La inseguridad ciudadana, la criminalidad, la corrupción, el narcotráfico y la impunidad, se extendieron por toda la nación. Esa realidad, constituye grave amenaza para la vida, la democracia y el futuro, de todos los colombianos.
Es una realidad que obedece a causas concretas, ampliamente diagnosticadas y fácilmente identificables. La interpretación del desastre nacional, en que se convirtió la inseguridad, la criminalidad, la corrupción, el crecimiento del narcotráfico y la impunidad, que padecemos los colombianos, deben imputarse a deficiencias en el cumplimiento de responsabilidades legales que gravitan sobre el Estado, para garantizar seguridad integral a los ciudadanos, en su vida, honra y bienes.
Las respuestas y actitudes de los gobiernos nacionales, ante la magnitud, crecimiento y peligrosidad del desastre social e institucional colombiano, siempre han sido y son ridículas. Nunca han correspondido racionalmente a la gravedad y amenaza criminal evidente. Las cárceles deben humanizarse, en todos los aspectos y sentidos. Es una obligación institucional. La humanización debe partir de eliminar el hacinamiento y la estructuración y aplicación de políticas de Estado, concretas y prácticas, que garanticen la resocialización efectiva.
Son objetivos que deben articularse con la formación para la vida de todos los colombianos y ese proceso debe iniciarse en el Pre-kínder y debe extenderse y aplicarse, hasta los niveles de posdoctorados y el habitante de calle. La reforma integral, de la formación académica de los colombianos, debe reestructurarse a fondo.
La existencia social determina la conciencia social, nos dice el axioma, absolutamente válido, desde siempre y hasta siempre, en todo el planeta. Los integrantes de las organizaciones criminales colombianas, actúan conforme a condiciones de mentalidad que han desarrollado en su entorno social cotidiano predominante y motivados por objetivos netamente criminales, en muchos casos disfrazados de diversas formas, para lograr aceptación de la población.
En el caso colombiano y en el planeta, son válidas las conclusiones de estudiosos sobre el comportamiento humano. Entre muchos otros, el neurólogo C. Lombroso y juristas como R. Garófalo, E. Ferri y J. E. Gaitán, en Colombia, quienes definieron y difundieron sus teorías y tesis, sobre el criminal nato y formulación y presentación de sus conclusiones, relativas a la tipificación de conductas criminales y perfil social del criminal nato.
En Colombia están representados por todas las organizaciones criminales articuladas con el narcotráfico, como las disidencias de las exFarc, el Eln actual, y demás organizaciones criminales que operan en Colombia. Esas categorías criminales, mentales y sociales, no pueden cambiarse o revertirse con buenos consejos, por medio de misas diaconadas, aspersión de agua bendita, u ofrecimiento de incentivos económicos.
Requieren tratamientos específicos y demandan aplicación de controles jurídico legal y vigilancia, sistemáticas, para poder lograr resultados sociales aceptables. La inseguridad y criminalidad arraigadas en Colombia, para erradicarlas, requieren políticas de Estado integrales, que garanticen, poder erradicar las causas que las generaron. Dichas causas son de orden económico, jurídico, educacional, laboral e institucional.
Colombia requiere reconstrucción total e integral, en todos los campos del desarrollo humano, económico-social y político. El modelo económico-político dominante, la politiquería, el clientelismo, la corrupción tácita y abierta, institucionalizadas, crearon y mantienen un régimen político, institucional y administrativo, favorable a la descomposición social y degradación moral individual y colectiva, con sus correspondientes fatales resultados y efectos.
Organizaciones internacionales por la defensa de los derechos civiles y la transparencia de la justicia, reiteradamente señalan el crecimiento de la criminalidad y la impunidad en Colombia. Precisan que, desde hace años, la impunidad supera el 97%.
Estadísticas verificables, ubican a Colombia entre las cuatro naciones con mayor criminalidad e inseguridad ciudadana, en el planeta, mientras sostiene el gasto militar más alto, en términos de PIB (mayor al 6%), en el continente. Esto es aberrante. Investigaciones indican que hay más de 1.7 millones de armas de fuego legalizadas, en manos de civiles y que por cada arma con salvoconducto hay 6 ilegales. Promedio de una por cada 6 habitantes, sin control efectivo, por parte del Gobierno. El comercio es un negocio muy rentable, en muchos casos, camuflado de legalidad.
La situación de inseguridad y criminalidad que padece Colombia, exige y justifica, decretar y aplicar la emergencia nacional por inseguridad ciudadana. Esta debe decretarse ya. Hasta los enemigos del gobierno, celebrarían la decisión. Es posible habilitar sitios de retención seguros y transitorios, mientras construyen mínimo 250.000 nuevos cupos de detención, en recinto carcelario oficial y de alta seguridad. La declaración de la emergencia nacional por inseguridad ciudadana, debe consistir y contener, mínimo el siguiente ordenamiento legal y deben decretarla mínimo por 18 meses:
1. Prohibir el porte de todo tipo de armas blancas y de fuego en todo el territorio nacional, aún si el portador tiene salvoconducto. Si dispone de salvoconducto, debe actualizarlo en 30 días calendario.
2. Ordenar que el desacato de la prohibición de porte de armas, sin excepción, debe sancionarse con 1 años mínimo, de detención inconmutable en recinto carcelario, si no tiene antecedentes delincuenciales y más tiempo de encarcelamiento, de acuerdo con sus antecedentes y correspondiente juicio jurídico-legal, de acuerdo con sus antecedentes.
3. Ordenar,que toda acción realizada por terceros, contra la integridad física del ciudadano o de sus bienes, tiene que ser atendida y respondida, por el Estado, a través de los jueces, con sólo la versión de los hechos, por parte de la víctima, o de terceros testigos y sancionada con detención en recinto carcelario, mínimo por un años, si no tiene antecedentes judiciales y más, según la gravedad del daño ocasionado y la reincidencia en delitos. De esta manera, el delincuente desaparece del accionar callejero y delincuencial. Bajo ningún argumento y en ningún caso, quien desacate la prohibición de porte de armas, puede quedar libre.
4. Los organismos de seguridad: Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea, deben hacer requisas en toda las vías y calles de la geografía nacional, las 24 horas de los 365 días del año, por el tiempo que sea necesario, para hacer cumplir lo ordenado en la declaración de la emergencia nacional por inseguridad ciudadana y derrotar el narcotráfico y la criminalidad.
5.-El Gobierno debe ordenar y financiar la construcción de centros de reclusión, en cantidad que cuadruplique la capacidad de reclusión carcelaria actual, en cada capital de departamento. Y debe precisar que la infraestructura carcelaria nueva, el costo total, no puede superar $1.000.000 por metro cuadrado construido. Ese costo total, es suficiente para garantizar máxima seguridad y servicios básicos, higiénicos y de salubridad,
La declaración de emergencia nacional por inseguridad ciudadana, debe incluir el aumento de pie de fuerza, en toda la estructura de seguridad del Estado y programas para capacitar y profundizar en Derechos Humanos, a todos los uniformados de las Fuerzas Militares.
Superar las causas que originaron la problemática de inseguridad ciudadana y la criminalidad endémica, demanda una revolución jurídico-legal, socioeconómica, institucional, educativa, ética y moral y ejecutar y mantener un vuelco de 180 grados al modelo económico-político vigente que, hasta hoy, los gobiernos y el poder económico-político, del Régimen Político-Económico dominante, han auspiciado y tolerado por conveniencias, durante más de doscientos años de vida aparentemente democrática. La declaración de la emergencia nacional y aplicación inmediata, por el máximo tiempo posible, cambiaría la percepción de inseguridad de la mayoría de ciudadanos, de toda la nación. Conllevaría el cambio inmediato de la favorabilidad a la gestión de Gobierno, de parte de la mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué no actúa el gobierno? ¿No puede dimensionar la catástrofe?
