Aunque muchos mandatarios locales han celebrado la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones, los economistas más reconocidos del país y centros de estudios han elevado sus voces de rechazo y alertas, incluso, el Banco de la República.
Antes, durante y después de la reforma al Sistema General de Participaciones no han cesado las críticas de los economistas del país, contra la iniciativa del Gobierno Nacional y liderada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que promete devolverle la independencia fiscal y económica a las regiones.
Según el Ministerio, la reforma constitucional fue producto de una ardua búsqueda de consensos entre el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y las alcaldías y gobernaciones del país.
“Esta es la reforma constitucional, tal vez, si no la más importante, de las más importantes que se han aprobado desde la Constitución de 1991. Durante los ocho debates se fue ajustando, se fue mejorando, se fueron superando diferencias y temores de quienes, legítimamente y siendo amigos de la descentralización, tenían preocupaciones desde el punto de vista fiscal”, mencionó el ministro del Interior.
Actualmente, la Nación transfiere a los entes territoriales poco más del 20% de sus ingresos corrientes, un porcentaje mínimo que promueve un Estado centralista que concentra sus decisiones en Bogotá. Con la entrada en vigencia de Acto Legislativo, los entes territoriales pasarán a recibir el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación, un cambio que se hará de manera gradual mientras se les asignan nuevas responsabilidades.
“Riesgos fiscales”
Pero a los economistas no los termina de convencer la iniciativa, que ahora es una realidad. Por ejemplo, para el exministro de Hacienda del presidente Gustavo Petro, José Antonio Ocampo esta “genera serios riesgos fiscales, tal como lo hemos señalado un grupo amplio de ex ministros de Hacienda y el ministro actual (Ricardo Bonilla). Se siguió una lógica incorrecta: deberían haberse definido primero las competencias de los gobiernos regionales y del nacional, y los costos de unas y otras, no definiendo primero los recursos. Se debe fomentar la descentralización, tal como lo señaló la Constitución de 1991, pero de manera lógica y sin generar importantes riesgos fiscales”.
Así mismo, el director ejecutivo del centro de investigación económica Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, alertó que trae “consecuencias negativas en términos de la sostenibilidad de las fianzas públicas”, anotó que si bien resta tramitar una ley de competencias que determinará cuáles son los gastos que se van a trasladar a las entidades territoriales, “persisten las inquietudes sobre el impacto fiscal de la reforma, por el tamaño del aumento de las transferencias que se deberá dar en un periodo de 12 años que, en nuestros cálculos equivale a más del 3% del Producto Interno Bruto, una cifra muy grande que seguramente generará mayores inflexibilidades en el gasto y apretará aún más el limitado espacio fiscal”.
Además, sostuvo que no aborda tres aspectos fundamentales y son el fortalecimiento de los ingresos propios o tributarios de las entidades territoriales, las capacidades institucionales y no hay un fortalecimiento de los mecanismos de transparencia.
“Las consecuencias de la aprobación de esta reforma tendrán que ver con el aumento en el riesgo de las finanzas públicas, el riesgo país, es decir, un aumento en las tasas de interés de la deuda pública y también un deterioro en el precio de otros activos como, por ejemplo, la moneda local, no nos debería sorprender presiones al alza en el dólar”, vaticinó el director de Fedesarrollo.
En esa misma línea, recién comenzó el debate en el Congreso un grupo de analistas del Banco de la República, alertó que hay un riesgo fiscal y macroeconómico debido a este proyecto de ley: “la senda de la deuda pública sería creciente, con exigencias cada vez mayores para cumplir la regla fiscal, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal”, es una de las alertas.
La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) entrará en vigor cuando el Congreso apruebe, entre 2025 y 2026, la Ley de Competencias, que asignará mayores responsabilidades a las entidades territoriales. Con este Acto Legislativo, además de recibir más recursos, los territorios deberán fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y supervisión de los programas y proyectos.
La Federación Nacional de Departamentos aplaudió que “Colombia avanza hacia una verdadera descentralización”, afirmó. “Celebramos este logro para las regiones”.
“Es hacer justicia”
El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba celebró la aprobación de la reforma. “Es algo que hemos venido liderando los gobernadores a través de la Federación Nacional de Departamentos, en hora buena, ya aprobado, por el Congreso de Colombia, es hacer justicia”. Señaló que la Constitución de 1991 previó que hubiera un Sistema General de Participaciones y se les trasladara recursos a las regiones hasta el 48% de los ingresos corrientes, pero con contrarreformas del 2001 y 2007 “se fueron al traste, y hubo fue una posición regresiva y llegamos hasta el 20%. Hemos visto pocos recursos, mucho centralismo”.
