Tras 7 días de protestas y millonarias pérdidas, terminó por ahora el paro minero, único instrumento posible para interlocutar con este gobierno. Se puso una vez más en evidencia el inconformismo de pequeños y medianos mineros, a quienes este gobierno les frenó sus procesos de formalización impidiéndoles el ejercicio de sus actividades, sin importar que ya contaran con todos sus permisos en regla. Petro y su gobierno están cumpliendo lo que se anunció desde un inicio: perseguir hasta prohibir la actividad minera y en su defecto, estatizarla.
Con el ataque a la minería se golpea uno de los sectores que en mayor medida contribuyen a la generación de recursos para el país y también para las arcas nacionales. El sector minero, sin incluir hidrocarburos, en el 2022 aportó cerca de 20 billones de pesos. Para que se tenga un parámetro de comparación, esto es, en impuesto de renta, 5 veces superior al que realizó la agricultura y casi el mismo que realizó la industria. Todo ello sin contar lo que también contribuye en regalías, que puede ser una cifra similar, más los aportes ambientales, que triplican el presupuesto de inversión del Ministerio de Ambiente, además de los aportes sociales en los territorios.
Lo cierto es que el sector minero se ha convertido en el centro de esta desconcertante cruzada contra la mal llamada economía extractivista. Cuatro frentes simultáneos ha abierto el Gobierno para librar estas batallas contra los mineros.
El primero, el Código Minero. Ya se adelantan las consultas previas, que, como es obvio, en este caso sí avanzan con celeridad, para llevar al Congreso la reforma del Código. Con este proyecto se invierte por completo el sistema legal para esta industria en Colombia. No se respetan los derechos adquiridos, se afectan temas estructurales como la reversión de activos, la determinación de zonas aptas para la minería y la prórroga de contratos, entre muchas otras, además de generalizar las causales de caducidad de los títulos mineros.
Y por si fuera poco, casi la mitad de las disposiciones quedan sujetas a reglamentación. En otras palabras, el régimen jurídico minero quedará a merced de lo que determine la Sra. Muhamad. Ya nos podemos imaginar.
Como segunda acción, entra a consideración de la Cámara el proyecto de Ecominerales. El objetivo no es nada distinto al del Código, es decir, la prohibición de la minería en el territorio y la centralización y estatización de la actividad. Esta nueva agencia será el instrumento ejecutor del modelo minero monopólico que se propone en el proyecto de código. Y al respecto yo me pregunto: ¿realmente el Estado cuenta con la capacidad para asumir el desarrollo de toda una industria que demanda una enorme capacidad técnica, de conocimientos geo-científicos y cuantiosas y permanentes inversiones? Vale la pena recordar que de cada 100 proyectos de exploración en el mundo, menos de uno termina convirtiéndose en una mina.
Aquí lo que se pretende es revivir las experiencias desastrosas de las corruptas e ineficientes empresas estatales mineras liquidadas hace más de 20 años, como Ecominas, Mineralco y Minercol, que fueron las que obligaron a replantear la forma en la que el Estado debía participar en la actividad.
En tercer lugar, la reforma tributaria. Después del fallo de la Corte Constitucional que le dio la razón a esta industria en el tema de las regalías, este gobierno, siempre irrespetuoso de los fallos, insiste en quitarle toda la rentabilidad al sector creando sobretasas progresivas al carbón, que lo llevarán a pagar hasta un 90 % en impuesto de renta. Totalmente confiscatorio.
Y por último, el Decreto 044, el florero de Llorente. Su reglamentación fue la que ocasionó el paro, pues permite al Ministerio declarar y delimitar las áreas que arbitrariamente considere como de reserva y excluirlas de la actividad minera. En ellas no podrán otorgarse nuevos contratos, y se afectan los títulos mineros en ejecución, aunque tengan licencia ambiental.
De materializarse, estas cuatro iniciativas terminarán de espantar la inversión privada en este importante sector de la economía. Y mientras van marchitando todas las actividades productivas del sector privado y asfixiando a los contribuyentes, siguen promoviendo más gasto público improductivo o reformas como la de aumentar el situado fiscal a límites insostenibles.
