El pasado 6 y 7 de noviembre las altas cortes del poder judicial (la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado) conmemoraron con una sesión solemne los 39 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en la cual fueron asesinados 11 de sus magistrados, los 25 guerrilleros del M-19 que participaron en el operativo, algunos miembros de las Fuerzas Armadas y cerca de 100 civiles, tanto funcionarios de las cortes como visitantes de las mismas. No sólo la toma sino también la retoma, han sido definidas por sentencias judiciales como delitos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos la calificó como una masacre.
La retoma se dio con el uso de tanques de guerra, rockets, helicópteros y todo tipo de armas de destrucción masiva. Los presidentes de las altas cortes hicieron un llamado de respaldo a la justicia y al pleno esclarecimiento de muchos detalles oscuros de lo acontecido durante este episodio. Pero es la propia justicia quien debe aclarar elementos sórdidos del hecho, como aquel que, la inteligencia militar conoció previamente lo planeado por la guerrilla y no lo detuvo por su animadversión con un poder judicial defensor de los derechos humanos. No hay que olvidar que aquella corte, presidida por Alfonso Reyes Echandía, fue llamada por muchos como la “Corte Admirable”.
El coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien comandó el operativo de la retoma, fue declarado inocente en 2015 por la Corte Suprema de Justicia. Pero ahora vuelve a ser incluido en nuevas investigaciones sobre los hechos. En 2019, la misma Corte Suprema de Justicia condenó a 35 años de prisión por estos hechos al general Armando Arias Cabrales. En el 2021 el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 40 años de prisión al coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, el mayor William Vázquez y a los capitanes Luis Fernando Nieto, Antonio Jiménez y Fernando Ulmadín.
Este terrible suceso dejó al país al borde del colapso político. En esas 28 horas el presidente Belisario Betancourt fue un gran ausente de los acontecimientos. Cuando muchos temían que se consumara el golpe de Estado, que ya en la práctica se estaba dando, sucedió la avalancha de Armero que dejó alrededor de 25.000 muertos. Esta nueva tragedia, a sólo 7 días de la masacre del Palacio de Justicia, rompió el letargo de ese luto doloroso y nos movió a la solidaridad con estas nuevas víctimas.
Aunque hoy aún no hemos podido derrotar a los agentes de la violencia, la guerra y el odio, el pluralismo, la democracia plena y la búsqueda de la paz, siguen intentando abrirse camino.
