Después de 27 meses de intervención forzosa, el programa de salud, incorporado por la fuerza a la Caja de Compensación Familiar del Huila, descansa en paz. Con más penas que glorias, pero murió tranquila. Y sin dolientes que lloren su partida.
La EPS Comfamiliar pasó de la UCI en la que permaneció en estado de coma durante diez años, directo al horno crematorio.
La liquidación total ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud llegó a su fin. La intervención forzosa con fines de liquidación terminó ayer definitivamente.
La EPS Comfamiliar, creada a la fuerza durante el gobierno de Álvaro Uribe, se convirtió en un cáncer financiero, que hizo metástasis y la condujo directo al crematorio. Hoy descansa en paz. Con pena, pero sin gloria.
Dos años y tres meses después de haber sido intervenida, el programa de salud pasó a mejor vida. El deceso se produjo a las doce de la noche.
Sus despojos mortales, sin dolientes, permanecieron en la funeraria contable hasta la media noche y, luego fue conducida, sin funerales, al camposanto donde fue cremada, sin honores.
La medida cautelar ordenada el 26 de agosto de 2022 concluyó sin traumatismos. El proceso de liquidación se adelantó sin ventajas, las reclamaciones se tramitaron dentro de los parámetros legales y las controversias se dirimieron pacíficamente.
Incluso, la calificación y graduación de las millonarias acreencias reclamadas, la fase más dura del proceso, se tramitaron dentro de los cauces del debido proceso, aseguró el agente liquidador.
Historia clínica
La toma de posesión de todos los bienes y negocios del programa de salud en bancarrota permitió durante los últimos 27 meses la ejecución de las operaciones contables y financieras, mejoró las condiciones de manejo de los embargos, facilitó el pago parcial de las acreencias y precisó las obligaciones pendientes con los proveedores. Este era el principal detonante del colapso financiero.
Desde el punto de vista técnico-administrativo y financiero, la EPS estaba en una situación crítica que la volvió inviable. No cumplía con el patrimonio mínimo exigido, ni con el capital para sostener la operación. No tenía la viabilidad por la alta cartera, los pagos eran imposibles, los pasivos eran superiores a los activos, y definitivamente, la EPS no contaba con el respaldo financiero para poder continuar operando.
Pero, además, todas las medidas adoptadas por el consejo directivo desde el 2015 y ejecutadas por sus representantes, resultaron fallidas. La recuperación quedó en cero.
Exequias contables
El agente liquidador Juan Carlos Carvajal adelantó ayer con el equipo contable el protocolo final de la paciente que pereció después de doce años de agonía (2012-2024).
En este orden dispuso las últimas gestiones de recuperación de cartera, tramitó el paz y salvo ante la ADRES y dispuso el cierre de las cuentas maestras y, en general, la terminación de los procesos de compensación, descuentos y recobros. El plazo final venció el 26 de noviembre.
El funcionario firmó el informe financiero, refrendó la rendición de cuentas y con la bendición del contralor del proceso, Yesid Perdomo, autorizó la eutanasia.
Finalmente, hacia la medianoche dispuso la supresión y disolución de la EPS, que será el certificado de defunción con el que probará que el paciente ya no es de este mundo.
Saldo rojo
Según la Superintendencia de Salud, el pasivo de la EPS hasta el 31 de mayo de 2022 alcanzó la suma de 412.299 millones de pesos, un 76.8% superior al valor reportado a diciembre de 2018.
En concreto: La EPS no logró equilibrar su operación corriente, lo que colocó en riesgo la garantía de prestación de servicios oportuna y con calidad a sus afiliados, lo que determinó la intervención administrativa y la posesión forzosa de la EPS con fines de liquidación que terminó ayer 26 de noviembre con el entierro definitivo.
Saldo final
Aunque el proceso de liquidación se surtió en los términos convenidos no todas las acreencias reconocidas lograron cubrirse.
En total fueron radicadas 2.832 reclamaciones por parte de los acreedores por la suma de 717.134 millones de pesos. De estas acreencias 155 por 5.331 millones fueron reclamaciones extemporáneas.
Una vez se terminó el proceso de calificación y graduación de las acreencias el saldo reconocido sin pagar finalmente ascendió a la suma de 315.800 millones de pesos.
Solamente se reconoció el 44,03 por ciento de las reclamaciones totales presentadas oportunamente por los acreedores. Esto significa que más de la mitad (el 55.97%) de las acreencias no se cubrieron. Muchas de estas reclamaciones no entraron en la masa liquidatoria, unas por extemporáneas y otras por inconsistencias detectadas en el proceso de calificación y graduación.
Con estas cifras definitivas e inapelables culminó ayer el proceso de liquidación.
Las acreencias
Las mayores acreencias corresponden a la red pública. En su conjunto presentaron acreencias por 242.087 millones de pesos. Las acreencias reconocidas sin pagar sumaron 127.721 millones de pesos.
Los cuatro principales hospitales del Huila presentaron reclamaciones por 170.899 millones de pesos. Solo le reconocieron sin pagar 96.450 millones de pesos, un poco más de la mitad (56,43%).
El Hospital Universitario de Neiva reportó deudas por 95.772 millones de pesos. Las acreencias reconocidas sin pagar ascendieron a por 62.524 millones de pesos (65,28$)
Por giro directo el Hospital Universitario recibió la suma de 835,87 millones de pesos.
El Hospital San Vicente de Paúl de Garzón presentó reclamaciones por 42.698 millones de pesos. Solo le reconocieron 12.914 millones de pesos sin pagar. Por giro directo recibió 334,84 millones de pesos.
El Hospital San Antonio de Pitalito registró acreencias por 17.568 millones de pesos; le reconocieron sin pagar 12.090 millones, sin pagar y recibió por giro directo 324,96 millones de pesos.
Las deudas del Hospital San Antonio de Padua ascendieron a 6.015 millones de pesos, admitidas sin pagar 3.290 millones y recibió un por giro directo 94,55 millones de pesos.
La ESE de Neiva reclamó 6.015 millones de pesos y le reconocieron 3.290 millones sin pagar.
En el limbo
La red privada presentó reclamaciones totales por 475.045 millones de pesos. Solo le reconocieron sin pagar 188.079 millones de pesos (39,59%).
En el sector privado el mayor número de acreencias lo registró la clínica Uros con 97.775 millones de pesos, de los cuales solo le aprobaron 21.636 millones de pesos. La clínica Medilaser presentó acreencias por 88.029 millones de pesos de las cuales solo fueron reconocidos 39.761 millones de pesos. Recibió por giro directo 717,64 millones de peos y Uros 51,86 millones. En el informe aparecen las demás IPS con cuentas no canceladas por la EPS Comfamiliar. Los recursos quedaron en el limbo.
Durante la última fase la Caja gestionó el último recaudo de cuentas por pagar por valor de 44.412 millones de pesos.
Blindaje
El agente liquidador configuró el desequilibrio financiero del proceso de liquidación forzosa, declaró como insolutos los créditos reconocidos en las diferentes prelaciones oportunas, extemporáneos y pasivo cierto no reclamado.
También dispuso la compensación por la pérdida del poder adquisitivo por el agotamiento de sus activos.
Asimismo, declaró la imposibilidad material y financiera de la EPS liquidada de constituir la reserva técnica y económica. Estas medidas constituyen una especie de blindaje en caso de producirse cualquier tipo de condena por concepto de procesos judiciales ordinarios, declarativos, cobro coactivo, procesos de responsabilidad fiscal o sancionatorio.
En estas condiciones no será posible efectuar el pago de eventuales reclamaciones por agotamiento total de los activos disponibles. ¿Y el resto?
Defunción
Cumplidas las últimas gestiones, la EPS Comfamiliar quedó formalmente disuelta y dejó de existir como programa especial de salud, anexado a la fuerza como unidad de negocio durante el gobierno de Uribe, pero si asignarle los recursos necesarios para poder funcionar, lo que provocó el colapso.
La Comfamiliar del Huila canceló ayer todos los registros oficiales y la EPS a partir de las cero horas de hoy 28 de noviembre desapareció del mundo jurídico. Murió tranquila. Quizá, con pecados y, seguramente, con muchos remordimientos.
Solo que ahora, cremada y sepultada, no tendrá dolientes que lloren su partida.
En el osario de su pesadumbre solo se escuchan los murmullos lejanos, los quejidos fantasmales de sus acreedores y los lamentos, los tétricos sollozos de los proveedores en pena. ¿Quién responde?
De ella solo quedó como un epitafio de ingrata recordación: Por fin descansó en paz. ¡Que brille para ella la luz perpetua!
El comienzo del fin
La intervención total de la Caja fue ordenada el 25 de julio de 2022, dos semanas antes de culminar el gobierno de Iván Duque. La medida era conjurar la caótica situación financiera, que se venía registrando desde el 2012 porque nunca le asignaron los recursos necesarios, lo que precipitó el descalabro de la EPS.
Desde esa fecha, la Superintendencia de Subsidio Familiar asumió el control total de la entidad y dispuso la remoción inmediata del director y relevó a la totalidad de los miembros del consejo directivo en interinidad desde antes del 2016.
Un mes después ordenó la liquidación definitiva de la EPS, causa y origen del ensombrecido panorama financiero.
Estruendoso fracaso
El Plan de Reorganización Institucional, presentado desde el 2017 como una tabla de salvación, terminó en un estruendoso fracaso.
Las órdenes de recuperación como medida cautelar, no dieron resultados. Una medida especial de vigilancia, prorrogadas en cinco oportunidades tampoco logró alejarla del precipicio.
Por el contrario, la colocó en el borde de la inviabilidad. Por primera vez, la Caja de Compensación terminó ese año con un patrimonio negativo.
El patrimonio calculado en 356.800 millones de pesos, registró una disminución de 85.5%. El patrimonio llegó en el 2022 a 51.713 millones de pesos, equivalente al 14.5%”, según el revisor fiscal Yesid Perdomo Guerrero, contralor designado contralor del proceso.
Según el equipo técnico de la Superintendencia de Subsidio Familiar, encargado de la intervención administrativa, las acciones presentadas por la entidad para la contención de las crisis fueron inefectivas frente al inatajable crecimiento de los indicadores de insolvencia e iliquidez.
