Ya se empezó a discutir el aumento del salario mínimo para el 2025 y lo que se decida importa no solamente a casi 4 millones de colombianos sino al resto de la población, ya que como, todos saben, cualquier incremento tiene consecuencias en el mercado laboral, la distribución de ingresos, la desigualdad, la pobreza monetaria de las familias, los precios y la inflación.
Las discusiones tienen lugar en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, a la que asisten representantes del Gobierno Nacional, los empresarios y los trabajadores. El lunes pasado, por ejemplo, fueron compartidas las presentaciones técnicas del Dane, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda.
El Dane informó que el Índice de Precios al Consumidor, IPC, tuvo una variación anual del 5,2%. Por su parte, la contribución de los salarios al ingreso nacional en el 2024 ha sido del 2%.
El Banco de la República coincidió con el Dane en una inflación en el 2024 del 5,2%, y la proyectada para 2025 del 3%.
Sobre estos datos, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien ha liderado las discusiones sobre el incremento del salario mínimo, ha reflexionado: “Vamos a continuar analizando estos insumos técnicos que nos van a permitir dinamizar y fluir este diálogo tripartito. Los datos demuestran que es el menor nivel de inflación desde octubre de 2021, cuando la inflación continuaba su tendencia alcista. Si tenemos menores precios habrá un menor costo de vida para los hogares colombianos”.
Es clave traer a colación que durante los últimos tres años los incrementos del mínimo han estado por encima del 10%: 10,1% para 2022, 16% en 2023 y el actual 12% para el 2024. Los que saben de estos temas coinciden en que estos incrementos han influido negativamente en el poder adquisitivo de los colombianos.
En ese orden de ideas, es necesario que se tripliquen los esfuerzos para que el aumento del salario mínimo para el año nuevo surja de una concertación tripartita. Cualquier incremento debe estar antecedido por un amplio análisis técnico dirigido a recuperar el poder adquisitivo de los colombianos, en el entendido que esto representa mayores ingresos para los hogares y al mismo tiempo mayor demanda de bienes y servicios y más ventas para los empresarios.