido. Se conoce que más del 40% de las extorsiones, son hechas desde las cárceles.
Se sabe, que de los 135 centros carcelarios y penitenciarios, solo dos disponen de sistemas de bloqueo de las comunicaciones y que solo en un centro funciona. Aberrante.
El presidente Petro debe ser consciente de la gravedad y dimensiones de la inseguridad ciudadana y debe tomar las decisiones requeridas para erradicar todas las fallas evidentes y la corrupción y tolerancia cómplice que beneficia el crimen organizado.
Las normas legales sobre detención, flagrancia, judicialización, legalización de captura y detención preventiva en establecimiento carcelario, son laxas, permisivas e irresponsables. El presidente de la República, debe reconocer el fracaso con la designación del iluso ministro de Justicia saliente y que se equivocó con ese sujeto.
La Reforma judicial que dejó ese desastroso ministro, en ningún sentido corresponde a lo que, en términos de seguridad ciudadana, necesita Colombia. Hay problemas con la interpretación y alcances de la normatividad y legalidad vigente, de parte de los jueces de garantías y soportes de la acusación, que favorecen al delincuente y desestimula la labor policial.
La inseguridad generalizada que padecen los colombianos no es asunto de generación espontánea. Obedece a causas concretas. Algunas son fácilmente identificables y corregibles. Otras exigen análisis imparcial y reconocimiento honesto, de causas estructurales de la institucionalidad.
Se sabe que hay más de 1,6 millones de armas de fuego con salvoconducto en manos de civiles, y que por cada arma con salvoconducto hay 6 ilegales, con promedio de una por cada 6 habitantes, sin el control efectivo del Gobierno.
Organizaciones internacionales por la defensa de los derechos civiles y la transparencia de la justicia, señalan de manera reiterada el crecimiento de la criminalidad y la impunidad en Colombia. Precisan que la impunidad supera el 97% y que Colombia está ubicada entre las 6 naciones con mayor criminalidad e inseguridad en el planeta, mientras Colombia, respecto al PIB, sostiene el gasto militar más alto en el continente.
El gobierno, debe ordenar que los miembros de las instituciones creadas para garantizar la seguridad ciudadana, sean los únicos autorizados para portar armas durante el periodo de servicio y responder por la seguridad de los ciudadanos.
Ante los niveles de inseguridad y la diversidad de amenazas a las que recurren, las organizaciones delictivas y delincuentes comunes, el Gobierno debe declarar Emergencia Nacional por Inseguridad Ciudadana. Esta, debe prohibir, en todo el territorio nacional, el porte y uso de armas de fuego, armas blancas y cortopunzantes a todos los civiles en el territorio nacional.
Mediante prohibición de porte y uso de todo tipo de armas y aplicación de recursos legales, establecer sanciones de privación de la libertad en centro carcelario, por desacato a la prohibición del porte de arma. La emergencia nacional, por inseguridad ciudadana, deben prever las prórrogas continuadas, año tras año, hasta erradicar el flagelo social.
Las requisas permanentes, ordenadas en la declaración de la Emergencia Nacional por Inseguridad Ciudadana, debe ordenar detención inmediata del infractor y en ningún caso debe ser inferior a un años, si el detenido no tiene antecedentes delictivos y si los tiene, debe ser procesado y sentenciado a la pena adicional que determine la ley. El gobierno tiene del deber ético, moral y legal de responder por la seguridad de los colombianos.
Dicha emergencia nacional, debe ordenar patrullajes permanentes de Policía, Ejército y la Armada y la práctica de requisas permanentes, a lo largo y ancho del país, las 24 horas de los 365 días del año y todo ciudadano. Y todo ciudadano honesto, debe colaborar efectivamente con esas decisiones, denunciado a los infractores y la tolerancia indebida de la autoridad.
Las acciones contra la inseguridad no deben ser solo represivas. Mediante la institucionalización de políticas de estado, el gobierno de turno, debe analizar y reconocer la incidencia de factores socio-económico-culturales e institucionales que favorecen o estimulan la delincuencia, en sectores sociales específicos. Entre otros, el desempleo, el subempleo, la inestabilidad laboral, precariedad salarial, informalidad, pobreza rural y urbana, drogadicción, debilidad institucional, proclive al libertinaje y la anarquía, corrupción burocrática-administrativa, etc. Son catalizadores favorables a las organizaciones delincuenciales para generar inseguridad y violencia.
Estos problemas requieren un reconocimiento objetivo, que no se debe minimizar, ocultar o soslayar. Más del 70% de los ciudadanos colombiano, está en condiciones de pobreza, aguda o relativa y no hace parte de los círculos de poder burocrático del estado. Todos, sin excepción, justa y socioeconómicamente, necesitan que el gobierno realice profundas reformas socioeconómicas y tecnológicas, para lograr desarrollo integral nacional.
Los objetivos de las reformas socioeconómicas, planteadas por el actual gobierno, son urgentes e imprescindibles, para resolver y erradicar el flagelo de la inseguridad ciudadana y la criminalidad. El gobierno debe ser pragmático en la definición y desarrollo de sus programas de gobierno y debe ser consciente que la corrupción cooptó, desde hace decenas de años, todos los niveles del poder público.
