Los hechos delictivos en el municipio de Neiva siguen afectando a la ciudadanía y se deben buscar mecanismos de financiación para fortalecer la capacidad de respuesta por parte de los organismos de seguridad. Ese es el argumento que tiene el alcalde German Casagua para imponer en la ciudad un nuevo tributo en el recibo del predial. ¿Qué piensan los concejales?
La silenciosa radicación y aprobación en primer debate del proyecto de acuerdo para aumentar el predial en Neiva, mediante una sobretasa del 7% destinada a temas de seguridad y convivencia ciudadana, pone sobre la palestra pública el grave problema de la inseguridad que golpea a este municipio, lo cual, no ha sido enfrentado con eficacia en la administración del alcalde German Casagua.
Hay “una debilidad en cuanto a nuestras capacidades tácticas operativas de inteligencia y de movilidad”, argumentó el secretario de Gobierno, José Ferney Ducuara durante el primer debate. Los recursos “no son suficientes, tenemos muchas necesidades insatisfechas”, dijo, y se refirió al déficit del Fondo de Seguridad Territorial: “Hoy no tenemos cómo financiar las necesidades en materia de seguridad”, alertó.
Reiteró el secretario de Gobierno que: “Hoy Neiva tiene problemas de seguridad. Necesitamos esta herramienta de financiación para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana de nuestra hermosa y linda ciudad”.
En su ponencia positiva el concejal Jesús Andrés Garzón Roa admite una realidad que han venido denunciado los neivanos: “el aumento de los delitos de terrorismo y la extorsión”. Explica que la ciudad está siendo afectada “por grupos disidentes al margen de la ley” quienes durante el presente año han lanzado 23 artefactos explosivos contra establecimientos de comercio.
Pero además se “ha registrado el accionar de bandas delincuenciales organizadas que han causado pánico en la ciudadanía con la utilización de armas de fuego en la comisión de delitos como fleteo, el hurto y el homicidio”.
Subrayó que ante este panorama se hace “necesario generar los recursos que permitan fortalecer los organismos de seguridad” a fin de brindarles las herramientas para contrarrestar estos fenómenos criminales. “Que la ciudad cuente con una capacidad táctica robusta que permita enfrentar y superar los delincuentes”, fue otra de las razones.
Por eso según el cabildante, el proyecto de la Alcaldía y del cual es ponente, “es conveniente y necesario”, precisando que los recursos de la sobretasa ($3.751 millones/año), permitirían desarrollar las acciones, programas y proyectos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), y fortalecer las capacidades institucionales mediante nuevos sistemas de cámaras, vehículos y motocicletas.
En la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, la Alcaldía revela que entre el 2022 y 2023 subieron los delitos de homicidio (8%), lesiones personales (12%), hurto a personas (9%) y hurto a comercio (70%).
Y para el 2024 la extorsión está grave: “65% tenemos de incremento en extorsión, 350% el terrorismo y hoy tenemos 23 atentados terroristas en Neiva”, admitió el secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara durante el debate. Precisó que para el presente año y a la fecha los indicadores los favorecen en otros delitos de alto impacto como homicidio y hurtos en varias modalidades, que se comparan con datos altísimos.
Los responsables ahora de aprobar o no este proyecto, es la plenaria del Concejo. En la comisión salvo Alejandro Serna, todos votaron positivo: Jesús Andrés Garzón Roa (partido Todos Somos Colombia), Dagoberto Gómez Méndez (movimiento Neiva en Acción), Félix Felipe Trujillo Uribe (Centro Democrático), Roberto Escobar Beltrán (Partido de La U.), Héctor Camilo Perdomo Arenas (partido Alianza Verde) y Cristhian Rubther Bautista Cachaya (coalición Unidos por Neiva).
Si la medida lograr salir a flote, para el 2025 una persona de estrato 1 que pagaba $80.000 por el impuesto predial, el próximo año destinará $5.600 más para contribuir a la causa. O, si paga $100.000, con $7.000, etc. Esta obligación adicional toca a todos los estratos y la recauda la Secretaría de Hacienda del Municipio.
Proyección del recaudo
La Cámara de Comercio del Huila ha sido una de las principales críticas de la medida, la entidad cameral considera que se atraviesa por un momento “difícil para el tejido empresarial económicamente hablando”. Hoy habrá una mesa de trabajo con los concejales.
“No estamos en contra de las inversiones que sí o sí se deben hacer para mejorar la seguridad de la ciudad, pues lamentablemente este es un flagelo que nos afecta a todos, pero sí es importante que analicemos nuevamente el tema desde diferentes miradas para que se tome la mejor decisión para la ciudad y la ciudadanía en general”, expuso la Cámara.
LA NACIÓN consultó a los concejales para conocer qué percepción tienen de la iniciativa y cómo podría ser su votación en del debate que se realizará en los próximos días.
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¿El problema de la inseguridad en Neiva se solucionará con esta iniciativa que se tramita en el Concejo?
Lourdes Paola Mateus (Pacto Histórico).
¡No, por supuesto que no! La seguridad no va a mejorar en una ciudad donde la fuente de empleabilidad más grande es el Estado (Alcaldía), la justicia no opera, la Policía necesita mucho más que $4.000 millones al año y donde la Alcaldía descuida los temas sociales para atacar la pobreza, la falta de educación y las oportunidades. En comparación con lo que necesita la Policía para fortalecerse en inteligencia y operatividad, ¡ese monto no le hace ni cosquillas! Así que, me parece una carga tributaria que no soluciona el problema y que le crea un tributo adicional a la gente sin que vayan a haber resultados notables. ¡La administración debe cambiar de estrategia en materia de seguridad!
Juan Yamid Sanabria Triana (Neiva en Acción).
Es fundamental garantizar recursos que permitan optimizar, especialmente, lo relacionado con tecnología e implementos para nuestra fuerza pública, dado que, estas herramientas son esenciales para la creación de los nuevos cuadrantes que vienen implementándose desde la Policía Metropolitana. La inseguridad se soluciona de dos maneras: una, garantizar una autoridad presente, que la gente vea en las calles que hay orden; y dos, la inversión social, por ello, considero que estos recursos también tienen que ir orientados a crear programas sociales que permitan romper con esos círculos lamentables de vinculación a la delincuencia en sectores vulnerables. En mi concepto, sí aportará, porque se requiere una mayor capacidad institucional. Lo que se requiere hoy es un centro de monitoreo unificado.
Juan Diego Amaya, (Fuerza Ciudadana).
No. Una tasa pro seguridad no va a solucionar estructuralmente el problema de delincuencia que tiene Neiva. Seguramente fortalecerá la Policía; las cámaras, camionetas, y recursos que necesita para atrapar a bandidos y ladrones. Pero esa es solo una de las dimensiones, hay otra y es la cantidad de jóvenes que no pueden construir un proyecto de vida, están ubicados en los barrios vulnerables y si no contamos con programas de prevención del delito, probablemente eso no cambiará. Otro problema complejo es el diseño institucional de la justicia; muchas personas son reincidentes. Entonces, la tasa pro seguridad termina reforzando solamente una de las tres dimensiones, pero no ataca la causa que es un problema social. Que existan delincuentes es la consecuencia de un problema social mucho más profundo.
Juan Sebastián Camacho Aya (Todos Somos Colombia).
La implementación de una tasa de seguridad podría ser una herramienta útil para atender ciertas necesidades inmediatas relacionadas con el financiamiento de la seguridad en Neiva. Sin embargo, plantearla como la solución al problema de la inseguridad sería una simplificación, dado que esta problemática tiene raíces mucho más profundas que van más allá de la disponibilidad de recursos. (…) En un municipio como Neiva, donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas, un nuevo gravamen podría generar rechazo social, especialmente si no existe confianza en que los recursos serán bien utilizados. Es clave garantizar que esta medida sea progresiva y no termine afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. La administración municipal debe complementar esta propuesta con un plan integral que contemple tanto acciones inmediatas como reformas estructurales.
Abel Mendoza Vásquez (ASI).
El fortalecimiento institucional para contrarrestar y solucionar el problema de inseguridad no se acaba con la imposición de dicha sobretasa, la inseguridad es un fenómeno que se ha incrementado en todas las regiones tanto urbanas como rurales, desde luego que, si se cuenta con recursos para inversión en tecnología, pie de fuerza y políticas públicas claras de seguridad, se mitiga ese ‘cáncer’ que tiene varios orígenes, entre otros, descomposición social, desigualdad de oportunidades, ambiente de impunidad, violencia de género, violencia familiar, desempleo y falta de solidaridad ciudadana. El primer enfoque debe estar orientado a la educación y cultura ciudadana. Los sectores público – privado debemos ser actores de primera instancia para contribuir a ese logro, para tratar la inseguridad de fondo y no con medidas paliativas.
Héctor Javier Osorio (estatuto de oposición).
Para nada. Varias razones. La solución va más allá de motos y logística. Necesitamos una fuerte decisión en reinvención de estrategias de inteligencia para rediseñar los planes cuadrantes y candados de las 10 comunas y corregimientos, ya que hicieron crisis en su capacidad de prevención y reacción ante el delito. Cada vez, la comunidad denuncia menos. Dos, lo anterior lleva a revisar el uso de altas tecnologías con otras implementaciones en las comunas. Por ejemplo, permitiendo traer nuevos software para la trazabilidad de las bandas criminales para desarticularlas. Sabemos quiénes son, dónde están y cómo actúan. Y eso no está previsto. Por último, no hay planificación en la coordinación de la sobre tasa por la seguridad y el endeudamiento de $80 mil millones para lograr efectos más contundentes.
Luis Humberto Perdomo Romero (Pacto Histórico).
Hablar de una sobretasa de seguridad, me parece que es problemático porque tiene un componente reactivo, es decir, creo que la administración municipal debe enfocarse en acciones de prevención social del delito, pero lo que busca esta sobretasa es reaccionar ante una problemática. Es necesario revisar de manera histórica cómo se ha venido ordenando y ejecutando el gasto y los recursos públicos en el municipio, revisar el gasto social que se tiene, es decir, cómo estamos en niveles de educación, acceso a empleo, qué oportunidades se están generando como factores que inciden en la inseguridad. Aquí nos podemos llenar de policías por cada cuadra, cámaras de seguridad en cada esquina y alarmas comunitarias en cada barrio, pero eso no solventará las necesidades que se tienen y eso es importante que lo entienda esta administración.
