Hace ocho meses, Petro, cegado por su orgullo y su ambición mesiánica, ignoró la necesidad de construir consensos y lanzó, de manera abrupta, la intervención más improvisada del sistema nacional de salud. Hoy, el sistema termina de colapsar y la vida de millones de colombianos está en riesgo.
Sanitas, Compensar, la Nueva EPS y otras entidades quedaron bajo el control directo de la Superintendencia de Salud mediante estas medidas, consolidando así un alarmante monopolio público liderado por el Gobierno Nacional. El mismo que hoy sufre graves problemas de ejecución y recaudo tributario.
Hace apenas unas semanas, Luis Carlos Leal, el mismo superintendente encargado de poner en ejecución la reforma del Presidente, decidió presentar su renuncia. ¿El motivo? Una simple solicitud de Laura Sarabia, directora del DAPRE, en medio de un escándalo aún por resolverse, relacionado con el desvío de recursos de la salud hacia paraísos fiscales. Como dirían por ahí, a esa historia, le falta un pedazo. Ojalá no sea la que entierre el sistema.
La crisis financiera, acelerada por las desastrosas decisiones del Gobierno Nacional, no tardó en hacerse evidente. La falta de medicamentos, provocada por la parálisis de los principales operadores farmacéuticos del país debido al incumplimiento de pagos por parte de la Nueva EPS, fue el golpe final que terminó por reventarlos.
El retraso en la asignación de citas, procedimientos médicos y cirugías, muchos de ellos de alta complejidad, ha desbordado el sistema, disparando las peticiones, quejas, reclamos, tutelas e incluso episodios extremos como encadenamientos y huelgas de hambre dentro de las mismas IPS y EPS.
Lo ocurrido con el magisterio y los profesores de Colombia es simplemente inaceptable. El desdén y la zozobra han llegado a niveles no vistos desde 1991. No hay derecho a semejante improvisación. Para ellos, el cambio tampoco llegó.
La amenaza de cierre o suspensión de hospitales por falta de insumos, presupuesto y personal médico ya no es solo un riesgo, es una realidad. El caso del Hospital Santa Sofía en Manizales es solo la punta del iceberg. En Neiva y el Huila, la deuda a la red pública de salud supera los $845 mil millones, mientras los prometidos “giros eficientes” brillan por su ausencia.
Ahora bien, los acontecimientos recientes no deben llevarnos a pasar por alto las deficiencias del sistema que requerían una reforma, como también un régimen de transición. Asimismo, es importante no olvidar a los corruptos responsables de la crisis actual.
Segundilla: Sería bueno saber en qué y cómo se han invertido los recursos girados a las IPS territoriales para conformar equipos de atención básica en salud.
