La Procuraduría destacó que, en 730 días en declaratoria de situación de desastre nacional, siguen sin corregirse las malas prácticas que han favorecido a que se presenten graves casos de corrupción en la UNGRD.
La Procuraduría General de la Nación hizo un enérgico llamado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a priorizar la adopción de medidas correctivas que permitan la protección eficaz de las personas y comunidades en los territorios, ante la multiplicidad de declaratorias de desastre nacional.
De acuerdo con el ente de control, luego de la información suministrada por el Gobierno nacional relacionada con una nueva declaratoria de situación de desastre nacional enfocada en la variabilidad climática, expedida mediante decreto No 1372 del 13 de noviembre de 2024, se alerta “sobre el manejo que se ha dado a esta figura jurídica para la mitigación y atención de desastres en el territorio nacional”.
El llamado del Ministerio Público se da, especialmente, por las falencias en la definición y ejecución de medidas integradas e inclusivas encaminadas a prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes.
En el documento, la Procuraduría resalta que, a pesar de que el país lleva más de 730 días en declaratoria de situación de desastre nacional, “siguen sin corregirse las malas prácticas que han favorecido que se presenten graves casos de corrupción en la UNGRD”.
Además, que los territorios en los cuales se deberían tener mejores condiciones de resiliencia, por el contrario, estén en situaciones de mayor exposición a las amenazas y de vulnerabilidad a los desastres.
Las delegadas para la Gestión y Gobernanza Territorial y la de Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios destacaron entre los aspectos más críticos y sobre los que se deben adoptar acciones inmediatas para garantizar los derechos de los afectados, la ausencia de Planes de Acción Específicos para la Recuperación (PAE) para las declaratorias de situación de desastre nacional de los decretos 2113 de 2022 y 037 de 2024.
Entre lo que evidenció la Procuraduría, también está la inaplicación del principio de oportuna información y las debilidades en el seguimiento y evaluación del Plan de Acción Especifico para la Recuperación del decreto 020 del 16 de enero 2024.
Finalmente, el ente de control afirmó que de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, se contempla como falta gravísima relacionada con la salud pública, los recursos naturales y el media ambiente, el “no dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres en los términos establecidos en la ley”.
