La empresaria vietnamita Truong My Lan debe devolver alrededor de 11.000 millones de dólares, las tres cuartas partes de lo que se ha robado en actos de corrupción a cambio de que no la ejecuten por inyección letal.
La anciana -68 años- fue declarada culpable de tumbarse 12.300 millones de dólares del Banco Comercial de Saigón, sobornar funcionarios públicos, testaferrato y violación de normas sobre préstamos bancarios en los últimos diez años, por lo que otros 47 cómplices están enchicharronados entre ellos su marido y una sobrina,
Según la ley vietnamita, si la corrupta devuelve esa plata, el jurado puede considerar reducirle su condena y solamente castigarla con cadena perpetua pues ese gobierno sí está demostrando en la práctica estar empeñado en perseguir verdaderamente la corrupción de alto nivel en una campaña conocida como “horno ardiente” que ya está mejorando comportamientos sociales y ha logrado la detención de decenas de altos funcionarios y ejecutivos como los que en Colombia se autodenominan “gente bien” pero que comúnmente llamamos, “de cuello blanco”.
Estaba previsto que el proceso de apelación contra este corrupticidio concluyera el pasado 25 de noviembre, pero luego de que los jueces del Tribunal Superior sentenciaran que “No hay motivos para conmutar la sentencia de muerte por malversación” tras ser detenida hace dos años dentro de una investigación sobre emisión y comercialización de bonos, el pleito está suspendido ante la solicitud de su abogado de “que el tribunal le dé una oportunidad de vivir para que pueda arreglárselas para saldar la deuda” y los esfuerzos de la casi septuagenaria por conseguir el dinero.
Con voz temblorosa la corrupta le dijo al tribunal que se sentía psicológicamente perturbada por la decisión, pero este no comió cuento y solo le pidió calma y la autorizó sentarse durante el resto de la audiencia.
En Colombia no podrían aplicarse tales penas a tanto funcionario público o privado torcido básicamente por tres razones. Una, la justicia no funciona y los corruptos comprarían al por mayor costosísimos jueces y magistrados venales dispuestos a venderse. Dos, no alcanzarían las cárceles para encanastar los miles y miles de corruptos que pululan por doquier. Tres, la constitución y la ley lo prohíben expresamente, con el autoprotector respaldo de tanto congresista beneficiario de la corrupción. Eso sí, se agotaría la producción de inyecciones letales para tan descomunal raticidio porque la demanda sería de colosales proporciones.
Si se diera, comenzaría por alguna delictiva bandola de hermanos, hijastros, marido, mujer, suegros y yernos corruptos y corruptores que desde mucho antes que la vietnamita mencionada han asaltado alimentación escolar, vivienda, vías y colegios de nuestra villa.
