Era lo obvio, la administración de las EPS intervenidas por parte la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) está generado deterioros en la atención, incremento en el déficit financiero, desborde de quejas y tutelas, y contrario a lo que aseguraban, no se ha resuelto la presunta corrupción que fue la principal justificación para dichas intervenciones.
“Gustavo el críptico” denunció que dineros de una EPS fueron desviados hacia paraísos fiscales, olvidando contar que las empresas involucradas en la presunta irregularidad son cuatro, tres de las cuales están intervenidas por la Supersalud, es decir, que quienes las dirigen son funcionarios designados por dicha entidad.
No obstante, que una EPS transfiera dinero a un gestor farmacéutico como pago por servicios prestados a cuentas de paraísos fiscales no genera per se una irregularidad; es común en la operación del sistema de salud que se compren insumos, dispositivos o medicamentos fuera del país, y para pagarlos es frecuente que lo hagan desde un paraíso fiscal, en donde regularmente y desde hace mucho rato, se comparte información con las autoridades para evitar el lavado de activos y la evasión de impuestos.
Lo anormal del asunto es un supuesto correo de un sujeto vinculado a una de esas EPS haciendo gestiones para direccionar los pagos que se hacen a través de la ADRES, o sea, que la corrupción que se pretendió corregir interviniendo esas EPS continuó, pero ahora, se insiste, encabezada por funcionarios que ejercen funciones públicas como los interventores designados por la Supersalud.
El problema de fondo es que la caquistocracia que nos gobierna tiene un diagnóstico errado del funcionamiento de la salud y, por eso, no le salen las cosas como las planean, a pesar del cambio permanente de funcionarios. La ineptitud pretenden ocultarla con anuncios y denuncias rimbombantes para obtener atención mediática, generando incertidumbre en el sector y consiguiendo el deterioro de la atención que actualmente los colombianos, principalmente los maestros, padecen.
Es incuestionable que no requerimos una reforma a la salud. Una nueva ley no soluciona por sí sola y de fondo los principales problemas del sistema, lo que se necesita imperiosamente es poner las cosas en orden, por ejemplo, que funcione la Supersalud, porque lo que no se vigila adecuadamente es más proclive a la corrupción.
El incoherente relato sobre la salud que este gobierno ha promovido muestra que está perdido en el dogma que considera que el único que puede garantizar el derecho a la salud, y a su vez cuidar el dinero, es el sector público.
