En el año 2004 entró a regir en Colombia el sistema penal acusatorio, muy parecido al modelo gringo, dónde todo el proceso judicial se debía hacer en poco tiempo y dónde prima la justicia negociada, toda vez que, esté sistema es adversarial. Para ello, se instalaron temas como el allanamiento, los preacuerdos y el principio de oportunidad. Eran mecanismos diseñados con la lógica de abreviar el proceso judicial o hacerlo más rápido. Esté sistema era muy diferente al anterior, el cual era más inquisitivo y lento.
A medida que pasaron los años del nuevo sistema ocurrieron tres fenómenos. Por un lado, se realizaron 67 reformas que bloquearon o impidieron que el sistema acusatorio funcionara de buena forma, impidiendo negociaciones, preacuerdos y allanamientos o, al menos, disminuyeron la justicia negociada. En últimas se bloqueó la esencia del sistema.
Lo segundo que pasó fue un colapso del sistema judicial, el cual tiene múltiples explicaciones, no solo que se hubiese bloqueado la esencia del sistema, pero lo cierto es que la Cifra Negra en Colombia es de más del 70%. Además, de todo lo que entra al sistema judicial solo el 5% termina en juicio y un proceso penal dura entre 9 y 11 años en su segunda instancia. Al final, la justicia por mano propia termina siendo una alternativa para mucha población.
Lo tercero que ocurrió fue una transformación de la criminalidad. Las estructuras piramidales y compartimentadas dieron paso a organizaciones criminales de tipo nodal y descentralizadas. Lo que hace más difícil de detectar y, a su vez, la mejor forma para desarticularlas es con información de fuentes de adentro de la organización. En la medida que no se preveían beneficios judiciales a quienes entregaran información, pues era casi imposible un preacuerdo o una sentencia anticipada.
Así las cosas, lo que hace la reforma es regresar a la esencia del sistema acusatorio, donde se permiten preacuerdos, allanamientos y principio de oportunidad. Esto permite que, por ejemplo, si se captura un terrorista, se le da una reducción mínima de la pena a cambio de que entregue a sus socios y el resto de la red. Además, para delitos que tienen colapsado el sistema judicial como la estafa se prevé la reparación integral. Es decir, la reforma le apuesta a un procedimiento abreviado que lleve a una sentencia anticipada y rápida.
Esta reforma aplaudida por la mayoría de los juristas y expertos, es una parte de múltiples reformas que se deben hacer al sistema judicial colombiano en búsqueda de reducir la impunidad y mejorar la eficacia. Las mejoras serán de a poco y dependerán de otras reformas en el futuro, pero se ha dado el primer paso.
