El Consejo de Estado anunció que la Procuraduría General de la Nación puede investigar y sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. De esta forma, el Ministerio Público, actualmente en cabeza de Margarita Cabello, podrá seguir sancionando a alcaldes, gobernadores y congresistas.
Jhoan Sebastián Salazar
La Sala Plena del Consejo de Estado emitió un fallo que ratifica la facultad sancionadora de la Procuraduría General de la Nación sobre funcionarios de elección popular, como alcaldes, gobernadores y congresistas.
Sin embargo, la alta corte dejó en claro que estas decisiones estarán sujetas a una revisión automática por parte de la misma corporación para garantizar el principio de doble conformidad.
Detalles
Milton Cháves, presidente del Consejo de Estado, explicó que esta medida busca garantizar estándares internacionales en la protección de derechos políticos y electorales.
“El control que va a hacer el Consejo de Estado de las sanciones de la Procuraduría va a cobijar, además de los elegidos popularmente que están en ejercicio del cargo, también las sanciones de los que son elegidos popularmente y que están fuera del cargo. Se garantiza el principio de doble conformidad, estas personas que tienen este régimen especial, van a tener la posibilidad de que se revise esa decisión que se tome en primera instancia”, señaló.
De igual forma, los magistrados del Consejo de Estado aclararon igualmente que lo definido por la Sala Plena es de carácter transitorio, mientras que el Congreso, si así lo decide, debe expedir las normas que definan definitivamente el poder de la Procuraduría para sancionar a este tipo de funcionarios.
“El Congreso, como ya lo había dicho la Corte Constitucional, es el que debe expedir el estatuto legal que defina el principio de reserva judicial que está contemplado como principio convencional, entonces la aclaración que subrayo es que esta es una decisión que por su esencia es transitoria y depende de la decisión del Congreso”, dijo Milton Cháves.
Aplaudió la decisión
La procuradora Margarita Cabello celebró el fallo del Consejo de Estado, que reafirmó las facultades del organismo de control para sancionar a los funcionarios que fueron elegidos por voto popular.
“Este respaldo fortalece el control disciplinario y la lucha contra la corrupción en el país”, aseguró la jefa del Ministerio Público.
“La revisión de las medidas de destitución e inhabilidad por parte del Consejo de Estado es garantía del debido proceso y el equilibrio institucional. Seguiremos trabajando con rigor y transparencia en defensa del interés público y la legalidad”, complementó la líder del Ministerio Público.
¿Revés político?
Esta decisión marca un precedente en medio de la polémica entre el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría por las sanciones e inhabilidades del Ministerio Público a los electos por voto popular.
De igual forma, algunos sectores políticos consideran que esta determinación significa un nuevo revés político para el presidente Gustavo Petro, quien desde que fue destituido como alcalde de Bogotá en 2013, cuando Alejandro Ordóñez era el jefe de la Procuraduría, y desde entonces ha insistido en acabar con los poderes del ente de control. Petro —quien regresó a la alcaldía de la capital colombiana por el fallo de la Corte Interamericana que le resultó favorable— ha señalado tanto en la Alcaldía de Bogotá como en la presidencia de la República que el Ministerio Público es un fortín político y un centro de persecución a la oposición.
