En una entrevista para un noticiero de televisión, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, dijo que los llamados “falsos positivos” en Colombia eran verdaderos crímenes de Estado, cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra ciudadanos inocentes a quienes se reclutaba para luego ser asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Se quejó por el falso debate sobre el número de muertos, que de hecho es muy superior a los 6.402 que registra la JEP, porque las investigaciones avanzan y el número de víctimas se acrecienta cada día. Explicó como en el caso de Neiva inicialmente fueron incluidos 15 “falsos positivos” y al día de hoy, con el desarrollo del proceso, ya pasan de 200.
De manera que lo verdaderamente esencial no es cuántas fueron las víctimas sino cómo fue posible que en un Estado supuestamente “democrático”, sus instituciones militares se hayan dedicado, a lo largo y ancho del país, a asesinar a ciudadanos humildes e inocentes para aparentar triunfos militares contra los grupos armados ilegales.
Los recursos financieros del Estado, al que todos los ciudadanos contribuimos con nuestros impuestos, no sólo fueron utilizados para este plan criminal de los “falsos positivos”. También con ellos se financió el Das, que se convirtió en un aparato de inteligencia militar tipo la Gestapo de Hitler, para perseguir a la oposición. El apoyo de nuestra institución militar a los grupos paramilitares, en armas, inteligencia y otro tipo de logística, facilitó las cerca de 1.500 masacres y sus 10.000 víctimas. También el genocidio contra las Unión Patriótica, un partido legal al que le asesinaron más de 5.000 de sus dirigentes. A esto hay que agregar el tratamiento militar de la protesta social como los paros del 2020 y 2021 que dejaron más de 100 muertos y 50 incapacitados con la pérdida de uno de sus ojos.
Ya el Estado colombiano ha sido condenado por muchos de estos crímenes por organismos de justicia tanto nacional como internacional. La responsable no es solamente la institución militar, también son responsables y han sido condenados parlamentarios (un buen número), ministros, gobernadores, alcaldes, jueces, magistrados y expresidentes, esos si aún impunes.
En el fondo fue un terrible contagio de la ideología nazi/fascista que se incrusto en las élites del poder dominante en Colombia y que aún hoy no hemos podido erradicar. Pero viendo el raquítico mitin de unas 200 personas (muchos de ellos exmilitares) el pasado 23 de noviembre, con consignas como “No a la paz total”, “¡Fuera Petro!” y en el que estuvo María Fernanda Cabal, uno cree que el pueblo colombiano no quiere repetir esa historia.
