Entre el año 2019 y 2024, la remuneración de los Contralores Departamentales ha aumentado entre un 26% y 165%, según un informe de la Fundación Pares. Para el caso del Huila, el Contralor aumentó sus ingresos en ese período un 41%, llegando a ganar en la actualidad $19.419.825, a pesar de los cuestionables resultados. Andrés Vanegas, contralor del Huila, dice que el informe está sesgado.
Johan Eduardo Rojas López
Johan.rojas@lanacion.com.co
La dignidad de Contralor Departamental es el cargo más relevante dentro de esas corporaciones y, por tanto, suelen tener los más altos salarios. Sin embargo, la remuneración varía de acuerdo a la categoría de la región y son las Asambleas las encargadas de ordenar los incrementos salariales que, según el decreto 0293 de 2024 expedido por la Presidencia de la República, no podrán ser superiores al 100% de lo que gana el Gobernador o Alcalde, si se trata de Contralor Municipal.
Para el caso del Huila, se ha presentado un crecimiento del salario del 41% entre 2019 y 2024. Eso, en dinero, significa, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), pasar de $13.801.463 a $19.419.825. Así se demostró en el informe “Contralorías Departamentales: el costoso adorno de la descentralización”.
En cuanto a variación, las contralorías que mayor incremento en salarios tuvieron son: la de Santander (165%), Vaupés (53%), Risaralda (53%) y Norte de Santander (53%), mientras que la de San Andrés (26%), el Huila (41%) y Antioquia (44%) son las de menor repunte.
Sin embargo, los Contralores de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Nariño, Atlántico y Córdoba son los que más remuneración tienen, superando cada uno los $20 millones. Por su parte, los Contralores de Boyacá ($10.098.309) y Guainía ($11.371.905) son los que menos ganan.
Tan solo en 2019, el Estado colombiano gastó más de $328.009.453 en salarios de contralores departamentales; en ese mismo año, las corporaciones, en su conjunto, recuperaron aproximadamente $10.111.003.915 por procesos de responsabilidad fiscal, lo que significa que alrededor del 3.24% de lo recaudado fue direccionado al cubrimiento de los honorarios de quienes lideran la entidad encargada de fiscalizar y vigilar la gestión de fondos, bienes y recursos públicos.
Contraloría del Huila, la de mayor incremento de personal
En los últimos años, según el informe, las distintas contralorías no han presentado incrementos de personal significativos y eso se traduce en que no han requerido destinar más recursos para la creación de nuevos empleos.
Pero la contraloría del Huila y Vaupés precisamente son las de mayor aumento de empleados, con relación al resto de departamentos, han tenido. La primera ha incorporado 8 y la segunda 7. En contraste, la de Quindío (-28) y San Andrés (-7) lograron reducir el número de funcionarios.
Con esos datos, la Fundación Pares estableció que, actualmente, en Colombia hay más de 1.576 funcionarios dedicados al control fiscal en las Contralorías Departamentales, encontrándose vinculados como empleados de planta más del 70%. La Contraloría Departamental del Huila tiene 57 funcionarios de planta y 0 contratistas.
La de Arauca (0), Vaupés (6), Guainía (7), Amazonas (8), Guaviare (11) y Putumayo (12) son las que menos empleados de planta tienen, mientras que la del Valle del Cauca (140), Cundinamarca (202) y Antioquia (311) son las que más tienen.
Pero, si hablamos de contratistas, Caquetá, Chocó, Sucre, Córdoba, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Atlántico, Cundinamarca y Antioquia cuentan con cero, mientras que San Andrés (19), Putumayo (12), Arauca (12) y Vaupés (12) son las que más contratistas tienen.
¿Cómo se compone el sistema de control fiscal?
En Colombia, se compone de dos niveles. El primero está compuesto por 67 contralorías, que se desglosan de la siguiente manera: 32 departamentales, 30 municipales, 4 distritales y, por último, la Contraloría General de la República, el mayor órgano de control fiscal. El segundo se comprende a través de la Auditoría General de la República, que vigila a las entidades que integran el primer nivel.
Dicho esto, se supone que, a través del Acto Legislativo 4 de 2019, se estableció que la Contraloría realizará una vigilancia durante el transcurso de los hechos y, por ende, puede intervenir en caso de identificación de riesgo, sin tener que escudarse en un control posterior, frente a un posible detrimento patrimonial. Ese mayor margen de acción no se aplicó como se esperaba.
Idea de “despolitizarla”
Todo el debate de pertinencia y eficiencia de las contralorías territoriales ha generado que, en múltiples ocasiones, se haya propuesto reestructurarlas o suprimirlas. Igualmente, se ha discutido sobre el mecanismo de elección que es competencia del Congreso de la República, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales. La idea, entonces, es “despolitizar” el proceso.
Y es que, aunque las corporaciones eligen a partir de una terna, que se da como resultado de una convocatoria pública que requiere de un proceso meritocrático, lo cierto, dice Pares, es que la elección puede estar permeada por los intereses políticos de los electores, lo que dejaría en entredicho la credibilidad de la independencia de la institución.
“Si bien es cierto que existen diversos argumentos alrededor de las propuestas mencionadas, la mayoría radican en la enorme capacidad de burocracia y los gastos que generan las contralorías territoriales”, se lee en el informe. Más adelante, se menciona que “la revisión ha dejado en evidencia múltiples obstáculos en el proceso de elección. Uno de ellos son los parámetros utilizados en la evaluación de los exámenes de conocimiento, así como la falta de garantías en la protección de la cadena de custodia y el incumplimiento de las fechas acordadas en el cronograma”.
La contradicción
Lo que se esperaba con la descentralización del control fiscal que implicó la creación física de nuevas sedes en el país era una vigilancia más exhaustiva y eficiente; empero, el panorama no ha sido el más alentador. Lo anterior se tradujo realmente en un incremento de personal y, desde luego, en los gastos por honorarios.
Eso motivó a que Pares, en el informe, detallara que entre 2019 y 2023, las Contralorías de Antioquia y Boyacá fueron las que adelantaron mayor número de procesos de responsabilidad fiscal (actuaciones administrativas con el propósito de determinar la responsabilidad de un individuo en el daño al patrimonio del Estado por acción u omisión en su gestión fiscal, ya sea de forma dolosa o culposa), alcanzando 1.995 y 1.684, respectivamente. San Andrés con 62, Guainía con 58 y La Guajira con 39, por el contrario, fueron los que registraron menor cantidad de procesos.
Ahora bien, un fallo de responsabilidad fiscal puede corresponder al resarcimiento del daño ocasionado, o la inhabilidad para contratar con el Estado y para desempeñar cargos públicos, los cuales pueden ser con o sin responsabilidad.
Muchos procesos y pocos fallos
Totalizando, en ese periodo de tiempo, se llevaron a cabo 12.469 procesos de responsabilidad fiscal en las Contralorías Departamentales que suministraron información. Pero ojo, esa “eficiencia en la apertura de procesos” no se materializó en la expedición de fallos, habida cuenta de que solo se emitieron 1.253 fallos, lo que representa un 10% de los procesos. “Eso conduce a reflexionar sobre los niveles de productividad del control fiscal descentralizado y el impacto que ha logrado”, dice en otro aparte del informe.
En 2019, se adelantaron 2.863 procesos de responsabilidad fiscal, mientras que solo se emitieron 285 fallos. Y para 2023, se registraron 1.728 procesos, frente a 318 fallos.
Las Contralorías de Antioquia (399) y Santander (141) expidieron el mayor número de fallos de responsabilidad fiscal entre los años 2019-2023; no obstante, otras corporaciones tuvieron un bajo desempeño en el asunto en cuestión, tal es el caso de Guainía (0), Quindío (8) y Sucre (9).
Presupuesto ejecutado
Este mismo comportamiento se refleja al comparar el presupuesto ejecutado por las Contralorías y el dinero recuperado en razón de procesos de responsabilidad fiscal. En los últimos cinco años, el Estado ha invertido en presupuesto para las Contralorías Departamentales más de $858.067.060.965. Y en ese mismo periodo, el dinero recuperado por responsabilidad fiscal por los entes de control en cuestión no supera los $53.635.908.535. Es decir que el valor recuperado es igual al 6,25% del monto destinado al presupuesto de las Contralorías Departamentales.
El Huila es de los que menos dinero ha recuperado en esa línea. “El balance general de la gestión de las Contralorías Departamentales deja en evidencia las disparidades en términos de eficiencia, presupuesto y planta de personal”, concluyó el informe.
Contralor del Huila responde
En diálogo con LA NACIÓN, Andrés Felipe Vanegas, contralor del Huila, señaló que el informe es sesgado, dado que solo se enfoca en uno de los objetivos misionales de las Contralorías Territoriales, dejando de lado la participación ciudadana, en donde se tienen resultados positivos.
“En lo que respecta a la formación en la participación ciudadana, el fortalecimiento y control ciudadano a través de la formación y promoción de las veedurías y la atención de peticiones, quejas y denuncias, fueron tramitadas 333. Igualmente, se ha formado y promovido la participación de los estudiantes en la ejecución institucional de Contralores estudiantiles y se ha hecho un seguimiento en busca de la resolución de las obras inconclusas existentes en todo el Huila”, detalló.
A renglón seguido, precisó que también se deja de lado el ejercicio de control que se ejerce desde los procesos auditores, que “en lo que respecta a nuestra administración hemos llegado a sujetos de control que hace más de 6 años no eran objeto de vigilancia alguna. Habiendo llegado hasta la fecha a 85 sujetos de 129 que poseemos y aún nos falta la ejecución del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial 2025, en el cual lograremos una cobertura del 100% en 4 años”.
Además de: “Auditorías en donde, a diferencia de lo que se reporta en el informe, no solo se han extraído hallazgos fiscales, sino a su vez hallazgos de connotación administrativa, sancionatorios, disciplinarios y penales, que son el insumo de sendas investigaciones disciplinarias o penales, pues está comprobado que el 60% estos procesos inician por el traslado hecho por las Contralorías Territoriales”.
“No es cierto que el salario haya tenido ese incremento”
Dijo que no es cierto que sus honorarios hayan incrementado un 41%, “pues el salario del suscrito corresponde integralmente al mismo fijado por el Gobierno Nacional para el Gobernador del Departamento, según la categoría en el que el mismo se encuentre, y el aumento nuestro ha correspondido exactamente al mismo porcentaje de incremento fijado por el Gobierno Nacional a todos los servidores públicos. Con lo cual es claro que es un aspecto de orden legal y verificable, no correspondiendo al señalado”.
Explicó que, efectivamente, efectuaron un estudio de cargas laborales y funcionales en el año 2023, el cual arrojó la necesidad de fortalecer el nivel jerárquico profesional al interior de la Contraloría Departamental del Huila en casi 30 cargos, pero presupuestalmente era imposible llegar a ese número. Entonces, a efectos de atender esta necesidad, se eliminaron los cargos de asesores (3), igualmente se eliminó un cargo directivo y, por último, a los 7 directivos restantes se les redujo el salario en un 30%; fue así como crearon 16 cargos nuevos.
“El llamado es a ver nuestro desempeño en su integridad para así ser valorado, pues este es el esfuerzo de mujeres y hombres que por años han dado y vienen dando todo de sí en la salvaguarda del patrimonio público, como para que su labor sea minimizada”, enfatizó.
