Al proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participación aumentando las transferencias de recursos de la Nación a municipios y departamentos, aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes casi por unanimidad el pasado lunes, previamente aprobado en el Senado por gran mayoría de 75 votos el 28 de octubre anterior, le falta la conciliación de textos por las dos corporaciones, la sanción presidencial y la exequibilidad que debe decretar la Corte Constitucional, para que entre en vigencia.
El trámite de conciliación de textos y la sanción presidencial podremos darlas por hechas a tiempo y sin problema alguno, porque a los congresistas y al presidente Petro les interesa sacar la reforma constitucional adelante como instrumento de campaña inmejorable, así la paternidad del proyecto sea del Ministro Cristo y no propiamente de la esencia de Gustavo Petro. Este sabe aprovechar las oportunidades. Así lo demostró de manera contundente irrumpiendo en la voluntad de los congresistas con la elección de Gregorio Eljach como Procurador General de la Nación y de Miguel Polo a la Corte Constitucional, ninguno de los dos ternados por el casi omnímodo Petro, pero sí apalancados por él sin sonrojo alguno.
Este acto legislativo, si cuaja finalmente, será el único valedero cambio hasta ahora propiciado por este gobierno progresista, como quiera que significa un primer gran paso para materializar la descentralización administrativa preconizada en la Constitución del 91. Ojalá no lo corrompan metiéndole ideología y politiquería a la correspondiente ley de competencias que debe expedirse en plazo no superior de dos años para que se produzca el aumento paulatino a 39.6% de los ingresos nacionales a las entidades territoriales en los siguientes doce años.
No todo tiene porqué ser pérfido en este desastroso gobierno. Definir traslado de competencias debe ser asunto eminentemente técnico a cargo de cabezas brillantes que sobran en nuestra sociedad. Será el momento preciso, además, para descontinuar muchísima burocracia que sobra y malgasta los recursos del erario público, hoy por hoy en graves dificultades harto conocidas.
